PANORAMA LEGISLATIVO TRAS EL FRANQUISMO
Las lenguas minorizadas, escondidas legalmente

La consolidación del castellano ha dejado a otras lenguas relegadas a la ‘intimidad’
y en algunos casos al borde de su desaparición, a excepción del catalán.

25/06/10 · 6:50

 

Texto de Daniel Escribano Riera, traductor y colaborador de Sin Permiso

La naturaleza plurilingüe de
los territorios administrados
por el Estado español ha
sido considerada tradicionalmente
por sus autoridades como
un obstáculo al proceso de la construcción
nacional española. La política
aplicada por éstas para sortearlo
ha consistido en la imposición de una
única lengua común a toda la población,
con medidas diversas destinadas
a reducir al máximo el uso de las
restantes lenguas peninsulares.
Sólo cuando la correlación de fuerzas les
ha obligado a ello han admitido las
autoridades españolas algún tipo de
reconocimiento jurídico en los idiomas
distintos del castellano.

En el primer caso, la política ha
consistido en la expulsión gradual de
dichos idiomas de la enseñanza, de
las administraciones públicas y en la
adopción de medidas destinadas a
provocar la penetración gradual del
castellano en el máximo posible de
ámbitos de uso de las comunidades
lingüísticas
restantes. Ello ha implicado
la castellanización progresiva
de sus hablantes, a medida que se generalizaba
el acceso a la enseñanza,
y la pérdida creciente de funciones
para el resto de idiomas peninsulares.

Durante las épocas en que los
idiomas distintos del castellano han
carecido de reconocimiento jurídico
y la enseñanza ha funcionado como
agente efectivo de castellanización,
aquéllos han sido abandonados como
lengua familiar por algunos sectores
sociales de su comunidad de
hablantes. Huelga decir que el proceso
de minorización se ha acelerado
en los casos de las comunidades
lingüísticas cuyo dominio territorial
ha sido escenario de movimientos inmigratorios
intensos procedentes de
zonas de lengua castellana.

En el segundo caso, la política lingüística
española y su marco jurídico-
lingüístico
se han caracterizado
por la jerarquización de las distintas
lenguas peninsulares y el establecimiento
de una relación asimétrica
entre los derechos de la comunidad
lingüística mayoritaria y los del resto
de comunidades. Así, si consideramos
el marco jurídico-lingüístico de
la II República, encontramos que su
Constitución proclama el castellano
como “idioma oficial de la República”,
impone a “todo español” la
“obligación de saberlo” (art. 4) y ni
siquiera establece explícitamente la
oficialidad del resto de lenguas peninsulares.

Tanto en el marco jurídico-
lingüístico republicano como en
el de la monarquía reinstaurada, los
avances para estos idiomas (cuando
los ha habido) se han realizado mediante
los estatutos de autonomía y
normas autonómicas o locales de
rango inferior. Al igual que la
Constitución de 1931, la carta monárquica
de 1978
proclama el castellano
como única lengua oficial “del
Estado”, impone su conocimiento
como “deber” de todo súbdito español
(art. 3.1) y, si bien prevé la oficialidad
de “las demás lenguas españolas”,
reduce su alcance a “las respectivas
Comunidades Autónomas”
y “de acuerdo con sus Estatutos” (art.
3.2).

Asimismo, y aun cuando una
sentencia favorable al redactado actual
del art. 6.2 del Estatuto de autonomía
de Cataluña de 2006 obligaría
a reformular la doctrina, hasta la fecha
es un principio establecido por
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
que el deber de conocimiento
sólo puede predicarse del
castellano. Por su parte, el legislador
español posfranquista
ha mantenido
la política de imposición del uso del
castellano en disposiciones reguladoras
de todo tipo de ámbitos y de
vigencia en el conjunto del territorio
estatal. Por todo ello, tanto en el marco
jurídico-lingüístico compuesto
por la Constitución de 1978 y la jurisprudencia
como en las prescripciones
lingüísticas contenidas en las
disposiciones emanadas del legislador
español confluyen en los objetivos
de, por un lado, limitar el uso de
las lenguas distintas del castellano a
su dominio territorial y en el supuesto
de que aun allí su conocimiento es
de carácter optativo y, por otro, de
apuntalar la presencia del castellano
en esos territorios y como lengua de
conocimiento obligatorio.

Subordinación jurídica

Así, mientras la comunidad de lengua
castellana dispone de plenos
recursos jurídicos y políticos para
prescribir el uso de su lengua con carácter
general en su dominio histórico,
las comunidades restantes se encuentran
constreñidas por un marco
jurídico que no sólo les impone la oficialidad
del castellano en su propio
dominio lingüístico, sino también la
subordinación jurídica de su propia
lengua a éste, plasmada en el hecho
de que los legisladores autonómicos
ni siquiera pueden establecer con
respecto a la lengua propia deberes
análogos a los que se imponen constitucionalmente
respecto al castellano.

Y, si bien en algunas comunidades
se ha establecido el conocimiento
de la lengua propia
como requisito
para el acceso a la función pública,
así como su presencia en algunos
ámbitos de uso público, estas medidas
se han restringido siempre a ámbitos
específicos y han sido frecuentemente
torpedeadas por los sucesivos
Gobiernos españoles con recursos
de inconstitucionalidad.

¿Y en Europa es lo mismo?

En el contexto europeo, la principal
peculiaridad del marco jurídico-lingüístico
del Reino de España reside
en ser el único de la Unión que no reconoce
como oficiales
“del Estado” a
todas las lenguas habladas por comunidades
de más de cinco millones
de personas e históricamente implantadas
en el territorio. Esto es,
que tiene la “minoría” lingüística no
reconocida a nivel estatal de mayor
tamaño de la Unión (la catalana).

Además de ésta y de la comunidad
de habla occitana del Valle de Arán,
existen en el Reino de España dos
comunidades cuya lengua está reconocida
oficialmente en su dominio
territorial (la gallego-portuguesa y la
vasca). Sin embargo, con la excepción
de la comunidad lingüística occitana
(cuyo dominio está en su mayor
parte bajo Administración francesa),
ninguna de éstas es oficial en
la totalidad de su dominio peninsular,
ya que ni el catalán es oficial en
la franja oriental de Aragón, ni el euskera
en la mayor parte de Navarra,
ni el gallego-portugués en El Bierzo.

Asimismo, existen idiomas
peninsulares carentes de reconocimiento
oficial en territorio
alguno, como el asturiano, el
aragonés o el cántabro
. No obstante,
la responsabilidad de la
no oficialidad de las lenguas distintas
del castellano en su dominio
territorial no es imputable,
en rigor, al legislador español,
sino a los propios legisladores
autonómicos correspondientes,
que, teniendo constitucionalmente
atribuida la competencia
de declararlas oficiales, han
omitido el ejercicio de dicha facultad.

Con todo, la no declaración
de estos idiomas como oficiales
“del Estado” ha implicado
también su no reconocimiento
oficial
por la Unión Europea.
Además de la imposibilidad de
usarlos en el Parlamento europeo,
ello puede invalidar toda
norma que prescriba el uso de
cualquiera de los idiomas que
carecen de dicha oficialidad, por
cuanto las directivas europeas
que regulan el ámbito socioeconómico
sólo autorizan a los estados
miembros a establecer el
uso concurrente de la lengua o
las lenguas oficiales “del Estado”
o “de la Comunidad”.


LA SITUACIÓN DEL GALEGO: EL ‘PRESTIGE’ DE NÚÑEZ FEIJOO

GUILLERMO CID FELPETO

Con la negra sombra del
Prestige todavía presente,
Galiza está viviendo un proceso
similar al de noviembre
de 2002. El ataque
frontal contra la lengua (y
cultura) de Galiza, perpetrado
por el gobierno de
Núñez Feijoo, está haciendo
rebrotar en la sociedad
gallega aquel espíritu de
protesta y movilización
colectiva.

Por primera vez en democracia,
un Gobierno de la
Xunta legisla desprotegiendo
el galego y reduciendo
su presencia social. La
supresión del galego en las
materias científicas de la
educación no universitaria,
la subvención en algunos
cursos de libros de texto
sólo en castellano o la erradicación
de cualquier posibilidad
de recibir la educación
infantil completamente
en galego, son sólo algunas
de las medidas del ejecutivo
que, además de un fuerte
rechazo social, se ha
convertido en el primer
Gobierno que legisla sin el
apoyo de ninguno de sus
órganos consultivos (como
ha sucedido con el nuevo
decreto del plurilingüismo).

Ante esta situación Galiza
está viviendo un momento
en el que se multiplican las
iniciativas, asociaciones y
plataformas en defensa de
su lengua. La plataforma
ciudadana Queremos Galego!,
con un papel similar al
que tuvo Nunca Máis, coordina
las grandes acciones
colectivas que han reunido
en sus manifestaciones a
más de 100.000 personas
por las calles de Santiago
de Compostela.


ARAGONÉS //

CONTINÚA SU LUCHA POR LA OFICIALIDAD

En el año 2009 se aprobó la Ley de Lenguas de Aragón, desde ese momento el idioma aragonés figura como lengua propia de
Aragón, aunque no oficial. En igual situación deja esta reforma legislativa al catalán.

“Nos da derechos a las
personas que hablamos en
aragonés, además de obligaciones,
por ejemplo, a la
Administración”, explica
Chorche Romance, periodista
e integrante de la red
softaragonés, una de las
iniciativas para reivindicar
el uso de esta lengua. Su
mayor objetivo traducir algunos
de los programas
más usados en la red al
aragonés. Con esta ley de
lenguas, “la educación se
podrá recibir en diferentes
idiomas. Según la zona, al
castellano se podrá sumar
el aragonés y el catalán o
las dos. Al igual que para
dirigirse a la Administración,
la posibilidad de rotulación
de los letreros de
las localidades”, explica
Romance, que también
destaca la creación de una
Academia del aragonés y
de un Consejo Superior,
“pero el proceso se debe
acelerar. Hay miedo a una
victoria en 2011 del PP y
del PAR, y el idioma se encuentra
muy indefenso todavía
y hay mucho más
por avanzar: ¿Qué va a pasar
con las grafías?”, se
pregunta Chorce.
Desde el asociacionismo,
gran responsable de su no
desaparición absoluta, se
exige más apoyo público,
por ejemplo, desde los medios
de comunicación, ya
sean públicos o privados.


ASTURIANO //

TRAICIONADA POR LA PASIVIDAD INSTITUCIONAL

Sobre esta lengua romance, dialecto del latín, PP y PSOE coinciden en negar su oficialidad. Para eso, se amparan en la denominación
actual de “modalidad lingüística” que recoge el Estatuto de Autonomía y en el argumento machacón de “no a la imposición”.

BEATRIZ R. VIADO

Según el último informe
oficial de 2002 hablan esta
lengua unas 250.000 personas.
Desde su creación en
1981, la Academia de la
Llingua Asturiana se encarga
de dictar las normas ortográficas
y gramaticales.
Gracias al movimiento de
reivindicación lingüística,
activo desde la Transición,
y a la constante actividad
creativa, principalmente literaria
y musical, el asturiano
tiene cierta presencia,
aunque con un estatus muy
precario. Así, está presente
en las escuelas: este curso
escogieron la asignatura de
llingua asturiana 22.466
estudiantes. Sin embargo,
se trata de una materia voluntaria,
sujeta a la arbitrariedad
de los centros a la
hora de ofertarla. Igualmente,
tiene una presencia
mínima en la televisión y la
radio públicas, a pesar de
que los programas en asturiano
suelen acaparar los
mayores índices de audiencia.
También existen iniciativas
privadas de medios en
asturiano en prensa escrita,
en internet y en radio.


CANTABRO //

EN GRAVE PELIGRO DE DESAPARICIÓN, SEGÚN LA UNESCO

Mientras las instituciones niegan su entidad y el presidente de Cantabria Miguel Angel Revilla se empeña en descalificarlo, iniciativas
populares luchan para evitar su extinción.

PLATAFORMA ESCLAVE

El cántabro es resultado de
la evolución del latín en
Cantabria, interpretado a
partir de un sustrato indígena
anterior. Se discute si es
lengua, dialecto, conjunto
de registros comarcales…
pero cuanto menos es un
patrimonio lingüístico desatendido
de forma sospechosa
por las instituciones.
Se adscribe como una variante
diferenciada dentro
del diasistema lingüístico
leonés, ajena por tanto al
castellano.

La UNESCO ha alertado
sobre su grave riesgo de
desaparición. Sin embargo,
existen iniciativas populares
para preservarlo. La
Plataforma Esclave, avalada
por abundantes colectivos
e investigadores, solicitó
su reconocimiento como
Bien de Interés Cultural, petición
denegada con endebles
argumentos por la
Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria que,
paradójicamente, ya había
auspiciado la edición de un
Diccionario Castellano-
Cántabru. Desde hace
años, se organizan espontáneamente
cursos de cántabro
en Santander y Torrelavega,
creándose grupos
de cántabroparlantes. El último
paso es Proyeutu
Depriendi (depriendi.wordpress.
com), una escuela popular
en la red.


CATALÁN //

CATALUNYA, LA COMUNIDAD CON MAYOR IMPLANTACIÓN

Desde el año 1998, el catalán está declarado idioma de uso preferente en las Administraciones Públicas catalanas. Esta medida
es una de las grandes responsables de su diferente uso en las otras Comunidades catalanoparlantes.

D.E.R.

El catalán está reconocido
como lengua oficial y propia
en Catalunya, País
Valencià (con la denominación
de valenciano) e Illes
Balears, si bien es en Cataluña
donde ha habido mayor
voluntad política de extender
sus ámbitos de uso.
Pese a sus insuficiencias, la
Ley 1/1998, además de declararlo
idioma de uso preferente
de las Administraciones
Públicas sitas en Catalunya,
establece su uso
concurrente en algunos espacios
socioeconómicos y
prescribe cuotas mínimas
de emisión en los medios
de comunicación radiofónicos
y audiovisuales, que tan
criticadas han sido por sectores
españolistas como
las cuotas mínimas de
pantalla de películas dobladas
o subtituladas al catalán.
Con todo, aunque el
nivel de conocimiento de
la lengua ha aumentado
tanto en Catalunya como
en Balears, no es clara la
tendencia de su uso social
en el Principado y retrocede
claramente en las islas
y en el País Valenciano.


EUSKERA //

TODAVÍA ES VULNERABLE

Esta es la clasificación que la UNESCO le otorgaba a este idioma en
el último informe de 2009 del Atlas de las lenguas del mundo.

“La mayoría de los niños la
hablan, pero puede estar
restringida a determinados
ámbitos (por ejemplo, el hogar)”,
esta es la explicación
de una lengua vulnerable
para la UNESCO y la catalogación
que realiza del euskera.
Como explica Igor
Elordui, de la Coordinadora
de Euskaldunización
y Alfabetización (AEK,
por sus siglas en euskera),
“la situación ha mejorado en
los últimos años, aunque no
al ritmo que algunos agentes
sociales quisiéramos tanto
en el aspecto meramente
público y social como en lo
administrativo. Veníamos de
una situación muy mala, su
uso se restringía al ámbito
familiar”. En 2006, la Encuesta
Sociolingüística, que
se publica cada 5 años, reveló
que en las últimas décadas,
en Euskadi se ha incrementado
sensiblemente el
número de personas que lo
conocen y usan. En Nafarroa,
aunque a ritmo más
lento, también se registra un
crecimiento, especialmente
entre los jóvenes. En
Iparralde, y a pesar de que
continúa el retroceso, éste
aminora su ritmo y aparecen
señales de recuperación.

CRITERIOS PARA LA IGUALACIÓN

-> Reforma constitucional que
derogue el artículo 3, establezca
como competencia de los legisladores
autonómicos la fijación del
régimen de oficialidad lingüística y
reconozca como oficial del Estado
a toda lengua oficial en algún territorio
del Reino de España.

-> Excepcionalmente, ejercicio
por la Administración General del
Estado español del art. 149.1.27
de la Constitución para garantizar
que las emisiones televisivas
y radiofónicas
realizadas en idiomas
distintos del castellano oficiales
en más de una Comunidad
puedan recibirse en otras.

-> Reconocimiento oficial por la
Unión Europea de toda lengua
oficial en algún territorio de cualquier
estado miembro.

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