Las reacciones ante un crimen evidencian un doble rasero social

Grupos LGTB de Portugal
relacionaron este crimen
con la educación
homofóbica de
instituciones católicas y
convocaron actos ante
una sede de la Iglesia,
una decisión que ha
creado divisiones.

03/06/06 · 12:26
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GISBERTA.

Los autores del crimen, 14 jóvenes
de entre 10 y 16 años, que está previsto
serán juzgados a mediados de
mayo, habían agredido a la víctima,
de nombre Gisberta, en otras ocasiones.
La mayoría de ellos vivían
en la Oficina de San José, una institución
católica de acogida para “chicos
conflictivos” cercana al edificio
en construcción donde solía dormir
Gisberta. El pasado 19 de febrero
se dirigieron a dicha obra y tras
atarla, amordazarla, apedrearla, patearla,
apalearla, quemarla con cigarros
e introducirle palos por el
ano, la dejaron inconsciente. Durante
las dos noches siguientes, regresaron
para repetir las agresiones.

En la tercera de esas brutales
visitas, arrojaron a Gisberta -todavía
viva- al pozo del sótano del edificio,
donde murió ahogada. Horas
más tarde, la policía rescataba su
cadáver, tras la confesión de uno
de los adolescentes.
Pero incluso tras su muerte, la
víctima continuó siendo maltratada:
en contradicción con las declaraciones
de los jóvenes, un sacerdote
responsable del centro de acogida
sugirió públicamente que éstos
actuaron en legítima defensa porque
Gisberta los acosaba. Los políticos
y los medios de comunicación
de Portugal -e incluso las breves notas
de periódicos extranjeros, incluidos
algunos españoles- evitaron hablar
de “asesinato”, se limitaron a
mostrar su consternación por la
edad de los agresores, y subrayaron
las múltiples características marginales
de Gisberta: inmigrante brasileña,
transexual, toxicómana, prostituta,
seropositiva y sin techo. Asimismo,
rechazaron que lo sucedido
pudiera calificarse como un “crimen
de odio”, que la legislación portuguesa
castiga más severamente que
un delito común. Por su parte, las
autoridades judiciales tardaron en
hacer públicos los resultados de la
autopsia, y en su lugar dieron versiones
contradictorias sobre la causa
real de la muerte, atribuyéndola
al delicado estado de salud previo
de Gisberta en un intento de exculpar
a los adolescentes. Según denuncian
observadores de derechos
humanos, determinar la muerte
por ahogamiento es una de las
pruebas más fáciles y rápidas del
procedimiento forense. Ante la tardanza
en los resultados se produjeron
ciertas manifestaciones públicas
de alarma denunciando
una posible tergiversación. La autopsia
oficial finalmente difundida
confirmó entonces el ahogamiento
como causa de la muerte.

El 24 de febrero se realizó una vigilia
urgente frente al lugar del crimen.
Posteriormente, Panteras Rosa,
grupo queer que mantiene las
posiciones más reivindicativas en el
seno del movimiento portugués de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
(LGTB), promovió una
campaña en memoria de la víctima
y contra la hipocresía institucional
que ha rodeado el suceso. El 9 de
marzo convocó una concentración
de repulsa frente a la sede del
Prelado Católico de Lisboa, junto a
asociaciones de transexuales y de
prostitutas, grupos anti-sida, antirracistas
y feministas, la Casa de
Brasil, así como otros grupos LGTB,
denunciando la intolerancia contra
la diversidad sexual que transmiten
a los jóvenes las instituciones religiosas
y reclamando al Gobierno
portugués la sustitución del actual
sistema por el cual se deriva a la
Iglesia Católica numerosos servicios
sociales. Como símbolo contra
la invisibilización de la víctima en
los medios de comunicación, los
manifestantes llevaban grandes fotos
de Gisberta, que la prensa se ha
negado a reproducir. Estos grupos
denunciaron también que los medios
de comunicación evitaron
nombrar a Gisberta por su nombre,
refiriéndose a ella en masculino de
forma impersonal, con epítetos tales
como “el transexual muerto en
Oporto” o “el travesti ahogado”; y
que cuando finalmente optaron por
identificarla, la nombraban con su
nombre legal de varón.

En cambio, el caso ha tenido
un tratamiento favorable a
Gisberta en Brasil, su país natal.
Desde Sao Paulo, Abimael Salce,
sobrino de Gisberta y portavoz
de la familia, ha declarado que
estudian denunciar al Estado
portugués, al que consideran responsable
de su muerte.


“LA VIOLENCIA SIEMPRE TIENE RAÍCES”

Con este lema, Panteras Rosa
prefiere incidir en la responsabilidad
de las instituciones y
de la Iglesia más que en la
autoría directa de unos jóvenes
con trayectorias sociales
difíciles, y no duda en relacionar
el asesinato con la educación
homofóbica recibida por
los adolescentes. Por este
motivo eligió convocar la protesta
de Lisboa frente a una
sede eclesiástica. La decisión
no estuvo exenta de polémica:
ciertas asociaciones LGTB,
incluida la representación portuguesa
de la Asociación
Internacional de Lesbianas y
Gays (ILGA), no consideraron
adecuado el lugar y no participaron
en la concentración. De
hecho, el asesinato de Gisberta
no ha merecido la atención
prioritaria de los grupos LGTB
reformistas, centrados en reivindicar
el matrimonio con
personas del mismo sexo.
Según Sérgio Vitorino, miembro
de Panteras Rosa, ello es
preocupante: “La centralidad
atribuida hoy por parte del
activismo al tema del matrimonio
es ejemplo de esta tensión
entre la situación dramática
de una mayoría
discriminada y los deseos
legitimadores de una minoría
relativamente privilegiada
en la comunidad LGTB”. En
Panteras Rosa prefieren una
lucha más combativa y tienen
gran experiencia en
campañas anti agresiones.
En 2005 participaron como
acusación particular en el
juicio por agresión física a
un gay en Portalegre, meses
antes organizaban manifestaciones
contra una serie de
agresiones homofóbicas en
Viseu. Ahora solicita que se
dirijan cartas de protesta a
las instituciones portuguesas
según los modelos que se
pueden encontrar en su
web: panterasrosa.com

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