Vivir en el ajuste salarial permanente

Las medidas de ajuste salarial
se han convertido en el
instrumento primordial del
gobierno de Zapatero frente
a la crisis. Ése es el denominador
común de las principales reformas
aprobadas en los últimos meses,
así como de las que previsiblemente
se pondrán en marcha antes
del verano.

, Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM
24/03/11 · 8:00
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Una vez consolidados los masivos
despidos laborales durante
2009, los ataques de los mercados
financieros han empujado desde
2010 a una segunda fase en el ajuste
de la masa salarial: la ofensiva
contra los salarios directos, indirectos
y diferidos. La reducción salarial
del 5% a los empleados públicos,
así como los recortes en
educación, sanidad y otros gastos
sociales, se inscriben en esa lógica
de cuestionamiento de las distintas
dimensiones del salario.
También lo hacen la reforma laboral,
el denominado ‘pacto social’,
así como la reciente propuesta de
vincular el crecimiento salarial con
el de la productividad.

La reforma laboral de junio de
2010 facilitaba y abarataba el despido,
flexibilizando la justificación del
despido objetivo y generalizando el
contrato de fomento del empleo (de
menor indemnización). Con ello, se
tiende a igualar las condiciones de
asalariados indefinidos y precarios,
pero a la baja, recortando derechos
de los primeros.

Por otro lado, la reforma del sistema
de pensiones->13439] constituye una
agresión de importante calado al
salario diferido: para jubilarse a
los 65 años con el 100% de la pensión,
ahora serán necesarios 38,5
años cotizados en lugar de los 35
anteriores; quienes no lleguen,
tendrán que jubilarse a los 67 años
–-con 37 años cotizados–. Además,
el periodo de cálculo de la pensión
se amplia de 15 a 25 años. No sólo
buena parte de la población se jubilará
más tarde –especialmente
las mujeres y los trabajadores precarios,
con cotizaciones más inestables–,
sino que quienes consigan
hacerlo a los 65 cobrarán entre un
8% y un 10% menos.

En la misma línea se sitúa el llamado
‘pacto de competitividad’, impulsado
por los ministros de Economía
y Finanzas de la Unión Europea.
Esta propuesta resulta –aún si
cabe– una expresión más cruda y
descarnada de ataque salarial. En
este caso son los salarios directos
los que están en el punto de mira: la
propuesta plantea que éstos dejen
de incrementarse con la inflación y
pasen a hacerlo con la productividad
real, lo que supone, de facto,
institucionalizar un mecanismo de
‘ajuste salarial permanente’. El crecimiento
anual medio de la inflación
en España fue del 3% durante
la última década, mientras que el de
la productividad real fue del 1%.

Frente a esta batería de medidas
antisociales, las grandes centrales
sindicales, CC OO y UGT, deberían
actuar como diques de contención,
impidiendo que la crisis fuese repercutida
a los y las trabajadoras.
Sin embargo, la firma de la reforma
del sistema de pensiones –en contra
además de la opinión mayoritaria
de la población– constituye un enorme
error estratégico, dado que no
sólo no contribuye a levantar dicho
dique sino que, al contrario, corresponsabiliza
a estas organizaciones
con las políticas de recortes.

El aval de CC OO y UGT a dicha
reforma ha reforzado la desmovilización,
desorientación y desmoralización
de las y los trabajadores,
quebrando la confianza en las organizaciones
sindicales y dilapidando
la incipiente acumulación de fuerzas
conseguida en la huelga general
del 29-S
. La pelea contra las políticas
de ajuste salarial de este Gobierno,
y del que venga, será de largo
aliento. En ese sentido, hubiese
resultado más provechoso para los
intereses de la población trabajadora
contribuir a organizar, preparar y
sostener la movilización social.

Tags relacionados: la unión europea Número 146
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