La Red de Resistencia y Respuesta a las Violencias Machistas, surgida, entre otros motivos, para dar visibilidad a casos como éste, lanzaba la alerta: ayer martes 22 de octubre, a las 14h, una pareja de policías de paisano se presentaba en el colegio de R., de 10 años de edad, para llevársela al juzgado de Colmenar Viejo y trasladarla junto a su padre.

El traslado forzoso es resultado de la sentencia que el pasado 15 de julio emitía el juzgado número 4 de Colmenar Viejo, cuya titular es Cristina Villa Cuesta, por la que entregaba la guardia y custodia al padre de la menor, haciendo oídos sordos a las denuncias por abusos sexuales presentadas, que estaban refrendadas por partes médicos desde que la menor tenía tres años. La sentencia incluía la prohibición expresa de que la niña no se relacionase con el entorno materno y no fija un régimen de visitas con la madre durante tres meses, basándose en el supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), y separándola de su hermano de 5 años, medida ésta que contraviene las recomendaciones internacionales de salud en la infancia, ya que rompe el vínculo afectivo con su hermano.A la hora de dictar sentencia, la jueza aceptó el informe presentado por la psicóloga Isabel Mª Tagle [El País], sancionada posteriormente por falta muy grave por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

“El caso es una radiografía de cómo se utiliza el Síndrome de Alienación Parental como estrategia de violencia patriarcal dentro del ámbito judicial”, denuncian desde la Red de Resistencia y Respuesta, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial señale que dicho síndrome no se puede utilizar en casos de violencia de género por carecer de entidad científica.

Fátima Urzanqui, de la Red, explica a DIAGONAL que “se han interpuesto cuatro querellas a esta jueza, que han llevado a la apertura de tres diligencias por prevaricación dolosa y obstrucción a la justicia. Además, se ha solicitado la nulidad del procedimiento, por el cual esta jueza quedaría inhabilitada para poder ser ella quien ejecute sentencias”. En paralelo, se ha elevado una demanda ante el tribunal de Estrasburgo, para la protección de la menor, que ha sido apoyada por organizaciones como Women's Link, Save the Children o Amnistía Internacional. Desde el colectivo también denuncian que a la madre no se le han notificado la ejecución de la sentencia.

Activistas de la Red se han movilizado para intentar llegar al juzgado e impedir que saliese el coche que trasladaba a la niña. “En el juzgado se han negado a facilitar ningún documento ni al abogado ni a la madre”, denunciaban desde el colectivo, y la fuerte presencia de guardia civil evitó que las personas que se concentraban pudiesen conseguir detener el traslado. Se desconoce el paradero de la menor, puesto que no hay constancia del domicilio del padre.