El 24 de marzo, los ministerios de
Igualdad e Interior valoraron positivamente
el primer año de aplicación
del Plan Integral y cifraron en
1.300 las víctimas identificadas y
atendidas en 2009. Una semana antes,
las organizaciones Proyecto
Esperanza y Women’s Link Worldwide
(WLW), integrantes de la Red
Española contra la Trata de Personas,
denunciaban la expulsión de
una nigeriana, presunta víctima de
trata con fines de explotación sexual,
embarazada y amenazada de
muerte en su país. La identificaron
en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE), donde solicitó
acogerse al período de reflexión que
permite la nueva Ley de Extranjería
para migrantes en situación irregular
que son víctimas de trata.
No es un caso aislado. Viviana
Waisman, directora de WLW, denuncia
la "flagrante violación de
derechos humanos por parte del
Estado y su incumplimiento del deber
de proteger a las víctimas, a las
que se está denegando el derecho
al período de reflexión porque el
procedimiento carece de desarrollo
reglamentario y las autoridades
no saben cómo actuar".

Extranjería ‘versus’ derechos

En julio de 2009, el informe de
Amnistía Internacional (AI) Una vida
sin violencia para mujeres y niñas:
las otras víctimas de la violencia
de género, violencia sexual y trata de
personas recogía las denuncias de
organizaciones como la Asociación
para la Prevención, Reinserción y
Atención de la Mujer Prostituida
(APRAMP) sobre el "frecuente ingreso
de víctimas de trata en los CIE, la
mayor parte de las cuales son expulsadas
a sus países sin garantías de
seguridad". Según AI, la Policía no
sigue ningún protocolo para identificarlas
y les abre un expediente de expulsión
desde el principio.

La nueva Ley de Extranjería ordena
paralizarlo si la víctima “denuncia
a los autores, coopera o colabora con
las autoridades, proporcionando datos
esenciales o testificando”. Ello
vulnera el Convenio contra la Trata
de Personas del Consejo de Europa
de 2005, que exige brindar asistencia
integral a las víctimas de trata independientemente
de si colaboran o no
y de su situación administrativa.
Muchas de ellas no tienen información
suficiente sobre sus tratantes o
no denuncian por miedo. Pero, incluso
si lo hacen, eso no les garantiza
protección: en mayo de 2009, el
Tribunal de Justicia Europeo condenó
al Estado español por no aplicar
la directiva comunitaria 2004/81/CE
que insta a expedir un permiso de residencia
a las víctimas de trata que
cooperen con las autoridades. Tampoco
se les está brindando asilo por
persecución por motivos de género,
como prevé la Ley de Igualdad.
Proyecto Esperanza considera fundamental
“proporcionar una mínima
seguridad a las familias de las víctimas
ante las represalias de las mafias
para amenazar, coaccionar y atemorizar
a las mujeres en sus países
de origen. En este sentido es fundamental
una modificación de la Ley
de Protección de Testigos”.

Amnistía critica que el Plan “no
contempla la trata con fines que no
sean de explotación sexual ni medidas
específicas para menores de
edad”. También reclama una definición
autónoma del delito de trata
conforme a los protocolos internacionales,
que distinguen el tráfico
de migrantes (smuggling) de la trata
(traficcking), que incluye los fines
de explotación sexual, laboral,
la esclavitud y la extracción de órganos.
El anteproyecto de reforma
del Código Penal incorpora esta
acepción. AI lo valora, pero cree
que debe ser un delito de derecho
internacional y no ordinario.

CIFRAS CONFUSAS
Y CONTROVERSIA

La trata con fines de explotación
sexual es la más visible y controvertida.
Según el Grupo Socialista,
las mafias internacionales
controlan la prostitución. Según
Amnistía, “incluso en la información
del Instituto de la Mujer hay
confusión entre trata de personas,
tráfico de migrantes y prostitución”.
El colectivo Hetaira por
los derechos de las prostitutas
considera “vacías” las estimaciones
de Interior e Igualdad y reclama
“indicadores objetivos para
identificar a las víctimas”.