18 activistas detenidos bajo la acusación de enaltecimiento y financiación del terrorismo
La operación contra Herrira desata la indignación en el País Vasco

Organizaciones sociales y políticas vascas convocan una manifestación el sábado en Bilbao contra la detención de 18 activistas de la organización propresos y a favor del fin de la dispersión.

01/10/13 · 17:06

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La operación de la Guardia Civil por la que se detuvo el lunes a 18 integrantes de la asociación propresos vascos Herrira ha tomado por sorpresa al conjunto de organizaciones políticas y sociales vascas. Tanto por su amplitud -trece horas llegó a durar el registro de la sede de la organización en Hernani, una de las cuatro sedes en las que irrumpieron los agentes del instituto armado- como por sus posibles consecuencias represivas: las detenciones han sido ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, órgano que ya ha ilegalizado en dos ocasiones a dos organizaciones de presos políticos vascos bajo la acusación de colaborar con ETA.

La reacción de una buena parte del ámbito político y asociativo vasco, y de la mayoría del ámbito sindical, ha sido inmediata. A las concentraciones producidas frente a las sedes de Herrira a lo largo del lunes, saldadas con fuertes cargas de la Etrzaintza en Hernani, le ha seguido una rueda de prensa y concentración en Bilbao la mañana del martes. Representantes de las distintas agrupaciones políticas de la izquierda abertzale, así como de otras organizaciones de izquierdas, han convocado a una manifestación que partirá el sábado a las 17.30 de la plaza de la Casilla. Los participantes han destacado la aportación de Herrira al proceso de paz vasco: “es una organización bien conocida en nuestro pueblo; actúa abiertamente; se relaciona y busca la colaboración con infinidad de organizaciones sociales y políticas de nuestro entorno”.

Además de los convocantes de la manifestación, representantes de otras fuerzas políticas han expresado reservas hacia la operación iniciada el lunes. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka (PNV), ha calificado el operativo de “paso atrás” y ha pedido al Gobierno español que apueste por “una política de Estado para la paz”. Por otro lado, el PSE ha pedido a la Justicia que "actúe con la máxima celeridad posible y no dilate en el tiempo el establecimiento de las responsabilidades que puedan imputarse o no a los detenidos", lo más parecido a un distanciamiento de la operación en un comunicado que sigue dejando todo el peso del conflicto en el lado de ETA: operaciones como la ejecutada contra Herrira, señalan, “no tendrían sentido si ETA declarase su disolución definitiva y desapareciese de nuestras vidas”.

Desde su fundación en febrero de 2012, Herrira asume distintas líneas de trabajo que, tanto por necesidad organizativa, como por el peso de las ilegalizaciones, habían correspondido a diferentes organizaciones de presos y familiares. Así, las tareas logísticas y de apoyo mutuo que desarrollaba Senideak, formada fundamentalmente por familiares de presos y dedicada a la atención de necesidades básicas como el alojamiento o los viajes conjuntos para desplazamientos que pueden suponer centenares de kilómetros. Por otro lado, la labor de lobby político y judicial en torno a cuestiones como la excarcelación de presos enfermos, la petición de libertad condicional para aquellos que ya han cumplido su condena o la repatriación a cárceles situadas en territorio vasco. Uno de estas intervenciones llegó a sentar, como recuerda Ramón Sola en Naiz.info, al magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, en la misma mesa que Jon Garai, portavoz de la organización detenido en la operación del lunes. Discutieron allí sobre la llamada doctrina Parot, uno de los principales ejes de denuncia de Herrira ya puesto en la picota por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una decisión recurrida por el Gobierno español.

Trece años de ilegalizaciones

31 de octubre de 2001: El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena la detención de militantes de Gestoras Pro Amnistía, así como el bloqueo de las cuentas de la organización, bajo la acusación de pertenecer al entramado de ETA.

17 de diciembre de 2001: Gestoras y Koordinaketa, su homóloga en territorio francés, acuerdan unirse para formar Askatasuna.

19 de diciembre de 2011: Garzón declara ilegal de forma provisional a las Gestoras pro Amnistía.

5 de febrero de 2002: Garzón ilegaliza Askatasuna

17 de septiembre de 2008: La Audiencia Nacional ratifica la ilegalización de Gestoras y de Askatasuna y condena a 21 miembros de Gestoras a penas de entre 8 y 10 años de prisión por pertenencia a banda terrorista.

Febrero de 2012: Se presenta Herrira como estructura organizativa que unifica los distintos grupos de apoyo mutuo entre familiares de presos o de denuncia política.

10 de junio de 2012: Askatasuna emite una declaración de disolución tras el anuncio del alto el fuego definitivo por parte de ETA.

10 de julio de 2012: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la conocida como doctrina Parot, que permite en la práctica la cadena perpetua y fue establecida por el Tribunal Supremo español en una sentencia del año 2006, viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

12 de enero de 2013: Multitudinaria marcha en Bilbao, convocada por Herrira, por la repatriación de los presos políticos vascos y la exigencia de soluciones políticas a los Gobiernos español y francés.

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