El verdadero rostro de la orden de detención europea

Detenida por la policía en Mauléon el 1 de noviembre, la activista vasca francesa Aurore Martin fue entregada inmediatamente a las autoridades españolas en ejecución de una orden de detención europea emitida por dicho país en octubre de 2010. Quedando en prisión preventiva, se la busca en España por “pertenencia a organización terrorista”. Miembro de Batasuna, un partido político prohibido en el país solicitante pero legal en Francia, de hecho se la busca por haber participado en España en reuniones y conferencias de prensa y por haber publicado artículos de opinión.

02/01/13 · 15:12
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Detenida por la policía en Mauléon el 1 de noviembre, la activista vasca francesa Aurore Martin fue entregada inmediatamente a las autoridades españolas en ejecución de una orden de detención europea emitida por dicho país en octubre de 2010. Quedando en prisión preventiva, se la busca en España por “pertenencia a organización terrorista”. Miembro de Batasuna, un partido político prohibido en el país solicitante pero legal en Francia, de hecho se la busca por haber participado en España en reuniones y conferencias de prensa y por haber publicado artículos de opinión.

Es la primera vez que Francia entrega a la justicia española a uno de sus ciudadanos por motivos políticos. Dicha entrega puede parecer sorprendente sabiendo que, tras una primera tentativa de arresto abortada en Bayona en 2011, Aurore Martin había vuelto a aparecer en público desde hace más de un año. Mientras que el entonces candidato François Hollande se había opuesto a su extradición, la decisión corresponde al ministro francés de Interior, Manuel Valls. Este arresto se produjo de hecho inmediatamente después de una entrevista que este concedió al periódico español El País en la que afirmaba que Francia continuará “con firmeza” su lucha contra ETA.

El hecho de que la solicitud se haya realizado por medio de tribunales de excepción que legitiman la tortura de prisioneros ya no constituye un obstáculo para entregar a una persona que posee la nacionalidad francesa. Este asunto desvela lo que permite ahora la orden de detención europea y que no autorizaba el antiguo procedimiento de extradición.

La orden de detención cobra toda su dimensión liberticida en el marco de “la lucha contra el terrorismo”. Recordemos que la tipificación del terrorismo es de orden político. La orden de detención instaura un mecanismo de solidaridad entre gobiernos europeos frente a las oposiciones a las que no quieren reconocer como tales y que califican de criminales. Al contrario que con el antiguo procedimiento de extradición, la decisión de entregar a la persona buscada no recae formalmente en el gobierno del país que recibe la solicitud, ya que ahora se trata de un acto judicial meramente de procedimiento, que suprime los distintos controles que existían antes.

En el procedimiento de extradición, el control judicial se refería a la materialidad de los hechos y a la legalidad de la solicitud. En cuanto a la orden de detención, ya no se refiere más que a la validez formal del documento. El abandono de los procedimientos de verificación hace que la entrega tenga un carácter prácticamente automático. Semejante modo de operar es lo opuesto al de la extradición, en el que la decisión recaía finalmente en el poder político. Actualmente, la decisión política de extraditar la toma una máquina que neutraliza cualquier posibilidad de protesta.

El procedimiento de extradición se basaba igualmente en la exigencia de una doble tipificación: la extradición sólo era posible si el hecho perseguido constituía un delito tanto en el país solicitante de la persona incriminada, como en el país que recibía la solicitud. La orden de detención europea abandona tal condición: basta con que el comportamiento en cuestión constituya una infracción en el Estado solicitante. Eso explica porqué se ha entregado a Aurore Martin a España por pertenencia a una organización política prohibida en España pero legal en Francia. Se trata de una consecuencia del principio de confianza mutua. Se plantea a priori que los sistemas penales de los países de la Unión Europea respetan la democracia y el Estado de Derecho. La puesta en práctica de la orden de detención sólo se puede suspender “en caso de violación grave y reiterada de los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros”.

La entrega de Aurore Martin nos muestra que la existencia de tribunales de excepción, así como el uso sistemático de la tortura con los activistas vascos ya no constituyen, para Francia, “una violación grave” que ponga en cuestión la extradición de un ciudadano francés. En lugar de conducir a la unificación de los códigos penales de los Estados miembros, la orden de detención posibilita la instauración de un espacio judicial que permite la subsistencia de las disparidades entre los sistemas judiciales. Su resultado es simplemente extender la soberanía de los Estados miembros en materia penal al conjunto del territorio europeo. Si la creación de una tipificación que especifica el acto terrorista permite a un Estado miembro la adopción de reglas de procedimiento penal que derogan el Derecho común, la orden de detención permite generalizarlas al conjunto de la Unión Europea.

La reivindicación de un “uso no político” de la orden de detención europea, por naturaleza política, es en sí mismo un sinsentido. El único modo de enfrentarse a la amplitud de la negación de la democracia que constituye esta reforma es reclamando su supresión y el regreso al antiguo procedimiento de extradición.

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