Sí, si denuncio en la Policía
Nacional. No, si denuncio
en la Policía Municipal de
Bilbao o en la Ertzaintza”.

Esta recomendación se incluía en
la guía Mujer, salud y violencia publicada
por el Área de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía del
Ayuntamiento de Bilbao, en la que
se tratan temas como el amor, la
sexualidad, las violencias y las ayudas
para denunciar. Y fue utilizada
por la portavoz del PP en el Ayuntamiento
para encender la polémica.

Envió una nota a los medios de
comunicación y a los sindicatos de
policía acusando al consistorio de
estigmatizar a la Policía Nacional.
La noticia se extendió gracias a titulares
del estilo de “Retira una
guía que pide a las inmigrantes no
denunciar malos tratos ante la policía”,
difundidos por una agencia y
algunos medios.

Parece que, aunque quede año
y medio para las elecciones municipales,
el Partido Popular ve en
la nueva coyuntura de Euskadi
posibilidades para alcanzar el
Gobierno Municipal y no descarta
utilizar temas sensibles como la
inmigración o la seguridad ciudadana.
Habrá que ver con qué paso
coge a los otros partidos y a los
movimientos sociales.

Todo ello mientras en el Senado
se discutían las enmiendas a la Ley
de Extranjería (LOEX) y la introducción
del nuevo artículo 31bis.
¿Cómo una posible imagen negativa
de un cuerpo policial se
convierte en noticia de interés nacional
y, sin embargo, pasa desapercibido
que se inicien procedimientos
de expulsión a mujeres
que ponen una denuncia? Lo que
subyace en el nuevo artículo de la
Ley es la sospecha de que la mujer
miente y, en muchas ocasiones,
denuncia para obtener un beneficio,
y todavía más si es extranjera.
Es momento de pensar por qué
no se ponen en marcha todos los
mecanismos de indignación ante
episodios de violencia institucional
como éste o los que hemos presenciado
en Barcelona con la detención
de mujeres que ejercen la
prostitución en la calle y a las que
se abre un procedimiento de expulsión
o son directamente deportadas.

Estos últimos situaron la prostitución
en la agenda de algunas
organizaciones. Prueba de ello es
que en las manifestaciones del 25
de noviembre se vieron lemas sobre
la prostitución como forma de
violencia contra las mujeres. Pero
no hemos conseguido que los medios
hablasen del escándalo que
supone la detención de mujeres sin
derechos y que no habían cometido
delito alguno.

La situación de especial vulnerabilidad
que sufren las mujeres
inmigrantes debido a factores como
que en muchas ocasiones se
ven sometidas a formas de trabajo
subordinado está completamente
invisibilizada. Los datos de
los pocos estudios sobre el tema
son escalofriantes: por ejemplo,
el 53% de las mujeres inmigrantes
empleadas en el servicio doméstico
en Euskadi declaran haber
sufrido acoso sexual en algún
momento a lo largo de su relación
laboral. Los espacios de desprotección,
como el vergonzoso Régimen
especial de las trabajadoras
del hogar, se convierten en
zanjas de mayor injusticia.

La reforma de la Ley de Extranjería
insiste en que se puede detener
a las personas en situación irregular
en cualquier momento. Y las
mujeres seguirán siendo las mayores
perjudicadas en este nuevo recorte
de derechos. Es imprescindible
tejer sólidas alianzas entre los
movimientos sociales e incluir en
cada una de nuestras luchas a todas
las mujeres o corremos el riesgo
de que la ley caiga con aún mayor
contundencia sobre ellas.