Los colectivos vecinales consideran que Interior no toma las medidas necesarias ante las quejas de abusos en el Raval.
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La muerte el pasado octubre del empresario Juan Andrés Benítez en el Raval, antiguo barrio chino barcelonés, está lejos de ser un hecho aislado. La comisaría de los Mossos d'Esquadra del Raval es el foco de las quejas en los últimos meses por las acciones abusivas de algunos de sus agentes. De sus 300 policías, 15 están imputados por haber cometido abusos. Diez por el caso Benítez, tres más por la detención del periodista del semanario Directa Bertran Cazorla y otros dos por golpear a un motorista que circulaba sin carné. Además, uno de los implicados en el caso de Cazorla está expedientado por colgar en Facebook un vídeo de la policía rusa maltratando a unos detenidos. Lo que se pone de relieve es que este hecho tan dramático es la expresión más grave de un problema recurrente y que hay un grupo enquistado de agentes que por las razones que sea han ejercido malas prácticas y “se ha ido tapando y tolerando en vez de intervenir desde arriba”, comenta Lluís Rabell, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).
Unión ante los agravios
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