Con toda probabilidad el próximo viernes se aprobara en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que vendría a sustituir a la conocida como Ley Corcuera vigente desde febrero de 1992. El nuevo proyecto de ley consta de 55 artículos y recoge numerosas modificaciones respecto a la ley anterior, entre las que destacan aquellas que vendrían a castigar los nuevos repertorios de acción colectiva surgidos al calor de las movilizaciones posteriores al 15M. En este sentido se trata como infracciones muy graves, multadas con entre 30.001 y 600.000 euros, la grabación de la policía durante el ejercicio de sus funciones, las concentraciones no comunicadas antes instituciones del Estado (Congreso, Senado, parlamentos autonómicos...) o los escraches.

Serán consideradas infracciones graves multadas con entre 1.001 a 30.000 euros, alteración del orden publico, injurias a los agentes de las fuerzas de seguridad, el cultivo de marihuana, el botellón, el daño de mobiliario publico entre otras acciones.

En conversación telefónica, un miembro del colectivo Red Jurídica ha declarado a DIAGONAL que "la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está planteando puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal, dado que hay más gente expuesta a ella y las multas que se impondrán carecen de control judicial a priori. Es decir, si quieres que un juez revise la legalidad de tu sanción, al ser llevadas a través de lo contencioso-administrativo, se tendrán que pagar las tasas judiciales correspondientes, con las nuevas y abusivas tarifas que conocemos". Así mismo, "como van a suprimir las faltas muchas de ellas pasan a infracción administrativa, multas que se imponen desde la Delegación del Gobierno, por lo que como comentaba antes carecen de control judicial".

Desde Red Jurídica explican que "aunque no se conoce el texto definitivo, es obvio que se ha hecho una ley ex profeso contra las protestas sociales que tan críticas han sido con el Gobierno.  Todo indica que el texto va a suponer un ataque directo a las libertades públicas y a derechos fundamentales tales como la libertad de expresión o la libertad de reunión y manifestación. Parece que de aprobarse el texto los movimientos sociales deberían elevar la cuestión a los tribunales para que éstos declaren y sancionen esta evidente extralimitación del Gobierno."