De todos, de pocos y en el medio

Este texto pretende ser una reflexión panorámica sobre el papel de la intervención social y las relaciones públicas, privadas y militantes.

04/11/09 · 0:00

Este texto pretende ser una reflexión panorámica sobre el papel de la intervención social y las relaciones públicas, privadas y militantes.

Las prestaciones sociales públicas simbolizan la materialización de derechos en lo concreto, conseguidas en muchos casos tras largas luchas y esfuerzos. Suponen una ayuda importante para determinadas personas y colectivos en situaciones de precariedad, marginación o exclusión. Sin caer en la complacencia, hoy día esos logros son insuficientes en la cobertura de necesidades sociales.

Esto se debe al aumento de la demanda y la falta de recursos que lo acercan a la saturación; a la lentitud y exceso de burocracia en la tramitación, resolución y ejecución; a absurdos, lagunas e injusticias legales; o a las críticas sobre su función asistencial y de control. Han de complementarse con otro tipo de iniciativas de intervención social. Éstas pueden provenir también del ámbito público, pero han de compartir su práctica con aquellas que compiten de lleno en el mercado y con otras, quizás las más cercanas, que, provenientes de la sociedad civil, se mueven en los límites o en la intersección entre ambas.

En plena transformación de roles –de suma responsable a mera controladora y árbitro–, la(s) Administración( es) pública(s), se abren a compartir su protagonismo, además de con los colectivos de afectados/as, con organizaciones religiosas, asociaciones y movimientos sociales, organizaciones sindicales, fórmulas empresariales, obras sociales... Entes que cada vez tienen más que decir –cabe una amplia gama de discursos que pueden ir desde la democracia radical a la responsabilidad social corporativa– debido en gran parte a su propia necesidad, proactividad o progreso. Pero también que puede hablar en mayor medida gracias al territorio, antes público, que ahora ocupan ante el desmantelamiento del Estado de bienestar y los procesos de privatización y externalización de los servicios públicos.

El ámbito privado, siempre duro y opaco, centra su objetivo en el lucro y en el desarrollo del principio de libre competencia en la apertura de nuevos nichos de empleo fruto de la evolución de una sociedad que se muestra reacia al desafío que supondrían mejoras estructurales de mayor calado. Las organizaciones empresariales que vertebran el mercado siguen empujando a los Estados a suscribir acuerdos como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios , aprobar directivas como la Bolkestein o atender con esmero a indicaciones como las del Informe Delors, so pena de estancamientos o sanciones por parte de la UE.

Necesidades sociales

Por otro lado, y casi de manera contradictoria, estas relaciones formalmente público-privadas, aún corriendo el peligro de caer en dinámicas clientelares y partidistas, en muchos casos han demostrado gran eficiencia, gracias a su mejor ajuste a las rápidamente cambiantes necesidades sociales. Las lógicas de trabajo flexibles y la atención entendida desde parámetros multidisciplinares han supuesto una ruptura con determinadas dinámicas ligadas a un servicio funcionarial encorsetado. Y han posibilitado, mediante fórmulas de externalización suave, una puerta de entrada a sectores críticos que la han sabido aprovechar para promover una necesaria reinvención de lo público. En esta órbita se hallan determinados sectores de la sociedad civil, voces militantes que valoran la reivindicación ante la Administración como una característica del proyecto político que hace que éste gane en potencia y no en debilidad. Muchas de estas reivindicaciones pasan por que la propia Administración las asuma y ejecute, ejerciendo su clásico papel de suma responsable y dejando desempeñar a los movimientos sociales su también clásico papel de corriente crítica. Por otro lado, otros proyectos políticos, en número creciente, que también sostienen reivindicaciones a lo público, enarbolan discursos de democratización de la democracia que dan una vuelta de tuerca más, reclamando también el ejercicio de las propuestas que han puesto sobre la mesa. Y el reconocimiento de su legitimidad para ello por parte de la Administración. Es aquí donde cobran sentido, por ejemplo, las fórmulas de economía social –o tercer sector– o algunas iniciativas denominadas públicas no estatales.

Como camino del medio, este terreno es el que genera mayor controversia, en tanto la fórmula jurídica u organizativa no asegura nada. Partiendo de una serie de principios que se le presuponen, el tercer sector sigue teniendo pendiente contraponerse con firmeza a iniciativas puramente mercantiles que le abren la puerta al lucro y se la cierran a la ética. Proyectos concretos aparte, quedan por ajustar cuestiones como el control del beneficio y de las ingenierías contables que lo encubren; la asunción de trabajos públicos de temporalidad únicamente puntual de manera que no se suplanten servicios que debiera ejercer directamente la Administración. O la posibilidad de iniciar procesos sociales que tiendan escenarios más sensibles a la demanda ciudadana y favorables a la creación de nuevos servicios estables que devuelvan la opción a lo público.

En tanto se vierte luz sobre la difícil toma de postura ante las realidades complejas, como dos caras de la misma moneda, todo buen proyecto precisará de parches en su largo y utópico caminar hacia un paradigma social de mayores transformaciones. Mientras, el sector continúa creciendo desordenado, siguiendo la lógica de “a más trabajo, mayor demanda de manos, ánimos y voluntades”. Iniciativas profesionalizadas de intervención social, de origen dispar considerando la diversidad de realidades del ‘mundo’ de lo social, habrán de seguir haciendo equilibrio sobre la diaria y abrupta tensión fruto de la crítica hacia su sentido y objeto, ‘desde abajo’, y de la falta de regulación de las condiciones laborales, que aprovechan ‘desde arriba’.

La intervención social es pertinente considerando su utilidad social y política, en tanto herramienta, al mismo tiempo que la acción política de corte estrictamente militante. El reto está en hacer ambas voluntades compatibles de manera que sirvan para asegurar la concreción y desarrollo de los derechos sociales.

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