Desde que el miércoles 13 de noviembre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciase que desde su ministerio se estaba trabajando en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) hasta el pasado viernes 29 de noviembre, cuando el anteproyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros, el debate sobre la legitimidad, lo oportuno y el sentido de esta reforma se ha extendido tanto por las páginas de los medios de comunicación como por los diferentes foros de debate en la red. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la nueva LSC pasará a ser tramitada en el Parlamento, donde presumiblemente no sufra demasiadas modificaciones y será aprobada con facilidad gracias a la mayoría absoluta del PP.

La reforma de esta ley vendría a sustituir a la que fue conocida como “Ley Corcuera”, vigente desde febrero de 1992 y cuya reforma por parte del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales dos apartados de la ley, costó el puesto al socialista José Luis Corcuera, quien presentó su dimisión como ministro de Interior en noviembre de 1993, tras cinco años en el cargo.

¿A qué responde la necesidad por parte del Ministerio de Interior de realizar este cambio de la normativa? Si acudimos a los datos publicados por el CIS en su barómetro del pasado mes de octubre, vemos cómo ante la pregunta “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?” la primera preocupación de la población encuestada es el paro, con un 53,4% de respuestas, seguido por los problemas de índole económica, con un 12,3%, y los partidos y la política, con un 12%. La inseguridad ciudadana aparece en uno de los últimos lugares con tan sólo el 0,1% de las respuestas. Teniendo en cuenta estos datos, no parece que la modificación de la ley responda a la presión social, sino a una preocupación gubernamental.

Hibai Arbide, abogado especialista en movimientos sociales, comenta a DIAGONAL: “Lo primero a tener en cuenta es la hipernormativización que busca el texto. Esto responde en gran medida a los nuevos repertorios que pone en marcha el 15M. En este sentido, lo que se ha venido a llamar el ‘desborde’ o los escraches, no tenía una tipificación propia en el ordenamiento jurídico vigente”. Respecto al análisis de la situación actual, Arbide comenta que “la izquierda explica lo que está pasando como una vuelta al Franquismo porque su imaginario no sabe identificar las características del nuevo autoritarismo; esto sucede debido a que, ante la falta de análisis con nuevos referentes, tiramos de memoria. Un análisis que sólo nos remite al pasado nos conducirá a soluciones caducas”.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, declaraba en una reciente entrevista: “Hay una figura doctrinal que se llama el Derecho Penal del Enemigo, que es algo que parece se está trasladando a la Administración, es decir, el ciudadano que protesta parece como si fuese el enemigo. Y no estamos en ninguna guerra, estamos en una sociedad plural en la cual la gente tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones sin verse castigada con una multa”. Sobre este mismo concepto, Ignacio Trillo y Eric Sanz de Bremond comentaban en el blog de DIAGONAL, La conquista del derecho que “esta concepción del Derecho Penal busca castigar, más que lo que haces, lo que puedes llegar a hacer en base a quien eres, o, mejor dicho, a quien el Estado considera que eres”.

En manos de la Administración

Como lleva días predicando el ministro de Interior, la reforma del Código Penal implica tener que reformar la LSC, al desaparecer las faltas, que en unos casos se convierten en delitos leves y en otros pasan a ser sanciones administrativas. Se busca, así, penar lo que antes no era delito y sancionar por lo que un juez no condenaba, poniendo directamente en manos de la Administración una gran parte de la represión; la menos visible, la más efectiva.

La Comisión de Interior del Parlamento estudiará el informe el próximo 10 de diciembre. Después, el proyecto de ley será llevado al Senado. Si la Cámara Alta aprueba algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a otra votación. Pero si el Senado da el visto bueno, la LSC estará publicada en el BOE en un plazo de dos meses. A partir de este momento las reclamaciones legales por considerar algunos aspectos de la ley de carácter inconstitucional podrán ser presentados, pero hasta que el Tribunal Constitucional no falle sobre estas demandas, la ley se podrá aplicar con toda su crudeza. Este proceso de resolución puede durar alrededor de un año.