Tras dos años de camino, el proceso de paz obtiene en la Comunidad Autónoma Vasca una valoración social de 5,05 sobre 10, según datos del Observatorio Social de Lokarri. La paz, que avanza en una compleja combinación de gestos unilaterales –por parte de la izquierda abertzale y el poder judicial– y un tremendo esfuerzo social para dar pasos en la convivencia, ha bajado de nota hasta encontrase en los niveles de 2010, frente al 7,76 obtenido en el otoño de la Conferencia de Paz Internacional de Aiete y el anuncio de ETA.

Los motivos son múltiples. De un lado, buena parte de la población espera un desarme de ETA, hecho mejor valorado “para la consolidación de la paz y la convivencia” por vascos y vascas, que lo califican con un 8 en el último Sociómetro (marzo de 2013) elaborado por el Gabinete de Prospección Socio­lógica del Gobierno Vasco. De otro, se denuncia la falta de acuerdos entre partidos y, sobre todo, la inacción, cuando no una activa oposición, del Gobierno de España que, temeroso de los efectos que podría tener cualquier movimiento en su electorado, no sólo no mueve ficha en temas considerados fundamentales, sino que sigue dando expectativas sobre ese final de “vencedores y vencidos” que las facciones más reaccionarias de la sociedad española reclaman. La misma tónica inmovilista opera en el Estado francés.

Víctimas sin revanchismo

"Respeto el dolor de todas las víctimas, pero para nosotros el único alivio es pensar que pondremos los medios para que nuestros hijos e hijas no tengan que vivir lo que vivimos. No tenemos ningún ánimo de venganza”. Habla Elena Bartolomé, viuda del diputado de HB asesinado por los GAL Josu Muguruza. El preso del GAL que saldría por la revocación de Parot, según dijo el Gobierno a Estrasburgo –mintiendo– , Miquel Gutiérrez, lleva en tercer grado desde 2002, muestra del trato asimétrico que tiene la violencia del Estado. Bartolomé forma parte de Egiaren Zor, iniciativa de familiares de víctimas que “no quiere condicionar el proceso”. Una de tantas voces que no se escuchan habitualmente en los medios, de ese 77% de la sociedad vasca que según el Eusko­barómetro cree que en un buen final del conflicto “no debe haber vencedores y vencidos”.

En la misma línea, para Mai­xabel Lasa, viuda del socialista Juan María Jauregi, asesinado por ETA, “no hay vencedores y vencidos. Si alguien ha ganado, en todo caso, ha sido la democracia”. La visión de Lasa sobre el papel de las víctimas coincide, pese a las diferencias en otras cuestiones, con los postulados de Egiaren Zor, al distinguir el plano humano y el político. Para Lasa, “en un Estado de derecho, la justicia no se puede hacer a la carta, y las víctimas, por supuesto, ni juzgamos ni hacemos las leyes”.

Txema Urquijo, asesor de la Dirección de Víctimas del Terro­rismo del Gobierno Vasco, apunta al concepto de “mayoría silenciosa”
para referirse a un buen número de víctimas que “expresan su dolor”, pero “anteponen el respeto al funcionamiento ordinario del Estado de derecho, y lo acatan sin ese tipo de reacciones furibundas de reprochar a un Gobierno u otro, y sin entrar en esos análisis, que son mucho más políticos”. Se refiere, por ejemplo, a la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, que acató la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y se desmarca del lema de la AVT, “Justicia para un final con vencedores y vencidos”. Su presidente, Joaquín Vidal, herido por una carta bomba enviada en 1991 al director de la prisión de Sevilla, donde era funcionario, subraya que “todas las opiniones son legítimas” porque “el dolor es muy grande”, pero que su línea es “estar dentro del Estado de derecho”.

Pernando Barrena, portavoz de Sortu, señala que en el proceso de reflexión llevado a cabo en la izquierda abertzale, tuvieron la oportunidad de conocer a víctimas de ETA que tuvieron la “generosidad” de dialogar, y “les consta” que “muchas no se sienten representadas” por el mensaje de la AVT “que evoca el esquema del 36, la posguerra y el franquismo”. Por su parte, las propias derechas se enfrentan en la AVT, cuyos objetivos van más allá de “socorrer a todas las víctimas”.

Pasos hacia la convivencia

“No nos identificamos con las definiciones que se utilizan para describirnos ni nos gusta cómo se habla de nuestra realidad plural y diversa”, señalaba el manifiesto de la Iniciativa Glencree, experiencia restaurativa de encuentros entre víctimas de ETA, los GAL, el Batallón Vasco Español y la Policía o la Guardia Civil, que se reunieron en secreto de 2007 a 2010. Cada vez hay más experiencias de encuentro, fundamentales para la convivencia, como la mostrada en el documental Hablan los ojos, de Gorka Espiau, en el que diversas víctimas dialogan dando muestras de la inmensa capacidad de empatía del ser humano.

La propia Lasa se encontró en 2011 con uno de los asesinos de su marido, Luis Carrasco, preso perteneciente a la denominada “vía Nanclares”. Aceptó la propuesta siendo escéptica sobre el efecto que ésta podía tener en lo personal, pero hizo el esfuerzo pensando en la convivencia futura. “Salí del encuentro más tranquila, relajada”, explica. Siente satisfacción “dentro de lo que cabe” al saber que dos de las tres personas del comando que mató a su marido sienten arrepentimiento, pues otro de ellos le escribió una carta que califica de “impresionante”, aunque no pudo reunirse con él debido a que el PP ha interrumpido estas experiencias, que comenzaron en la etapa PSOE. Lasa, sensibilizada con la situación de las personas presas, pide que cuando salgan debido al fallo contra Parot “no hagan alardes, sean sensibles y responsables, y tengan en cuenta el momento que vivimos”.
Es ingente el trabajo por hacer para convivir con una dramática contabilidad del dolor en el conflicto, que va de las 829 personas asesinadas, multitud de heridas y 79 secuestradas por ETA, a las 474 a manos de los aparatos del Estado –oficiales o “paraofi­ciales”– según datos de la Fun­dación Euskal Memoria, y el número, no cuantificado, de personas torturadas.

Presos y presas, pieza clave

La inacción del Estado español se acusa en la ausencia de pasos relativos a la situación de excepción de las más de 600 presos relacionadas con el conflicto, un colectivo que incluye desde miembros de ETA, pasando por figuras clave para llegar a la paz como Arnaldo Otegi –que lleva ya en prisión cuatro de los seis años por los que fue condenado–, a condenados por actividades políticas y la doctrina del “todo es ETA”, aún vigente como se ha evidenciado en la operación contra Herrira.

El fin de la doctrina Parot y de la excepcionalidad con que se le aplica el tratamiento penitenciario, incluidas la dispersión y la excarcelación de personas gravemente enfermas, son fundamentales para el colectivo de presos, el EPPK. Por su parte, un 75% de la ciudadanía vasca piensa, según indica el Euskobarómetro, que se debe trabajar en la reinserción, y el 70% dice estar muy o bastante de acuerdo con la reinserción y el acercamiento según el Soció­metro vasco. La “vía Nanclares”, auspiciada por el PSOE y que supuso que una treintena de presos optaran por soluciones individuales saliendo del EPPK, ha quedado en vía muerta con el PP, a cuya propuesta de soluciones “individualizadas” ningún preso se ha acogido. El colectivo de presos ha reconocido el “múltiple dolor generado” y se ha adherido a la estrategia política de la izquierda abertzale, pero son críticos con la exigencia de “arrepentimiento” para aplicar los beneficios penitenciarios.