Sin tener todavía la sentencia, el tribunal filtra que 46 procesados serán condenados
Sumario 18/98: “¿Se puede ser de ETA sin saberlo?”

Las detenciones de 46 de los 52 procesados del macrojuicio 18/98 han sacudido a los movimientos sociales. Algunas de sus voces valoran la aplicación de la teoría del ‘entorno’ a la disidencia.

, catedrático de Ciencia Política (UPV/EHU)
13/12/07 · 0:00

Los recientes encarcelamientos muestran una vez más las lacras de la justicia española. Arrogancia, arbitrariedad y ausencia de autonomía. Prepotencia de jueces estrellas que deciden que ellos, y sólo ellos, son capaces de acabar con los ‘malos’.

Jueces y magistrados que instruyen y sentencian de acuerdo con las presiones (aunque muchos de ellos desean ser presionados) de gobiernos y grandes partidos. Estos gobiernos que ahora compiten con la derecha para ver quién es más duro. Jueces y magistrados que ilegalizan, encarcelan y condenan desde la arbitrariedad. Que deciden que la disidencia social y política es delito; y que ni siquiera se molestan en buscar pruebas. Para hacerlo les resultan suficientes los informes policiales (que recuérdese son sólo opiniones de un funcionario policial).

En este sumario la arbitrariedad alcanza sus más altas cimas en el grupo condenado por su pertenencia a la Fundación Joxemi Zumalabe. El argumento básico de la sentencia consiste en lo siguiente: la Fundación organizó unas jornadas sobre desobediencia civil. Y por aquellos tiempos ETA sacó en su boletín interno un comentario genérico sobre la desobediencia civil como otra forma de lucha (lo cual, proviniendo el comentario de ETA, es un alarde de cretinismo). Y así, los magistrados concluyen que como ETA habla a favor de la desobediencia civil y los de la Fundación organizan jornadas sobre el asunto, pues son todos lo mismo y la Fundación es un apéndice de ETA. Toda una exhibición de racionalidad y rigor científico. Que no nos pase nada.


RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN
Ecologistas en Acción (Madrid)

Este juicio político coincide con el
inicio del proceso de paz que genera
muchas expectativas, pero el atentado
de la T-4 cambia el contexto, y el
fiscal pide penas muy altas cuando
parecía que no iba ser así. Con la ruptura
de la tregua en junio, las penas
que establece la sentencia, que verá
la luz en unos días, son más altas aún
que las que pide el fiscal. Es todo un
despropósito tremendo. Por ejemplo,
con la Fundación Joxemi Zumalabe.
Muchos de sus miembros
han manifestado su distanciamiento
y hasta la crítica a ETA, y tienen un
recorrido histórico pacifista,antimilitarista
y por la no-violencia. Pero las
penas son de nueve años por colaboración
con banda armada. Este cambio
de clima ha hecho aún más desquiciado
el recorrido del juicio, su
esencia y su resultado.
La Constitución española recoge
que nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, y éste es un
juicio en el que se está sometiendo a
valoración jurídica la libertad de expresión,
el derecho de reunión y asociación,
la libertad ideológica, los derechos
civiles y políticos. Es un reflejo
más de una legislación de excepción
que se está implantando en todo
el mundo, y en concreto en Euskadi.
Como reconoce la plataforma de
mujeres Ahotsak (Voces para la Paz),
todos los proyectos políticos se pueden
y se deben defender. No es la situación
que se está dando en Euskadi,
sobre todo después de la ruptura
del proceso de paz. Hay que situar
esto también en los intentos involucionistas
que están impulsando sectores
del PP, de la derecha más dura
y sectores mediáticos. Se están jugando
otros intereses políticos y se
están reforzando las dinámicas del
españolismo. También cuentan las
necesidades del capital interesado en
un endurecimiento del marco legal
para gestionar la gobernabilidad
compleja que se avecina. Esto afecta
también a los movimientos sociales
del resto del Estado, que ven cómo se
criminaliza su actividad.
Finalmente, es necesario volver a
tender puentes entre los movimientos
de aquí y de allí, abrir las sensibilidades
a esta situación tan compleja.


JOSEMARI RIPALDA
Catedrático de Filosofía de la UNED

Es indignante la figura jurídica de
“colaborador” de ETA, estirada como
chicle, ampliada a la categoría
de “dirigente” o extendida a “frente
social” de ETA. Lo importante, como
se ve, es la asociación, el sintagma
con ETA, la proyección del mal
absoluto, que todo lo justifica y emborrona.
Esas figuras se aplican
también a periodistas y profesores,
como autores intelectuales, abriendo
públicamente la destrucción del
pensamiento y de la acción no conformes;
y esto incluso con personas
bien conocidas por su rechazo de la
violencia política; pero ignoradas,
ellas y su sociedad, por jueces remotos
que carecen del conocimiento,
sensibilidad (y voluntad) requeridas
para interpretar sus acciones.
Esos jueces no dan su fallo “en
nombre del pueblo”; son jueces de
un tribunal de excepción en suprema
lejanía de la gente, porque su
función no es hacer justicia, sino
proteger a este Estado de tramoya
y su “Constitución interna”, como
dicen los politólogos, es decir, a su
verdadero sujeto, a la oligarquía
que fija las reglas y los límites del
juego político.
La Audiencia Nacional, sucesora
del Tribunal de Orden Público, es incompatible
con una democracia medianamente
digna de ese nombre.
Pero, por otra parte, es fiel reflejo de
un Estado de derecho (del derecho
‘ad hoc’, del derecho sin justicia). Me
uno al modesto coro de voces que reclama
la disolución de ese engendro
político y judicial.


DAVID GARCÍA ARISTEGUI
Asamblea Antimilitarista (Madrid)

A finales del año 2005, diversos colectivos
antimilitaristas y otros pertenecientes
a distintos movimientos
sociales, principalmente de Madrid,
difundimos un manifiesto, en el que
expresábamos nuestra solidaridad
incondicional con los compañeros
de la Joxemi Zumalabe, ante un intento
flagrante de criminalización de
la práctica de la desobediencia civil.
Hoy, condenamos el encarcelamiento
y pena de siete años de cárcel a los
integrantes de la Joxemi Zumalabe,
por una supuesta “trama de desobediencia
civil” dirigida -no se sabe
muy bien cómo- por ETA. Habría
que recordar a la judicatura española
que son delitos los hechos probados,
no las opiniones políticas. Ser
nacionalista y/o abertzale no es ser
un terrorista ni es equivalente a estar
“a las órdenes de ETA”. Es lo que se
preguntó durante el juicio Sabino
Ormazábal: “¿Se puede ser de ETA o
colaborar con ETA sin saberlo?” Y el
fiscal asentía con la cabeza.
En Madrid, se intentó criminalizar
también de manera burda las movilizaciones
antifascistas tras el asesinato
de Carlos con “conexiones con
Batasuna”. Esas burradas que luego
nunca se desmienten suficientemente,
crean un clima de opinión muy favorable
para que haya sentencias,
por decirlo de alguna manera, tan
sorprendentes como la del 18/98.

«Derecho de guerra»

_ JAUME ASENS
_ Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
_ Las detenciones de los procesados en el macrosumario 18/98 son el claro preludio de una sentencia que
va representar un antes y un después en la política antiterrorista, pero también en la configuración del actual
Estado de derecho. La condena supone un espaldarazo a la «tesis del complot» (del tipo «todo es ETA») elaborada por el juez Garzón. Para ser considerado miembro o colaborador de ETA hasta ahora era necesario tener relación directa con la organización armada, pero después de la sentencia basta que las
acciones políticas o sociales se consideren «ayuda» a los fines de ETA (soberanía para el País Vasco) para
que éstas sean definidas como delitos terroristas.

Por tanto, desde esa perspectiva judicial, ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto
de las organizaciones abertzales. La sentencia representa la victoria del populismo justicialista como nueva modalidad inquisitiva: la hipertrofia de la acción judicial sobrecargada de valores morales y políticos, donde el terreno judicial se convierte en el de la prolongación de la lucha política por otros medios. La vida política
queda plenamente supeditada al ámbito judicial, en un contexto en el que la Audiencia Nacional o el
Tribunal Constitucional se convierten en actores políticos más decisivos que los propios parlamentos. La sentencia también significa la victoria de la lógica de excepción propia de una justicia «en tiempos de guerra», en la que aparecen responsabilidades penales difusas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático.

Cuando los objetivos, y no los medios, son los que se penalizan -lo que significa convertir el independentismo vasco en terrorismo- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos. Un derecho penal del enemigo propio de los escenarios marciales del «derecho de guerra».

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