La Justicia catalana inicia una huelga indefinida a partir de hoy jueves, un hecho histórico si se tiene en cuenta la tradición de pactos que arrastran los sindicatos de la función pública. Convocada formalmente por los principales sindicatos del sector (UGT, CC OO, STAJ y CSIF), la huelga ha sido impulsada por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciutat de la Justicia, un espacio autogestionado que desde hace cerca de dos años ensaya formas de lucha más combativas y creativas. El paro ha empezado con una manifestación de 500 personas que ha recorrido el tramo comprendido entre el Departamento de Justicia y el de Gobernación. Los sindicatos, que han convocado para el viernes una nueva concentración en el Departamento de Justicia a las 10.30h, hablan de un amplio seguimiento cercano al 70%, mientras que el Gobierno de la Generalitat reduce la cifra al 6%.

Antes de iniciar el paro, ya se habían recogido 80.000 euros para la caja de resistencia, que permitirá que 100 trabajadoras resistan, como mínimo, un mes de huelga. Aun así, las 7.500 trabajadoras de la Administración de Justicia de Cataluña están llamadas a la huelga indefinida y las plataformas convocantes esperan que sea especialmente masiva entre el personal de los juzgados de Barcelona. La iniciativa cuenta con la solidaridad de secretarias judiciales, fiscales e, incluso, de algunos jueces y juezas.

Defender el sueldo y los derechos

La huelga indefinida nace con el objetivo de parar la enésima oleada de recortes –en personal, derechos y sueldos– de los gobiernos de la Generalitat y el Estado español, pero también para reclamar una justicia independiente de los poderes políticos y financieros. “Somos los funcionarios de Justicia que menos cobramos de todo el Estado español por decisión de la Generalitat, que nos ha recortado los complementos del sueldo base (que paga el Ministerio de Justicia español)”, se queja Irina Pérez, una de las trabajadoras más activas en la organización de la huelga. Además, como el resto de
personal de la administración catalana, han visto suprimida la decimocuarta paga y han perdido derechos relativos a los días de vacaciones y de asuntos propios.

En cuanto al modelo de Justicia, la huelga pretende parar la privatización del Registro Civil que hay en marcha. “Quieren que las bodas civiles, los divorcios y las separaciones de mutuo acuerdo, las puedan hacer los notarios y quieren regalar el resto del Registro Civil a los registradores de la propiedad, que inscriben el registro de las fincas y los embargos”, denuncia Pérez. El sector inmobiliario, pues, podría acabar gestionando datos básicos de la gente y las personas que no tengan dinero no podrán registrar sus hijos e hijas.
La huelga también pretende parar la privatización del Registro Civil que hay en marcha
Las huelguistas, pues, también quieren combatir el modelo de Justicia para quien la pueda pagar. Otra medida en marcha del ministerio de Justicia, comandado por el conservador Alberto Ruiz-Gallardón, es que la instrucción de un caso irá a cargo del fiscal en vez del juez. Según Irina Pérez, “esto deja la instrucción de todos los casos en manos del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno”. Si el fiscal, además de formular una acusación, se hace cargo de la instrucción, significa que no habrá ninguna institución independiente que investigue.

Finalmente, las huelguistas apuntan contra la privatización de los actos de comunicación, que quedarían en manos de la procuradora pagada por la parte demandante: ¿adiós a las comitivas judiciales? “Por suerte, parece ser que los desahucios quedan al margen... de momento”, explica Pérez. Aún así, denuncian, la Justicia continúa avanzando hacia un modelo basado únicamente en la coacción.

Una huelga histórica

La idea de la huelga indefinida se planteó al final de una concentración convocada por los sindicatos el 5 de junio. Ante la propuesta de las centrales sindicales de parar la actividad una hora al día, las cerca de 300 personas presentes a la concentración apoyaron a la propuesta, formulada a última hora, de impulsar una huelga indefinida y una caja de resistencia para hacerla posible.

“Entonces, obligamos los sindicatos a convocar una asamblea en la sala de actas de la Ciudad de la Justicia, que contó con la participación de 400 personas y durante la cual se votó a mano levantada a favor de la huelga indefinida”, señala Carmina Sánchez, una veterana de la administración de justicia. “Los sindicatos habían hecho asambleas, pero no se movilizaban porque la gente desconfía de ellos”, apunta Sánchez, que recuerda perfectamente cuando participó en una huelga, en 1992, “para nada”, porque “los
sindicatos ya habían pactado”. De aquí, la desconfianza. Pero ahora todo está cambiando y las trabajadoras confían en una victoria. “Somos un punto neurálgico, hay mucha gente y organismos que dependen de la justicia y creemos que podemos ganar”, dice Kevin
Suarez, uno de los impulsores del modelo asambleario en la Ciudad de la Justicia.