Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, los anuncios del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de eliminar la actual ley del aborto para aprobar una a favor del no nacido y de la maternidad, auguraban el retorno a una regulación restrictiva y un retroceso en los derechos de las mujeres, sin embargo, ha sorprendido por su radicalidad al penalizar el aborto. Supone una vuelta al pasado, anterior incluso a la regulación de 1985, que era menos restrictiva porque permitía abortar en caso de violación, malformación fetal y grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, supuesto este último bajo el que se practicaba la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, aunque mantenía a mujeres y ginecólogos en una situación de desprotección. Con la Ley Gallardón, “abortar va a ser imposible en nuestro país”. Así de contundente se muestra Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), ante el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno, que sólo permite abortar en dos supuestos: violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre.

En el primer caso, la mujer deberá haber presentado denuncia previa ante el juez y, en el segundo, si se acoge a posibles daños psíquicos, necesitará aportar los informes de dos facultativos que lo acrediten. En el supuesto de malformación fetal incompatible con la vida, la mujer tiene que llevar su embarazo hasta el final. Francisca García tilda de “aberración” que se obligue a las mujeres a hablar de su intimidad a dos psiquiatras y advierte que tendrá consecuencias negativas, tanto para las mujeres, porque les costará encontrar quien les haga los dictámenes, como para los ginecólogos, porque habrá terceras personas que puedan denunciarlas y el castigo contempla penas de hasta tres años de cárcel y seis de inhabilitación. Gallardón se vanagloria de que esta ley no tiene “reproche penal” para las mujeres, pero según Empar Pineda, feminista y portavoz de ACAI en Madrid, en la práctica no es así. “A la mujer le cae una multa y, si no tiene dinero para pagar, las multas se suelen traducir en sentencias condenatorias de prisión. Es decir, volvemos otra vez a la inseguridad jurídica del 85 que ha llevado a que se abran procesos contra médicos y clínicas”, explica Pineda. En su opinión, esta norma nos retrotrae a otro siglo y “nos obliga a parir”, como lo indica su propio nombre: Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Una norma que elimina la educación sexual, la prevención, y sitúa a la mujer en inferioridad de derechos respecto al nasciturus, poniendo duras trabas porque, para acogerse al supuesto de peligro para la salud psíquica, tiene que demostrarse una dolencia duradera en el tiempo, es decir, “tiene que ser una patología o una enfermedad mental que, desde el punto de vista psiquiátrico, no se puede diagnosticar”, asevera Empar.

Una ley ultraconservadora

La plataforma Católicas por el Derecho a Decidir es una de las voces críticas que considera que la nueva ley es una claudicación del Gobierno ante los dictados de la Conferencia Episcopal española que representa el lado más ultra del catolicismo en el Estado español. Su portavoz, Mar Grandal, no oculta su indignación y califica la ley de “misógina, fundamentalista y anticonstitucional, dirigida a que las mujeres volvamos a ser tuteladas, que nos sitúa a la cola de Europa con leyes tan restrictivas como Polonia, Irlanda y Malta”.  Grandal entiende que Gallardón ha hecho una “interpretación torticera” de la Declaración de Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad porque, a su juicio, “la ONU habla de evitar los abortos clandestinos, de evitar la mortalidad de las mujeres, y se refiere a los discapacitados que ya están aquí, no antes de nacer”. Católicas por el Derecho a Decidir defiende que se mantenga la actual Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya aprobación fue fruto del consenso, y asegura que el 80% de los católicos y católicas estaba conforme con su contenido. Para su presidenta, es una “ley inmoral” que ha sido dictada por la Conferencia Episcopal y por los movimientos ultraconservadores, y recuerda que, aunque estaba en el programa electoral del PP, no había una demanda social para cambiar la ley actual, en vigor desde 2010. Asimismo, Mar Grandal insta a las mujeres del PP a rechazar la Ley Gallardón porque responde sólo al ala integrista de su partido, convierte el pecado en delito y, agrega, “eso no es lo que quieren los católicos de base”.

Francisca García tilda de “aberración” que se obligue a las mujeres a hablar de su intimidad a dos psiquiatras Por otro lado, Carmen Castro, creadora de la bitácora feminista singenerodedudas.com, aunque cree que la actual ley, la del 2010, tampoco es satisfactoria respecto al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, comparte que la propuesta de Gallardón tiene que ver con una posición ideológica englobada en un movimiento internacional que, en los últimos años, está realizando una ofensiva antiaborto “liderada por los grupos antielección, los mal llamados provida”. Castro sostiene que esta ley  “es un trofeo ideológico” para estos grupos y “es terrible por lo que supone, porque nos coloca con menos derechos que un embrión”. Esta posición sitúa a las mujeres en una situación de desigualdad de género, pero también de clase, porque sólo podrán acceder al aborto las que tengan dinero para solventar las trabas y pagar los gastos, al verse abocadas a hacerlo fuera del país, o en su caso, a poner en peligro su salud con abortos clandestinos.

Las consecuencias de considerar a las mujeres “como úteros, no como personas” –continúa Carmen Castro– están muy relacionadas con la imposición del modelo de familia tradicional que el sector más ultraconservador del Partido Popular defiende y, según esta economista feminista, viene de la mano de otras medidas aprobadas por el Gobierno que pretenden relegar a las mujeres exclusivamente a las tareas reproductivas.