AUDIENCIA NACIONAL // CRÓNICA DE UN JUICIO CONTRA EL 'ENTORNO' JALONADO DE IRREGULARIDADES
18/98 o la voluntad política

El 21 de enero se cumplieron tres meses del inicio de la vista oral del juicio 18/98, meses marcados por las irregularidades, la incertidumbre, la tensión y la sensación de arbitrariedad en las acciones de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional.

01/04/06 · 22:38
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EL JUICIO se prolongará meses en el pabellón de la Casa de Campo acondicionado
por la Audiencia Nacional para macrojuicios./ Andrea García

“Estrasburgo me da igual”. Esta
frase, pronunciada por la presidenta
del Tribunal, Ángela Murillo, se
ha convertido en una declaración
de intenciones. Podría haber añadido
lo que le importan el derecho
procesal, las garantías jurídicas o
el derecho a la defensa. Esta declaración
de intenciones del tribunal
se produce en el contexto de la negativa
a permitir que los procesados
expresaran los motivos -denunciar
lo que consideran un juicio
político- por los que no responden
a las preguntas del Ministerio Fiscal
y de la acusación particular.

Una respuesta contundente a la protesta
presentada, ante estos impedimentos,
al inicio de la vista por
Iñigo Iruin, abogado de la defensa
que citaba jurisprudencia del máximo
tribunal europeo.
Y ésta es la tónica habitual en las
vistas. Desde los primeros días se
especulaba sobre la posibilidad de
que la jueza permitiese a las personas
encausadas acudir a las vistas
únicamente cuando les llegara el
momento de declarar. Una de las
primeras decisiones de Ángela Murillo
fue obligar a los 56 acusados y
acusadas a asistir a todas las sesiones,
tuvieran o no que ver con la pieza
en la que se han subdividido los
miles de folios del macrosumario.

Una vez digerida esta decisión
del tribunal, comienzan los interrogatorios.
Hasta el momento nadie
ha respondido a las preguntas
del fiscal y el abogado de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
(AVT). Pero tampoco nadie
ha podido explicar el porqué.
Más adelante se han ido acumulando
irregularidades con las pruebas
documentales. Ausencia de documentos
y de pruebas en la sala,
sumarios relacionados que no han
podido ver las defensas, protestas
de los abogados que no se han tenido
en cuenta y un sinfín de
situaciones absurdas y, para cualquier
persona ajena al ámbito jurídico,
impropias de un sistema
que se supone garantista.

La acumulación de irregularidades
ha llevado a la situación actual,
a la crisis del pasado lunes 9 de enero.
El conflicto estallaba a primera
hora de la mañana, ante el inicio de
la declaración de Xabier Alegría
Loinaz. Su abogada, Arantza Zulueta,
presentaba una protesta formal
por las irregularidades cometidas
respecto a las diligencias 75/89.
Estos documentos han estado bajo
secreto de sumario, sin que las defensas
pudieran acceder a su contenido
hasta días después de haber
comenzado la vista oral. Finalmente
han podido revisar las 104 cajas
que componen estas diligencias durante
seis días y con un horario limitado.
Lo que se han encontrado
es un gran volumen de documentación
desorganizada y sin indexar, lo
que ha hecho imposible su labor.
Tras una jornada tensa, se decide la
suspensión de la vista, una vez que
las defensas solicitaran amparo al
decano del Colegio de Abogados de
Vizcaya. Días más tarde, el tribunal
dicta un auto judicial mediante el
que se comunica la suspensión de
las sesiones hasta el 30 de enero.

Intramuros

Pero lo que nadie cuenta es lo que
ocurre dentro de la Audiencia
Nacional, durante las vistas y sobre
todo, durante los recesos.
Frente a la prensa que muestra
como un todo único al grupo de
acusados, se evidencian diferencias
significativas. Ni los y las abogadas
conforman una única defensa,
ni todas las personas llevan la
camiseta de denuncia de la plataforma
“18/98 +”. Las coincidencias
suponen la militancia en determinados
movimientos sociales y políticos,
pero no existe la unidad ideológica.
El caso del abogado de Pamplona,
Pepe Uruñuela, es significativo.
No pertenece al “nacionalismo
vasco” ideológicamente, pero sí
a algunos de los movimientos sociales
del ámbito libertario de Navarra
y a la Fundación Joxemi Zumalabe.
No lleva la misma camiseta,
no comparte abogados ni estrategia
en la defensa. Pero en lo que
coincide con el resto de encausados
es en lo injusto de su situación.
Sí conforma un todo la AVT. Hay
personas que acuden a diario y
otras más eventualmente. Todas
con su camiseta blanca serigrafiada
con una bandera de España y la frase:
“A por el 18/98... ¡y más!”.
Y acuden puntualmente las delegaciones
de la Asociación Europea
de Abogados Demócratas, que han
denunciado hasta la saciedad las
múltiples irregularidades cometidas
hasta el momento.
También algunos periodistas
que jalean los exabruptos de doña
Ángela Murillo desde la sala
de prensa.
Y en los recesos, esta amalgama
de personas se junta en el espacio
que separa las salas del edificio
de la Casa de Campo acondicionado
para este juicio, sin
que nada ocurra.

Pero en definitiva, para quien
nunca ha asistido a una vista de
estas características, en la que las
peticiones del fiscal van desde los
diez hasta los 46 años de cárcel de
condena, en la que se juega la vida
tanta gente, llama la atención hasta
lo alucinógeno la sensación de
arbitrariedad. Las personas que se
sientan en el banquillo están a
merced de un juez instructor -Garzón- que persigue el lucimiento
particular, un tribunal presionado
por instancias superiores
(o al menos esa sensación tenemos
quienes asistimos a las vistas,
de otro modo no se explicaría su
actitud) y todas las presiones mediáticas
y de la AVT que dan por
hecho la culpabilidad de las personas
encausadas desde criterios absolutamente
políticos.

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