La privatización del servicio de traducción judicial

Los traductores e interpretes judiciales
han tomado en los últimos
años una importancia creciente.
No sólo traducen informes, diligencias
o comisiones rogatorias
o sentencias, sino que atienden
en las diligencias policiales (en
los aeropuertos, en comisarías...)
y judiciales a los extranjeros. Sin
embargo estos servicios, fundamentales
para que testigos, acusados,
abogados, policías y tribunales
puedan comunicarse llevan
años privatizados.

, Madrid
12/04/11 · 7:30
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La entrada de las empresas privadas
en un servicio que antes
realizaban traductores judiciales
dependientes de la Policía o de
los propios juzgados, comenzó en
Catalunya
bajo el Gobierno de
CIU tras asumir la Generalitat las
competencias de Justicia. Actualmente
dos empresas gestionan
las traducciones de todos los juzgados
y todas las comisarías de
los Mossos y de la Policía Nacional
en Catalunya.

Pese a las crecientes críticas por
el empeoramiento de las condiciones
laborales y de la calidad
del trabajo de los intérpretes, el
modelo catalán se extendió al
resto del Estado
. En 2007, la
Comunidad de Madrid concedía
a Seprotec, Traducción e Interpretación
SL los servicios de traducción
e interpretación judiciales,
al igual que otras CC AA,
como la valenciana. En mayo de 2008, poco antes de
la primera gran polémica mediática,
la Policía Nacional pasó a disponer
de buena parte de sus
intérpretes a través de Seprotec,
aunque mantuvo en plantilla propia
a una parte de los intérpretes.

En junio de 2008 estalló un
escándalo al difundirse que la
empresa enviaba intérpretes que
apenas hablaban los idiomas para
los que eran llamados
, intérpretes
con antecedentes penales
que traducían en los juzgados o
sin permiso de residencia que
acudían a trámites de Extranjería,
o intérpretes que apenas sabían
leer y escribir. A finales de 2009,
la titular del juzgado de lo Penal
nº 29 de Madrid, Pilar de Luna
Jiménez de Parga, elaboró un informe
en el que denunciaba las
irregularidades e incumplimientos
de Seprotec recogiendo casos en los que, por ejemplo, una traductora
de ucraniano fue asignada a un
acusado polaco. Esto provocaba,
según la jueza, “una gran indefensión
en los ciudadanos extranjeros”
ya que “el intérprete no le
transmite al acusado lo que se
dice en el juicio”.

La Consejería que preside Francisco
Granados rescindió el contrato
con Seprotec a finales de 2009
pero como la empresa no había
sido sancionada, volvió a resultar
adjudicataria para facilitar
los intérpretes judiciales a los juzgados de
Madrid capital en 2010. En
marzo de 2010, el periódico digital
El Plural.com informaba que
Granados había otorgado un contrato
de casi un millón de euros al
grafólogo que negó los vínculos
entre la Consejería de Interior y la
trama de espionaje por la que fueron
imputados cuatro altos cargos
de Esperanza Aguirre.

La Asociación
Española de Peritos Tasadores
Judiciales (AEPTJ), presidida
por el perito Castor Iglesias, había
ganado un concurso de carácter
bianual para dotar los juzgados
madrileños de intérpretes y traductores judiciales.
Ello a pesar de tener “puntual”
experiencia en estos ámbitos,
en palabras de su presidente.
Antes de oficializar su relación con
la Comunidad en lo relativo a traducciones,
AEPTJ ya prestó estos
servicios durante un mes y medio
por instrucciones directas de la
Consejería de Granados.

Más información:

- [ Los abogados del turno de oficio se movilizan por la justicia gratuita->14373]

Tags relacionados: Francisco Granados Número 147
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Licencia

comentarios

3

  • |
    anónima
    |
    16/06/2011 - 10:28pm
    <p class="spip">Antes de nada, quería agradecer a Diagonal que se haya hecho eco de la desastrosa gestión de los servicios de traducción e interpretación judicial tanto en los tribunales como en la policía. Sí, efectivamente son muchas las CC. AA. que han renunciado a la calidad de la prestación de los servicios de traducción e interpretación en favor de una supuesta reducción de los costes (algo que se supone les permiten las subcontratas y que no puedo sino poner en tela de juicio ).</p> <p class="spip">El problema principal que tenemos los traductores e intérpretes que trabajamos para la Administración de Justicia (y lo mismo sucede con los que trabajan para la policía) es que nuestro oficio no está profesionalizado. A pesar de que la Licenciatura en Traducción e Interpretación está contemplada como tal en los planes de estudio de las universidades desde principios de los años 90, la Administración de Justicia (y la policía) sigue haciendo oídos sordos a la existencia de profesionales en el sector y opta por contratar servicios de empresas privadas que en la práctica (que no sobre el papel) no exigen la titulación correspondiente a sus traductores, que no se preocupan en formarlos y que además se quedan con el 50% de los honorarios que perciben los traductores-intérpretes. Está claro que en Justicia la calidad no es un criterio, lo que hace que a veces se violen las garantías procesales, pues es obvio que un intérprete no ya ni siquiera que no ha sido formado para interpretar en un campo tan especializado como es la traducción judicial, sino que, lo que es peor, muchas veces desconoce en profundidad sus idiomas de trabajo no puede cumplir con las exigencias de profesionalidad que serían deseables. Si todos somos iguales ante la ley, todos, incluidos los hablantes de una lengua distinta al español, tenemos derecho a comprender la integralidad del acto por el que se nos juzga, es decir, el acto del juicio. Pues bien, sucede a veces (y esto se debe en parte a que las funciones del intérprete en los tribunales no están del todo precisadas, o no como sería deseable, en la legislación española , y a que los jueces muchas veces no entienden la importancia de nuestra función como puentes de comunicación) que o bien el intérprete solo interpreta la declaración del acusado o bien el juez solo le permite interpretar lo anterior porque, en términos estrictos y obtusos, es eso lo único que la exige la ley. Y digo yo, si un acusado que entienda español tiene derecho a entender todo lo que sucede a su alrededor en el acto por el que se le juzga, ¿Por qué un hablante de otra lengua solo tiene derecho a comprender las preguntas que le formulan las partes durante su interrogatorio y no también las declaraciones de los testigos o los peritos? ¿Cómo puede alguien que no ha comprendido lo que ha pasado en su propio juicio ejercer como es debido su derecho a la palabra final? No quiero terminar sin decir que mi intención ha sido simplemente esbozar un breve estado de la cuestión. La cuestión es compleja y merece tiempo y un análisis serio y riguroso tanto por parte de las instituciones como de los profesionales en la materia. Y termino mostrando mi total acuerdo con el hecho de que es intolerable que servicios que redundan en una buena administración de la justicia estén privatizados y que haya empresas que se estén lucrando a costa de ofrecer unas prestaciones sin calidad (en general, que también hay intérpretes profesionales que trabajan para estas empresas, aunque sean los menos) y mal retribuidas (parece mentira que los intérpretes que trabajan para la policía ni siquiera cobran un plus por nocturnidad ni por desplazamiento) y que la Administración de Justicia cierre los ojos. Y para concluir, un jugoso comentario salido de la boca de un funcionario de Justicia: “total, si se trata tan solo de extranjeros… ¡qué más da que no se enteren!”. A buen entendedor…</p>
  • |
    caroline
    |
    12/04/2011 - 4:42pm
    <p class="spip">Muchas gracias por la aportación.</p> <p class="spip">Hemos incorporado los cambios sugeridos.</p> <p class="spip">Un saludo,</p>
  • |
    anónima
    |
    12/04/2011 - 2:17pm
    <p class="spip">Ante todo, muchas gracias por dedicarle un espacio a la denuncia de la penosa planificación lingüística en los servicios de justicia.</p> <p class="spip">Sólo una puntualización: los términos «traducción jurada» y «traducción judicial» no son sinónimos y mezclarlos da lugar a confusión. La acreditación de traductor-intérprete jurado (que es quien hace las traducciones juradas o certificadas) la otorga el MAEC tras haber superado el examen correspondiente o los requisitos académicos necesarios. Se puede ser traductor-intérprete jurado sin estar especializado en la traducción o interpretación para los servicios judiciales. De hecho, es muy común que así sea, ya que una cosa no tiene que ver con la otra.</p> <p class="spip">Sugeriría que en los casos en los que se habla de traducción jurada en este artículo se cambiara el término por «traducción judicial» («interpretación judicial» si es oral) o alguna otra perífrasis del tipo «traducción/interpretación en los servicios de justicia/servicios judiciales», por ejemplo.</p> <p class="spip">Muchas gracias.</p>
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