Las Células Revolucionarias (RZ,
por sus siglas en alemán) nacieron
en la Alemania de principios de los
años ‘70. Los miembros de las diferentes
células actuaron desde su vida
normal, es decir, contrariamente
a los militantes de la Fracción del
Ejército Rojo (RAF, por sus siglas
en alemán), no pasaron a la clandestinidad,
cosa que impidió que la
saña persecutoria policial tuviera
los éxitos deseados.

Uno de sus postulados principales
era que la lucha subversiva nunca
debía ir desligada de la práctica
social. Con sus acciones e intensos
debates, publicados en su revista
Revolutionärer Zorn, pretendían
complementar, apoyar y animar la
lucha de los movimientos sociales.
Contrarios a atentar contra la vida
de las personas, actuaron en el campo
del internacionalismo. Sus objetivos
eran denunciar a la OTAN,
centrales y armas nucleares. Además
de señalar a explotadores y especuladores
y a la política estatal
con respecto a las personas inmigrantes.
Por su parte, La Rote Zora,
grupo formado exclusivamente por
mujeres, se centró entre otras cosas
en la lucha contra la biotécnica y la
tecnología genética. A principios de
los años ‘90, las RZ pusieron fin a
sus actividades por falta de estrategia
revolucionaria después de la caída
del Muro de Berlín.

Escurridizos a la policía

Hasta el nuevo milenio, policía y
justicia alemana tuvieron que esperar
para ver en el banquillo a personas
acusadas de pertenencia a las
RZ. Durante los últimos años tuvieron
lugar varios juicios, en parte
basados en dudosos testigos protegidos.
Una búsqueda y captura que
continúa más de 30 años después
de los supuestos hechos.

En octubre de 2007, en una banlieu
de París, una pareja alemana
de avanzada edad se dirige a la
farmacia donde habitualmente
compran sus medicinas. ¿Una
compra más? No. Esta vez les esperaba
la policía.

Sonja S. (76) y Christian G. (67), a
quienes las autoridades alemanas
acusan de varias acciones supuestamente
realizadas como miembros
de las Revolutionäre Zellen [Células
Revolucionarias], se hallaban en
“paradero desconocido” desde 1978.
Detenidos por primera vez, en Francia,
en el año 2000, fueron puestos
en libertad al rechazar el tribunal de
París la solicitud alemana de extradición,
dado que, según la ley francesa,
las acusaciones ya habían
prescrito. Sin estatus oficial, pero
tolerada, la pareja vivió desde entonces
cerca de París, a excepción
de una breve temporada a finales de
2007, cuando fueron detenidos por
segunda vez a raíz de un nuevo procedimiento
de extradición, basado
en los mismos motivos y ante el mismo
tribunal. Pero el resultado fue
diferente: el pasado 25 de febrero, el
tribunal falló favorablemente a la
extradición. Esta vez, la demanda se
había presentado en forma de orden
de detención europea, concepto legal
intracomunitario, según el cual
el país solicitado reconoce y acepta
el contenido de la orden emitida por
otro país miembro sin verificar el
contenido de la misma.

Una mala novela policíaca

Lo que parece el comienzo de una
mala novela policíaca no es sino
una escena de un cuento de nunca
acabar, un cuento de la Europa
policial y penal, cuyo próximo capítulo
podría ser la extradición,
por parte de Francia, de aquella
pareja a Alemania.

Para que Christian y Sonja
también se sienten ante un juez
de su país de procedencia, el
Estado alemán cuenta con la ayuda
del Gobierno y de la justicia
franceses, fieles colaboradores
del Estado español en asuntos de
extradición, quienes con varios
fallos contra antiguos militantes
italianos también dejaron hecha
añicos la doctrina Mitterrand, labor
ya iniciada bajo el Gobierno
de Chirac. Por su parte, las autoridades
alemanas no dudan en
servirse para su objetivo de muy
cuestionables medios.

A Christian y Sonja se les acusa
de la explosión de una bomba, en
1977, en una empresa que exportaba
compresores para una instalación
de enriquecimiento de uranio
en la Sudáfrica del Apartheid; del
ataque, ese mismo año, contra una
empresa exportadora de bombas para
centrales nucleares en todo el
mundo; y de un incendio, en 1978,
en el castillo de Heidelberg, como
protesta contra la política de gentrificación
del entonces alcalde. A Sonja
se la acusa, además, de proporcionar
ayuda logística para el ataque
contra la conferencia de ministros
de la OPEP de 1975 en Viena. Esta
acusación se basa en declaraciones
de Hans-Joachim Klein, quien resultó
herido en este ataque, en el que
hubo tres muertos. En 1976, Klein
renunció a la lucha armada y vivió
clandestinamente en Francia hasta
su detención en 1998.

Declaraciones bajo sospecha

Enseguida, Klein se convierte en
testigo protegido, incriminando,
entre otros, a Sonja S. y Rudolf
Sch. de haber participado en el
ataque en Viena. En 2001, Klein es
condenado a una pena-descuento:
nueve años de prisión por triple
asesinato, saliendo en 2003 en libertad
provisional. Rudolf Sch.
queda absuelto por considerar el
tribunal que las declaraciones de
Klein a este respecto son contradictorias
y poco fiables. No obstante
son válidas para la orden de
detención contra Sonja.

Las otras tres acusaciones se
fundan en los “interrogatorios” a
Hermann F. Al explotarle una
bomba prevista para una acción de
protesta contra la junta militar de
Argentina, en 1978, Hermann resultó
gravemente herido, siendo
necesaria la amputación de ambas
piernas y la extracción de los ojos.
Sufrió un daño cerebral con posterior
epilepsia postraumática. A
partir del momento de su ingreso
en el hospital y hasta finales de octubre
de 1978, quedó bajo vigilancia
policial. A excepción de la de
sus padres, sólo recibió “visitas”
de policías, fiscales y algún juez.
Los interrogatorios se iniciaron al
día siguiente a la explosión.

Los abogados de Sonja y Christian
consideran inaceptable que
una orden de detención se base en
declaraciones obtenidas bajo circunstancias
que vulneran los derechos
humanos elementales y la
prohibición de métodos de interrogación
inadmisibles.

Ahora parece que sólo cabe esperar.
El 29 de mayo se desestimó el
recurso interpuesto contra la sentencia
favorable a la extradición.
Una vez que el primer ministro francés
firme la orden de extradición,
Christian y Sonja podrán ser entregados
a las autoridades alemanas.