‘Aturem el parlament’ denuncian que un “caso de faltas” sea llevado a la Audiencia Nacional
19 encausados en la Audiencia y un modelo de protesta a juicio

Crónica de un “juicio político” con declaraciones contradictorias, sin evidencias claras y acusaciones difusas.

, San Fernando de Henares (Madrid)
10/04/14 · 8:00
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Desobediencia 2014. Manifestación el pasado 29 de marzo en Barcelona en apoyo a los encausados. La protesta acabó con cinco detenidos. / Sarai Rua / Diso Press

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Del 31 de marzo al 4 de abril, cuatro sesiones en la sala de la Audiencia Nacional en el polígono Las Fron­teras de San Fernando de Henares juzgaron los hechos del cerco al Parlament de Catalunya acontecidos el 15 de junio del 2011. A 23 kilómetros del centro de Madrid y a 603 del lugar de los hechos.

La Generalitat, el Parlament y el sindicato ultra Manos Limpias compartían, junto a la Fiscalía del Es­tado, la mesa de la acusación a pesar de que ni cinco días antes el portavoz del Gobierno catalán, Fran­cesc Homs, había catalogado a este colectivo de funcionarios de “sindicato neo­franquista de trayectoria sombría”. Un colectivo, encabezado por el caballero de honor de la Funda­ción Nacional Francisco Fran­co, Miguel Bernard Remón, que abrió en 2011 la causa a la cual se añadieron a posteriori Parlament y Genera­litat y que incluye peticiones que van desde los tres hasta los ocho años de prisión para los manifestantes por delitos de sedición, asociación ilícita, atentado contra la autoridad y contra las altas instituciones del Estado.

Pero en los cuatro días que duraron las vistas quedó plasmado el carácter político de un juicio llevado a la espectacularización mediática. Unos medios que se centraron más en resaltar aspectos morbosos –desde los gritos más alarmistas de los parlamentarios convergentes a la declaración en castellano de Mas, la camiseta independentista de alguno de los encausados o el toque de atención del juez Grande-Marlaska por los porros fumados en los lavabos durante los recesos– que no en retratar los entresijos del juicio.

Un juicio marcado por el pésimo nivel de los traductores del catalán contratados por los juzgados, que llegaron a confundir basura por escombros y a darle el sentido opuesto a algunas afirmaciones hechas. Pero también marcado por las contradictorias declaraciones policiales, que tampoco consiguieron aclarar los detalles de los ficheros policiales con los que se reconocieron a los encausados pese a que algunos no tenían antecedentes policiales.

Tampoco las declaraciones de los parlamentarios aclararon el porqué de tanto revuelo. Ni uno sólo de los políticos citados a declarar sostuvo haber sido agredido físicamente durante los hechos por los encausados y a lo sumo denunciaron “intimidaciones” que algunos parlamentarios llegaron a catalogar de normales y habituales dada su condición de figuras públicas. Sólo la parlamentaria Ana Isabel Marcos (CiU) informó de que, fruto de los hechos, tuvo problemas de insomnio y que estuvo tomando ansiolíticos durante un mes, pese a no poder aportar el certificado médico correspondiente, así como el diputado Ge­rard Martí Figueras (CiU) denunció haber recibido golpes y escupitajos, pese a no haber sido capaz de identificar a nadie por ello.

Críticas de diputados

Diversos diputados criticaron la utilización de sus declaraciones policiales y que el proceso fuese llevado ante la Audiencia Nacional. Ernest Maragall, exconseller de Educación y presunta víctima de los hechos enjuiciados, manifestó durante el interrogatorio que veía desmesurado llevar “un caso de faltas” a la Audiencia Nacional. Montserrat Tura, también diputada socialista y exconsellera de Interior y de Justicia, también denunció la utilización judicial contra su voluntad de los desperfectos sufridos por su gabardina, aunque ahora el sindicato Manos Limpias pide seis años de prisión por ello a uno de los encausados.

Mientras los diputados convergentes citados a declarar subrayaron el retraso con el que empezó la sesión parlamentaria en la que se votó la aprobación de los recortes presupuestarios, el resto de diputados minimizó tal hecho y lo catalogó de “habitual”. Los parlamentarios convergentes también evitaron entrar a valorar el dispositivo policial organizado ese día por los Mossos d’Esquadra, pero éste fue duramente criticado por el resto de diputados citados a declarar.

La mayoría criticó también la falta de previsión y información dada a los diputados y la inexistencia de cordones policiales que ayudaran a sortear a los manifestantes. López Tena (SI) llegó a hablar de “ratonera creada por el señor Felip Puig” mientras Joan Boada (ICV-EUiA), exsecretario de Interior, catalogó el dispositivo de “pésimo” y que parecía preparado para “provocar incidentes”.

El juicio ahora espera dos nuevas sesiones: el 25 de abril, en la que declarará la presidenta de la cámara, Núria de Gispert; y el 6 de mayo, cuando el juicio puede quedar visto para sentencia.

Dos muertes bajo custodia policial en 24 horas
M.A.
El juicio de los encausados del Parlament terminaba el 4 de abril entre el eco por las dos muertes bajo custodia policial de los Mossos d’Esquadra en Salou y Barcelona en menos de 24 horas. Mientras 19 ciudadanos sin denuncias claras de violencia eran llevados a la Audiencia Nacional, dos ciudadanos más perdían la vida a manos de un cuerpo policial en tela de juicio público pero aún sin condenas en los tribunales.

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