El 16 de diciembre, la
Audiencia provincial de
Araba condenó al ex subdirector
de Seguridad de
la cárcel de Langraitz (Nanclares
de la Oca), Mariano M. A., a un año
de cárcel, seis de inhabilitación total
y 3.000 euros de indemnización
para la afectada como culpable de
un delito de proposiciones y acoso
sexual a una presa bajo su custodia
penitenciaria. Lo hizo después de
más de cuatro años y medio del inicio
del proceso judicial con la presentación
de la primera denuncia
en marzo de 2005. Quienes hemos
estado desarrollando la campaña
de apoyo a las cuatro presas que
denunciaron a este funcionario a lo
largo de 2005 valoramos positivamente
la sentencia porque, en los
cuatro casos, la Audiencia Provincial
da por probadas las presiones,
coacciones e intimidaciones denunciadas
por las presas.

En el caso por el que se condena,
la existencia de testigos (dos
funcionarias que declararon en favor
de la presa), el hecho de que
se acreditaran intentos de besar y
abrazar a la presa, así como un tocamiento
en el trasero, indican
claramente el carácter sexual de
las presiones y se consideran motivos
suficientes para condenar a
Mariano M.A. Respecto a las otras
tres denuncias, que se resuelven
con absoluciones, quedan dudas
razonables del carácter sexual de
las mismas, no porque no existieran,
sino por no poder acreditarse
tanto como en el caso anterior. Es
más, en los tres casos en que la
Audiencia no condena, la propia
sentencia reconoce que los hechos,
aunque no sean constitutivos
de delito, son moralmente reprobables
y debieran ser sancionados
de forma disciplinaria por
la Administración penitenciaria.

Esto deja en manos de Instituciones
Penitenciarias el abrir el
correspondiente expediente sancionador
a este funcionario por
los tres casos en los que le absuelve
la Audiencia y tomar las medidas
necesarias para que ninguna
persona vuelva a quedar bajo su
custodia directa.

Hay que criticar especialmente
la labor del Ministerio Fiscal, que
ejerció como segunda defensa, atacando
y desacreditando a las cuatro
presas denunciantes y manteniendo
la hipótesis de la defensa
del acusado (que ejerció un abogado
del Estado), de que todo era un
complot y una venganza de las presas
hacia éste. Con independencia
del fallo final, la sentencia deja bien
claro que no hubo ningún complot
(define esa hipótesis como “irracional”),
que las irregularidades existieron
y que por ellas las cuatro mujeres
afectadas sufrieron secuelas
psíquicas como cuadros de ansiedad
y/o depresión de mayor o menor
gravedad. Además, la propia
sentencia plantea que al menos
otras tres mujeres presas pudieron
sufrir situaciones de acoso similares
a las de las denunciantes, si bien
no presentaron denuncia en sede
judicial. El hecho de que no denunciaran
impide valorar la gravedad
de esos hechos, pero el Ministerio
Fiscal debería tomar nota de los
mismos, investigarlos y presentar
las oportunas denuncias de oficio
para aclarar definitivamente los hechos
ocurridos en el módulo de
mujeres de la cárcel de Langraitz
entre los años 2003 y 2005, cuando
Mariano M. A., ahora condenado,
fue subdirector de seguridad
del centro.

Si bien la condena es escasa (la
mínima prevista por la ley en estos
casos) y consideramos que en los
tres casos en los que se dicta absolución
debería haberse considerado
la misma culpabilidad que en el
caso por el que se condena (como
las presas, nosotros creemos que
las coacciones tenían un claro e inequívoco
contenido sexual) entendemos
que esta sentencia viene a
hacer un poco de eso que llamamos
justicia, lo cual es mucho decir en
los tiempos que corren, y mucho
más tratándose de cuatro presas
que denuncian a todo un subdirector
de seguridad de un centro penitenciario.

Por ello y junto con las
denunciantes nos alegramos del resultado
del proceso, lo cual no es
óbice para que las presas estén meditando
sobre si recurrir o no la
sentencia en aras de obtener un
mejor resultado, decisión en la que
las apoyaremos como hasta ahora
lo hemos hecho.