EL PARLAMENTO ESTUDIARÁ ESTE AÑO EL PROYECTO DE LEY
Holanda quiere cobrar 16 euros al día a los presos

La medida pretende que sean los presos los que financien el sistema penitenciario.

, Redacción
14/02/14 · 8:00
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Amsterdam. Centro penitenciario Over Amstel, en la capital holandesa.

Con una población reclusa de 87 personas presas por cada cien mil habitantes, frente a los 159 reclusos en el Estado español o los 500 en Estados Unidos, el Gobierno de los Países Bajos, formado por una coalición de los liberales-conservadores del Volkspartij voor Vrijheid en Democratie y los socialdemócratas del Partij van de Arbeid, ha decidido poner en marcha un proyecto de ley por el cual está previsto obligar a las personas presas a pagar 16 euros diarios para financiar el sistema de prisiones. Esta medida, que sigue la estela de otras tomadas en territorios como Dinamarca y Alemania, llegará al Parlamento holandés este año.

Según Johan van Opstel, portavoz del Ministerio de Justicia y del partido liberal conservador, del que parte la iniciativa, la medida tiene un doble objetivo: por un lado obligar al delincuente a asumir el coste de sus actos y, por otro lado, recortar gasto público.

Holanda se ha convertido en un país intolerante, punitivo y obsesionado con la seguridad
En 2010, el Estado holandés cerró ocho cárceles. La motivación principal era la del ahorro, pues con una infraestructura penitenciaria preparada para 14.000 personas presas, la cifra no alcanza los 12.000 reclusos. Ese mismo año, incluso se aprobó alquilar espacios en sus cárceles a Bélgica, país que se encontraba en la situación contraria. En concreto, el centro penitenciario de la ciudad fronteriza de Tilburg se utiliza en la actualidad para los reclusos provenientes de Bélgica y supone unos ingresos cercanos a 30 millones de euros al año para el Estado holandés.

El caso holandés

En la literatura criminológica internacional, Holanda es caracterizado como un país tolerante y liberal, amistoso con los extranjeros y con un clima penal suave. Hablamos con el Padre Theo Beusink, uno de los fundadores de Casa Migrante, un proyecto enmarcado en la teología de la liberación que lleva funcionando en Amsterdam desde 1961 de forma autogestionada y que ofrece asesoría legal, jurídica y social a las personas migrantes hispanohablantes, tanto en prisiones como en una open huis (casa abierta). Beusink explica a DIAGONAL que “esta nueva medida que pretende poner en marcha el Gobierno es algo que sólo puede surgir de una mente profundamente capitalista que no piensa en la reinserción de las personas presas”. Y añade Beusink: “La comunidad holandesa que prestamos apoyo a las personas presas estamos profundamente enfadados con esta medida. Tenemos que recordar que se trata de un proyecto de ley, por lo que esperamos no sea aprobado de forma definitiva”.

Vuelta al Estado punitivo

René van Swaaningen, profesor de Criminología de la Universidad Erasmus de Rotterdam, afirma que “desde principios de los 50 hasta la mitad de los 80, Holanda redujo la población penitenciaria hasta niveles ínfimos”. Según explica este profesor, en 1975 se alcanzaba el nivel más bajo con 17 presos por cada cien mil habitantes. “Se impusieron los valores de reinserción, consiguiendo en realidad el principio de que la prisión debe utilizarse como último recurso en el sistema penal”, señala.

Pero esto ha cambiado bastante y, según Swaaningen, Holanda se ha convertido en los últimos años en un país intolerante, xenófobo, punitivo y obsesionado con la seguridad. En su opinión, este giro se explica en base al trauma experimentado tras dos episodios de violencia que sacudieron a este país: Los asesinatos del líder de la ultraderecha holandesa Pim Fortuyn en 2002, y del cineasta Theo van Gogh en 2004.

En una reciente encuesta realizada en Rotterdam, el 56% de los encuestados consideraba que los grupos de jóvenes, los adictos a las drogas y los mendigos constituyen la principal molestia en el ámbito público. Se dice, incluso, que su conducta, a veces intimidatoria, constituye la mayor fuente de ansiedad de la población. Tomando como referencia esta encuesta, las autoridades locales de Rotterdam decidieron prohibir la mendicidad. Puede parecer extraño que se utilice a la policía para problemas relativamente menores, como la mendicidad, unos años después de que haya sido despenalizada en los Países Bajos, pero a juicio de Swaaningen es “una buena ilustración de la dirección en la que la política de seguridad ciudadana holandesa se ha ido moviendo”.

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