LENGUA Y GOBERNABILIDAD EN GALIZA TRAS UN AÑO DE GOBIERNO DE FEIJÓO
De lengua amenazada a hegemónica y amenazante

Con el telón de fondo de
la educación formal
reglada como campo
de debate, el PP ha
construido su escenario
electoral sobre el eje
lengua/identidad.

- Las lenguas minorizadas, escondidas legalmente

14/07/10 · 0:47
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PROTESTAS. En los últimos 12 meses se han producido tres grandes manifestaciones.

La realidad sociolingüística
de Galiza parece haber sido
el afilado arma que desde
la derecha política se ha
empleado en el asalto al poder institucional
de Núñez Feijoo. Una inversión
discursiva construida en base
al miedo. Tratando la tímida discriminación
positiva de un idioma
como el eje de un totalitario peligro
para el castellano y con el telón de
la educación como fondo de debate,
el PP construyó su escenario electoral
sobre el eje lengua/identidad.

Por arte de la política mediática y
de la creación de movimientos sociales
desde arriba (como Galicia
Bilingüe), la lengua amenazada, se
hizo ver hegemónica y amenazante.
Esta política lingüística ha conseguido
lo que nadie había sido capaz
de hacer. Aunar a partidarios de los
dos polos mayoritarios del galego (el
reintegracionista, que reclama la reintegración
del galego en el tronco
lusista y el “oficial”, que entiende el
galego como una singularidad lingüística)
en un mismo barco: el de la
defensa de un idioma que necesita
no solo de iniciativa ciudadana, sino
de políticas legislativas garantistas.

La redacción del borrador ha estado
además, rodeada de innumerables
zonas oscuras, como una encuesta
previa de dudosa validez y nula
coherencia procedimental. El propio
Consello Consultivo de Galicia la
sentenció como “contraria al ordenamiento
jurídico”.

La cultura en movimiento

En el marco social, la movilización
popular ha sido masiva tras los dislates
propuestos en materia legislativa.
Miles de personas con diversa filiación
ideológica se han posicionado
en lo cotidiano, en centros de trabajo,
de enseñanza, en el marco del
debate de la calle, dibujando un mapa
amplio y plural. Decenas de miles
de galegas y galegos se han movilizado
en defensa de su lengua en las
tres históricas movilizaciones (y una
huelga generalizada en la enseñanza)
que han inundado las calles de
Santiago de Compostela en los algo
más de 12 meses de Gobierno del PP.

Expresiones masivas en el espacio
público que le han recordado alto y
claro al presidente de la Xunta el carácter
inapropiable de una lengua y
de una cultura en movimiento. Un
papel central en las movilizaciones
ha tenido la plataforma Queremos
Galego. Vehiculizada principalmente
por la Mesa pola Normalización
Lingüística, espacio poblado especialmente
por las múltiples familias
del BNG –pero no sólo–, se hace necesario
reconocer que Queremos
Galego ha tenido el papel de actor
principal tanto en el plano formal y
organizativo de las movilizaciones,
como en su expresión mediática.
Finalmente en el plano de los movimientos
sociales de base, la respuesta
ha sido contundente y común.
Desde espacios autónomos
como centros sociales autogestionados
o redes de movimientos se
ha realizado un importante número
de actividades y movilizaciones
por el monolingüismo social del galego,
como forma singular de defender
el antagonismo sociocultural
del país frente a modelos de cultura
neoliberal. Estas acciones han
cristalizado en diversas coordinaciones
y plataformas que han recorrido
desde el independentismo organizado
hasta el nacionalismo clásico
o al mundo libertario.

La minorización social del galego

(estadística y real) desde la Transición
lleva a un análisis común a los
movimientos populares: tratar de
abrir espacios sociales monolingües
en galego. Pero también, ha llevado
a las coordinaciones de movimientos
a exigir un marco legal que supere la
desigualdad jurídica existente entre
ambos idiomas y garantice la hegemonía
social de nuestra lengua.
Como reclaman las plataformas
Galego, Sempre Máis o los colectivos
agrupados en el Manifesto dos
Tres Pontos, es necesario “un país
socialmente monolingüe en el que se
pueda escoger libremente el dominio
y uso de otros idiomas, pero recusando
el bilingüismo armónico por
ser la farsa que permite, con apariencias
democráticas, la sustitución del
galego, a la vez que oculta un conflicto
como el lingüístico en la retórica
de las libertades individuales,
cuando éste sólo puede tener soluciones
sociales y colectivas”.

Respuesta en las aulas

“Galicia es bilingüe y libre”. Con
esta singular frase, trató de sentenciar
el PP de Galicia el intenso debate
social tras la aprobación del
‘decretazo del plurilingüismo’.
Incluso la Real Academia Galega
se mostró profundamente beligerante
y parece estar preparando un
recurso contra la aplicación del
mismo. En el este sentido, las comunidades
educativas y normalizadoras
se están organizando ante
un esqueleto pedagógicamente
cuestionado. Asimismo, gran parte
de las organizaciones y colectivos
estudiantiles o la Coordenadora
de Equipas de Normalización,
así como la mayoría sindical
del ámbito no universitario,
se han posicionado activamente en
contra de la nueva legislación. Con
su aprobación, miles de profesionales
de la docencia han anunciado
su negativa a cumplir las órdenes
de la Consellería. La CIG (sindicato
nacionalista, mayoritario en
la educación) ha llamado a una
suerte de insumisión desde las tarimas.

Mientras Galicia Bilingüe
(movimiento social creado por la
derecha) pide sanciones para las
direcciones de centro que permitan
debatir el decreto en los consejos
escolares, respondiendo así a una
iniciativa conjunta de los sindicatos
CIG, CCOO, FETE-UGT y STEG,
que llaman a los consejos escolares
de los centros a adherirse a la campaña
del Consello Escolar de
Galicia que pide la cancelación de
la aplicación del ‘decretazo’.

Hasta esta reforma educativa
existía un consenso en la propia
política representativa en base a
esas disposiciones normalizadoras
de mínimos. Lejos de corregir
desigualdades históricas, de hacer
visible la “lengua ocultada” o de
que ésta sea el centro de gravedad
de cualquier política educativa
(como exigen las normativas anteriores
y defienden incluso sentencias
del propio Tribunal Constitucional)
el decreto ahonda en el
uso del poder para acabar con la
diversidad cultural, en el ninguneo
legislativo de una lengua como forma
de difuminar una composición
social viva, rica y plural.

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