“Alguna compensación mereceré por currar en esta caja de ratas. No se saca una oposición, ni se pasa un año chupando frío en Ávila, para estar poniendo a raya a moros, negros y sudacas. Joder, que esto no fue una protectora de animales porque no reunía las condiciones mínimas. Que es inhabitable. Así que, sí, algunas noches nos pegamos la juerga. Unas botellitas de ron y se ponen to cachondas. En el fondo, bien que les gusta. Les hacemos un favor. Total, no tienen otra cosa qué hacer. Todo el día mano sobre mano, esperando la expulsión o quedar en la calle. Una alegría, coño, no le viene mal a nadie. Y hablando se entiende la gente. Que luego nosotros bien que nos enrollamos. Que no tendríamos por qué darles tabaco, ni dejarles usar un poco el móvil, ni salir un ratito de las celdas. Y allá la que se ponga farruca, que ya se llevará lo suyo. Que lo que pasa en Capuchinos, en Capuchinos se queda”.

Si lo anterior es mera ficción, o una aproximación a lo sucedido en el verano de 2006 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, es lo que decidirá la Audiencia Provincial de esta ciudad, cuando ponga fin al juicio cuya vista oral se debería haber iniciado hoy, 8 de octubre de 2013. Cinco agentes de la Policía Nacional, destinados por entonces en el centro, se enfrentan a un total de 27 años de prisión por delitos de abuso sexual. La fiscalía considera probado que, aprovechando el turno de noche, los policías organizaban fiestas en las que, amparados en su posición de autoridad, habrían intentado y, en algún caso logrado, mantener relaciones sexuales completas con las internas.

El CIE de Málaga fue clausurado el pasado mes de junio de 2012. Pero aún quedan otros siete en territorio español. Siete centros donde, por el hecho de no haber conseguido o no tener ya papeles, se materializa el castigo más duro que el ordenamiento prevé, la privación de libertad. Castigo que en demasiadas ocasiones los órganos jurisdiccionales no dictarían si tuviesen en cuenta la excepcionalidad con que debería adoptarse la medida. Siete vergonzosos centros donde la falta de delimitación y control del poder que detenta la Policía propicia la vulneración sistemática y flagrante de derechos humanos.

La calculada opacidad que rodea a estos siniestros lugares no ha conseguido evitar que numerosos colectivos denuncien una y otra vez las condiciones en que se desarrolla su existencia. De ahí que indigne que hechos como los que se enjuiciarán a partir de hoy puedan haber tenido lugar. Y de ahí, que de esos hechos deba responsabilizarse también a quienes nada han hecho para evitar que con semejantes ingredientes pueda cocinarse tan indigesto plato. Los poderes públicos vienen incumpliendo su deber de velar por la efectividad de los derechos de las personas internadas en los CIEs. Han ignorado su obligación de paliar la especial vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, más acusada aún en el caso de las mujeres. Han mostrado un nulo interés en dotar a estos lugares de una regulación verdaderamente garantista. Antes al contrario, han presentado un proyecto de Reglamento que no sólo empeora la situación, sino que, además, pretende cambiar el nombre a estos centros, en un burda maniobra para tratar de volver a invisibilizarlos. Pero no es una regulación lo que permitirá acabar con la ignominia. A la luz de la probada ineficacia de la medida (el internamiento) en relación con el fin que declara perseguir (la expulsión, que sólo se produce en la mitad de los casos), sólo cabe exigir, una vez más, y con la firmeza de siempre, y aún redoblada, el cierre inmediato de estos abyectos establecimientos.