COLOMBIA // SANTOS SE VE OBLIGADO A RETIRAR SU PLAN
La presión social tumba la reforma universitaria

Aunque los estudiantes desconfían, se abre una etapa
de diálogo con el Gobierno colombiano para definir el
procedimiento de construcción de una nueva ley.

25/11/11 · 8:00
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Foto: La tercera

Las Universidades públicas de
Colombia presentan el déficit presupuestario
más alto de su historia, algunas
ya se han declarado en quiebra,
tan solo una universidad
Colombiana se encuentra entre las
500 mejores
del mundo y la mitad de
la educación superior del país es privada.

Mientras que las protestas estudiantiles
en Chile han capturado la
atención de todo el continente y buena
parte del resto del mundo, no son
muchos los que saben que en
Colombia desde hace varios meses
también se libra una batalla por el
futuro
de la educación superior.

Organizaciones estudiantiles, de docentes
y sindicatos de Colombia se
manifiestan contra la reforma de la
Ley 30 de Educación Superior,
que
terminará por ahogar financieramente,
y consecuentemente privatizará,
las universidades públicas.

Además rechazan el alza de las
matrículas, especialmente de las universidades
privadas, que pueden llegar
a costar 10.000 dólares al año, en
un país donde el salario mínimo es
de 300 dólares
y el 60% de la población
ocupada, según el mismo
Gobierno, cobra aún menos. Únicamente
el 0,49%del Producto Interior
Bruto colombiano se destina a la educación
superior (mientras el presupuesto militar
es demás del 6%), sólo
el 37% de los estudiantes acceden
a la educación superior, y el 45% de
esos estudiantes universitarios nunca
se llega a graduar.

En este contexto y aprovechando
los últimos meses del Gobierno de
Uribe, se tomó la decisión de reformar
profundamente
las normas de
funcionamiento de la universidad colombiana.

Es preciso recordar que
Juan Manuel Santos, actual presidente
de Colombia, prometió durante
su campaña electoral crear
600.000 nuevas plazas en educación
superior;
lo que nunca dijo fue cómo
haría esto, ni qué tipo de educación
pretendía imponer.

Al conocer los primeros borradores
del proyecto, desde diferentes
organizaciones estudiantiles, y de
profesores, se empezó a generar un
rechazo generalizado a dicha reforma,
pues se sabía que ésta traía un
espíritu completamente privatizador,
manteniendo el ahogo de las
universidades públicas, y en principio
contemplaba la creación de universidades
con ánimo de lucro.

Sólo el 37% de los
estudiantes acceden a la
educación superior y el
45% de estos no llega
nunca a graduarse

Los
estudiantes colombianos mostraron
desde el comienzo su rechazo “al camino
chileno”: cinco años estudiando
y 15 pagando,
con un sistema de
créditos que se conceden a través de
los bancos privados, y que tienen
unas tasas de interés de un 6% como
mínimo, por encima incluso de
un crédito hipotecario.

En marzo de 2011, el Ministerio de
Educación anunció que propondría
dicha reforma. El Gobierno de
Santos empezó una etapa de difusión

del proyecto por todo el país.

En
ninguno de estos encuentros, estudiantes
ni profesores estuvieron de
acuerdo con tal iniciativa. Sin embargo,
este proyecto siguió su camino
hasta llegar al Congreso
de la
República. Reuniones, encuentros,
congresos, mesas de trabajo y debates
en todas las universidades públicas,
y muchas privadas, eran el punto
de partida de un movimiento de
resistencia, que se ha extendido por
toda la geografía colombiana.

Uno
de los principales argumentos de esta
lucha es que se sabe que la reforma
no tenía la intención de darles
una mejor educación
a más colombianos,
ni de fortalecer la universidad
pública. Por el contrario, su verdadero
propósito es la adaptación de
la legislación colombiana a las imposiciones
de los tratados de libre comercio.

En palabras del portavoz de
los estudiantes, Sergio Fernández,
“la reforma sólo ha tenido dos problemas:
la forma y el contenido. Es
decir, todo”.

Los estudiantes organizados

Los días 20 y 21 de agosto se creó en
Bogotá la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (MANE), en la que más
de mil estudiantes pertenecientes a
diferentes procesos organizativos
de las 32 universidades públicas y
más de la mitad de las 48 universidades
privadas del país acordaron
un programa mínimo basado en siete
puntos:
financiación, democracia
y autonomía, bienestar estudiantil,
calidad académica y libertades democráticas
y relación entre la universidad
y la sociedad. En esta mesa
también se aprobaron una serie de
propuestas básicas como respuesta
al proyecto del Gobierno.

Tan solo dos días después de este
encuentro, y tras una visita a Santiago
de Chile, el presidente Santos
decidió quitar del texto
legislador el
artículo que permitía expresamente
el ánimo de lucro para meterlo por
la puerta de atrás de la reforma.

En Colombia sólo se
invierte en educación
el 0,49% del PIB,
mientras que el gasto
militar asciende al 6%

Hecho que demuestra dos cosas: la
primera, que en el encuentro había
infiltrados (o que se dio una curiosa
casualidad), y la segunda, que
Santos sabía que le era imposible
presentar una iniciativa igual
a la
que tenía a Piñera, el magnate y presidente
chileno, contra la pared.

Ante la retirada de este fragmento
de texto, los estudiantes colombianos
no cayó en la complacencia; por
el contrario, salió decidido a las calles,
en el marco de la movilización
democrática y la resistencia civil, a
exigir un cambio de rumbo en la política
educativa.

El 12 de octubre se desarrolló la
primera gran marcha nacional en
oposición
a la reforma, y a partir de
ese día empezó el gran paro nacional
universitario, puesto que la reforma
ya se encontraba en marcha.

Las 32 universidades públicas dejaron
de impartir
clases, frente a lo
cual el Gobierno de Santos hizo caso
omiso desde el primer día y emprendió
una campaña mediática en contra
de los estudiantes con la consigna
“los estudiantes están confundidos”,
lo cual fue una estrategia poco
astuta
por parte del Ejecutivo, ya que
le dio más fuerza a la movilización.

Durante el paro nacional, los estudiantes
se dedicaron a construir mesas
de trabajo sobre educación
superior,
y la movilización tomó cada vez
más color, se realizaron marchas de
antorchas, jornadas de besos y abrazos
colectivos, abrazos colectivos,
conciertos, etc. La protesta estudiantil
pasó a ser una protesta social nacional,

a la que sumaron su apoyo
sindicatos, sectores sociales de diferentes
orígenes, líderes de la izquierda
democrática y una buena parte
de la sociedad civil.

Todos con la
consigna única de retirar la propuesta
de reforma y construir una propuesta
democrática en conjunto con
los estudiantes y la comunidad académica
en su conjunto.

Para el 9 de noviembre, con las
universidades cerradas durante casi
un mes, Santos anunció su primera
derrota, el retiro de la reforma.

El
presidente puso como condición el
reinicio de clases por parte de los estudiantes,

con el ánimo de quitar peso
a la gran marcha nacional del 10
de noviembre, que paralizó la capital
colombiana. Ante los hechos, la
MANE, como máximo órgano representativo
de la unidad estudiantil
y bajo consenso, respondió pidiendo
garantías reales para la
construcción de una nueva reforma
que incluya a todos los sectores
de la academia. El 16 de noviembre,
la MANE decidió levantar el
paro y regresar a las clases
bajo la
premisa de la construcción democrática
y participativa, de un proyecto
que responda a los intereses
de Colombia.

En Colombia, el gasto por alumno
no llega a 3.000 dólares,
que con la reforma educativa
propuesta por Santos se verían
disminuidos a 250.

La mayoría
de estos recursos serán canalizados
vía créditos estudiantiles
en lugar de ser entregados
directamente a unas universidades
que arrastran un déficit de
cerca de 350 millones de dólares.
El presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, tuvo que
eliminar la inclusión de instituciones
con fines de lucro en el
sistema universitario colombiano,
al estilo chileno.

Sin embargo,
la propuesta de reforma
mantiene el lucro y la privatización
de la educación superior,
pues sigue promoviendo que
las universidades públicas se
asocien con empresas privadas.

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