Ley de seguridad ciudadana
Porque sólo la lucha hace justicia

La comisión de legal de la acampada de Sol analiza el anteproyecto y su relación con el Código Penal.

13/12/13 · 8:00
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Las personas migrantes se verán afectadas por la ley de seguridad ciudadana.

El Partido Popular pretende aprobar la modificación de la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana durante el próximo año, en el marco de un proyecto de reforma y adaptación de los principales canales legislativos por los que el Estado ejerce el poder coercitivo. Aunque a lo largo de dos años de legislatura hemos asistido a un recrudecimiento de la práctica represiva de la protesta mediante la aplicación encarnizada de la legislación vigente, este anuncio no hace sino constatar la insuficiencia de las herramientas existentes para poner freno a la intensa movilización social de los últimos tiempos.

No podemos dejar de alegrarnos por las numerosas protestas que ha suscitado este anuncio de reforma, pese a que constatamos con cierto estupor el relativo silencio comparativo que generó hace ya un año el anuncio de reforma del Código Penal –cuyo proyecto se encuentra en las últimas etapas de tramitación parlamentaria–, en la medida en que resulta imposible entender una medida separada de la otra.

El poder Ejecutivo, consciente de que en la actualidad el proceso penal tiene mayores garantías y más independencia que el proceso administrativo, elimina del Código Penal algunos contenidos, que pasan a ser competencia de la Administración, atribuyéndose materias que hasta hoy han sido propias del poder judicial. Bajo esta lógica, las claves de la apuesta por la sanción estriban en su alta capacidad de repercusión sobre población precarizada (basta constatar el impacto que han tenido las sanciones de 300 euros por desórdenes o desobediencia, impuestas con la ley vigente); su invisibilidad (la sanción se envía a tu casa); su individualidad (afecta a tu patrimonio) y la falta de garantías procesales.

En torno al borrador, destaca la tendencia a la legislación ad hoc, penalizando actuaciones adscribibles a movimientos sociales, motivo por el que la reforma ha sido denominada también “Ley Anti15M”. Varios son los elementos que nos preocupan. La criminalización a la que quiere someterse, no sólo a los movimientos sociales, sino a determinados colectivos, como el de las prostitutas o el de los migrantes; la sobre protección de la que se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fomentando y protegiendo la ya muy practicada arbitrariedad de sus acciones y, sobre todo, el cerco que se establece alrededor de las prácticas que realizamos en la calle: debatir, construir colectivamente, tomar partido en los asuntos políticos que nos afectan.

Parece ser que las instituciones públicas encargadas de la redacción de la presente ley han obviado que los mencionados en el anteproyecto “fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas”, presupuesto que justifica buena parte del articulado, no son actos impersonales, como si de un fenómeno metereológico se tratase, sino acciones de colectivos que engloban a buena parte de esas mismas ciudadanas a las que, supuestamente, tanto ellos como la Ley de Seguridad Ciudadana tienen la misión de proteger.

Asistimos, así, a una respuesta desesperada de los poderes públicos por renovar la base legal del sistema represor del Estado. Cabe, pues, interpretarlo en clave propositiva, en la medida en que nunca antes un gobierno se vio obligado a evidenciar de esta manera las bases antidemocráticas de su gestión, su nula capacidad de diálogo con la ciudadanía.

Ninguna de estas actuaciones por parte del gobierno pueden ser admitidas con resignación. Tenemos, en esta conjunta reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, un claro mensaje de derrota por parte de las estrategias hasta ahora seguidas por el Gobierno: ni la distinción en “manifestantes buenos y malos”, ni la censura a la que estamos sometidos, ni mucho menos la campaña de descrédito que han intentado urdir contra nosotros; nada de esto ha sido suficiente para reducir nuestras fuerzas, por lo que han tenido que cambiar las reglas del juego.

Ahora toca desenfundar nuevas armas; caretas fuera. Toca inventar nuevos repertorios, “burorresistir” ante la burorepresión, programar, continuar en las calles. Es ahora cuando debemos organizarnos y parar este infame anteproyecto de Ley, y es ahora cuando debemos empezar a prepararnos para desobedecerlo en caso de que resultara finalmente aprobado.

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