GINÉS JIMÉNEZ. El ex jefe de la Policía Local de Coslada, en el momento de su detención.

“¿Que cómo se puede soportar? Creciendo
con ello. Estamos acostumbrados
a las patrullas de Policía Local
haciendo trompos y carreras a lo
Starsky y Hutch”. Así de claro habla
Marco Jobesllanos, uno de los muchos
hosteleros a los que extorsionó
Ginés Jiménez Buendía, jefe de la Policía
Local de Coslada durante los últimos
22 años. Jiménez dirigía el
Bloque, una mafia integrada por 26
de los 159 agentes municipales de la
localidad, que cometían abusos de
toda índole. Ginés no sólo era respetado
y temido en las calles de Coslada:
también en algunos despachos.
Diversas fuentes explican que su
prolongada impunidad estaba relacionada
con la implicación de políticos
locales en operaciones de especulación
urbanística .

El 12 de mayo, Jiménez era enviado
a prisión acusado de extorsión,
amenazas, prevaricación, cohecho y
tenencia ilícita de armas. El número
dos de la Policía Local, Carlos M.G.,
era también encarcelado por asociación
ilícita, prostitución, abusos sexuales,
delito contra la integridad
moral, lesiones, sustracción y apropiación
indebida de efectos, droga y
dinero. Asimismo, la titular del juzgado
de instrucción nº 1 de Coslada
encarceló a otros 11 agentes que,
además de integrar dicha asociación
ilícita, obtenían servicios sexuales de
prostitutas de la localidad sin pagar.
Dos de ellos están también acusados
de haberse quedado 8000 de los
35000 euros intervenidos tras un robo
y de sustraer marihuana de los alijos
incautados. Fueron cinco prostitutas
rumanas detenidas en una operación
contra una mafia las que hicieron
saltar la liebre a principios de
mayo. Antes, irregularidades administrativas
aparte, nadie sabía nada,
aseguran en el Consistorio.

Sin embargo, Sebastián Vegas,
presidente de la Agrupación Republicana
de Coslada (ARCO), afirma que
los abusos del ex jefe de la Policía
Local y sus agentes “eran un secreto
a voces”. “Llegó de Alcantarilla (Murcia)
en el ‘86, y ya la agrupación del
PCE nos puso al corriente de su catadura
moral: ex miembro de Fuerza
Nueva, de Guerrilleros de Cristo Rey,
apaleador de demócratas y chivato
de la policía”. Afirma que ARCO es
“el único partido que ha comunicado
su oposición a Ginés”. Les ha costado
caro: en mayo de 2007, Jiménez
detuvo a un militante por repartir octavillas
y a Vegas no le dejaban entrar
en dos bares “por orden de Jiménez”,
confirma Jobesllanos. Hace
cuatro meses ARCO solicitó una reunión
con Antonio Murillo (concejal
de Seguridad y Urbanismo por la
Plataforma de la Izquierda de Coslada-
PIC) y el alcalde Ángel Viveros:
“No se dignaron a contestarnos: hubieran
tenido que posicionarse y no
querían”.

Jiménez empezó directamente como
jefe de Policía durante el mandato
de José Huélamo, alcalde de Coslada
por IU de 1983 a 1999 y actual
presidente de la PIC (escisión de IU
en la localidad). Siendo alcalde el socialista
Ángel Granados (1999-2003)
llegó a acumular cinco expedientes
administrativos (uno de ellos por instalar
en su coche patrulla un reproductor
de CD sustraído a un coche
accidentado) y fue suspendido de
empleo y sueldo durante un año. El
jefe de Policía Local recurrió ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid e incluso logró que éste le
atribuyera competencias del director
de Servicios de Seguridad con el que
estaba enfrentado. En 2003, una coalición
entre la recién creada PIC y el
PP llevó al popular Raúl López Vaquero
a la Alcaldía. Según Tomás Arcos,
de la Asociación de Vecinos Fleming,
López Vaquero “no pagó al
abogado que llevaba el proceso contra
Ginés, le repuso en el cargo y le
pagó el sueldo de la suspensión”. Así,
Ginés se libró de cumplir cuatro meses
de la sanción. Arcos recuerda que
el policía “tuvo un encontronazo con
el concejal de Seguridad del PP, Paco
Becerra. El alcalde puso a Huélamo
en lugar de Becerra” y mandó a éste
a Medio Ambiente. Además, “eliminó
la partida que había sido presupuestada
para reestructurar la Policía
Local y contratar a un subinspector,
un suboficial, un sargento y dos
cabos”. También paró “un informe
de investigación pedido por la comisión
de personal tras las continuas
quejas de los agentes”.

Complicidad política

El 16 de mayo, tras las recientes detenciones
y encarcelamientos, se
celebró un pleno municipal en el
que todos los partidos acordaron
crear una comisión de investigación
sobre la corrupción policial. El concejal
de Seguridad y Urbanismo y
portavoz de la PIC, Antonio Murillo,
anunció la creación de puestos intermedios:
ocho cabos, cuatro sargentos
y un inspector. En ARCO rechazan
que “los que han consentido
las fechorías de este delincuente se
erijan en defensores de la ética y la
moral”. Según Vegas, Jiménez tenía
“neutralizados” a los políticos
locales. Interviú afirma que el ex jefe
de policía presumía de tener fotos
de algunos de ellos con prostitutas;
de ser “el PSOE de Coslada” y
de “tener a Huélamo cogido por los
cojones”, además de tener influen-
cia sobre algunos jueces. De hecho
la Audiencia Provincial de Madrid
sobreseyó tres acusaciones de detención
ilegal contra él y las quejas
de abusos del sindicato CSI-CSIF
no prosperaron. Según varias fuentes
que prefieren mantener el anonimato,
Jiménez “vendía a 6.000 euros
el aprobado del examen de ingreso
en la Policía Municipal”. Tal
era su influencia que estaba “enfrentado
con la Nacional y había llegado
a reventarles operaciones”.

Otras fuentes que tampoco quieren
identificarse aseguran que,
además del ex alcalde Huélamo,
entre las amistades de Jiménez se
contaban los hermanos Barral, propietarios
de la inmobiliaria y constructora
del mismo nombre. Ésta
gestionó el plan de actuación urbanística
del Barrio del Puerto, aprobado
por la anterior Alcaldía socialista,
que supuso la recalificación
de suelo para la construcción de viviendas
de protección oficial.
Barral cobra “23 millones de euros
por la venta oficial y de 20 a 25 millones
en negro” por las viviendas.
Casualmente, “un número importante
de viviendas son propiedad
de policías locales” y “los hijos de
Jiménez y Huélamo tienen sendos
pisos en la zona”. En noviembre de
2006, ARCO preguntó en un pleno
“por qué se debía pagar dinero negro
por las viviendas de protección
oficial. Se hizo un silencio sepulcral
en la sala”. Según ARCO, la adjudicación
de viviendas incumple
los requisitos legales. Pero, “aunque
está más que comprobado nadie
se atreve a testificar”.

Barral se negó a comentar estos
hechos a DIAGONAL. La PIC recuerda
que “Ginés era funcionario. No se
le podía echar sin pruebas”. En cuanto
a las acusaciones contra Huélamo,
la formación anima a que “quien tenga
pruebas, que las saque”.