FRANCIA: AYUNTAMIENTOS SOLIDARIOS INTENTAN FRENAR LAS EXPULSIONES DE FAMILIAS
2006, un año de medidas restrictivas en la inmigración

Las duras medidas del actual ministro del Interior francés no sólo han puesto otra vez
la inmigración en el centro de los debates sino que también han hecho aparecer
asociaciones y redes de acción para defender los derechos de los inmigrantes.

04/01/07 · 0:00
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PROHIBIDAS LAS DEPORTACIONES. Cartel exhibido durante la manifestación
del 25 de noviembre en París. / Beatriz Ortiz

La situación de los inmigrantes
siempre ha tenido un notable protagonismo
en la actualidad francesa.
A lo largo de 2006 el actual ministro
del Interior y candidato a las
elecciones presidenciales de la próxima
primavera, Nicolas Sarkozy,
ha ido desgranando medidas y reformas
legislativas polémicas.

A principios del año pasado, la
reforma del Código de Entrada y de
Estancia de los Extranjeros y del
Derecho al Asilo (CESEDA) propuesta
por Sarkozy endurecía las
condiciones del derecho de estancia
en Francia para los inmigrantes
y reabría el debate sobre la inmigración.
Poco antes, los tres incendios
que se sucedieron en abril y
agosto de 2005, en los que perdieron
la vida 48 personas -18 de ellas
menores y la mayoría inmigrantes-
habían hecho pública la situación
del alojamiento social en París y las
condiciones de insalubridad en las
que vivían los inmigrantes. A pesar
del impacto que estos sucesos generaron
en la sociedad francesa la
respuesta fue dura: el desalojo sistemático
de inmuebles ocupados
para evitar más incendios y el endurecimiento
de las leyes de inmigración
(CESEDA). A estas medidas
se sumaban, el pasado 13 de
junio, las instrucciones detalladas
en una circular dirigida a todas las
prefecturas francesas con respecto
a las familias de inmigrantes en situación
irregular y con hijos escolarizados.
El proceso de reformas legislativas
culminaba pocos días
después, el 20 de julio, con la adopción
definitiva por el Parlamento
francés del proyecto de ley de inmigración,
presentado por Sarkozy,
que establece una inmigración escogida
“y no sufrida” en palabras
del responsable de Interior galo.

Desde el 13 de junio las opciones
de las familias inmigrantes en situación
irregular son más difíciles:
pueden acogerse a una repatriación
voluntaria acompañada de una
ayuda económica o someterse a un
examen sobre su situación familiar
como requisito para el permiso de
residencia. Para ‘aprobar’ este examen
las familias deben cumplir seis
criterios -entre ellos que el niño haya
cortado su relación con el país
de origen o que la familia tenga una
voluntad real de integración-, y luego
la Administración les puede conceder
el permiso “a título personal
y humanitario”, como indicaba la
circular. Legalmente los menores
no pueden ser expulsados solos, ni
tampoco si están escolarizados y
recibiendo clase, por ello la época
estival facilitaba la expulsión masiva
de menores y sus familias.

Frente a ello, las familias con
riesgo de ser expulsadas pidieron
apoyo y solidaridad en los centros
educativos y surgieron iniciativas
como la de la Red de Educación Sin
Fronteras, a la que se unieron otras
ya existentes como la asociación
Unidos Contra la Inmigración
Desechable y numerosos centros
de educación y ayuntamientos de
toda Francia. Medidas como el
“apadrinamiento republicano” -acto
oficial llevado a cabo por los
ayuntamientos solidarios con las
familias sin papeles a través del
cual estas personas quedan bajo la
protección de los concejales y de
las familias que las apadrinan y las
acogen en sus casas- se sumaron a
acciones y manifestaciones que
continúan en la actualidad.
El principio del verano supuso
también la expulsión de mil personas

 la mayoría de origen africano
y sinpapeles- que ocupaban un
gimnasio en Cachan, en el Ayuntamiento
de Seine-et-Marne en la
banlieue de París. La situación del
alojamiento de las familias sin papeles
en la capital gala es preocupante
dada la gran demanda, la poca
oferta y el gran número de alojamientos
vacíos -12.000 según el
Ayuntamiento, 40.000 según el
Comité de Derecho al Alojamiento
(DAL)-. Por ello, las reivindicaciones
se centran en el cumplimiento
de la Ley de Requisición -Loi de réquisition-
que entró en vigor el 11
de octubre de 1945, y que permite
requisar las viviendas deshabitadas
durante un tiempo determinado para
acoger a familias que lo necesiten.

Como reivindicación y respuesta
a las expulsiones masivas y el incumplimiento
de las leyes sobre el
alojamiento, el DAL organiza actos
colectivos que consisten en la ocupación
con carácter simbólico de
edificios para así dar temporalmente
alojamiento a familias.

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