Pornografía y ‘net-Inquisición’



29/10/08 · 17:35
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La moral convencional y normativa
siempre ha sido desbordada
por la complejidad
de los sentimientos y los deseos.
La sexualidad o la psicología,
la sentimentalidad, la atracción y el
apetito sexual, difícilmente se han
adaptado nunca a un dogma o a un
decálogo. No son ansias incontrolables
pero, de alguna manera, podemos
decir que sí tienen vida propia
y una vida muy complicada además.

El resultado de la última redada
contra el consumo, almacenamiento
y distribución de pornografía infantil
en internet es buena prueba
de esa abierta y eterna contradicción
entre deseo y norma. “Profesionales
de la docencia, estudiantes
informáticos, varias personas en
paro y funcionarios, un alumno de
la academia de la Guardia Civil, un
militar de bajo rango, un miembro
de la Policía Nacional y hasta un
agente de los servicios secretos españoles
(CNI). También se ha detenido
a varios vigilantes de seguridad,
pilotos comerciales, conserjes,
taxistas o empleados de la banca,
algunos, jubilados” (2/10/2008 La
Vanguardia). El redactor escribe a
toda velocidad y boquiabierto la
multitud de profesiones desde las
que se puede ejercer la “inmoralidad”,
sorprendido de que ciertas
aficiones no estén reservadas a una
pandilla marginal de freaks.

Pero, en realidad, los pensamientos
‘impuros’ han existido siempre
sin distinción de clase, cultural ni
profesional. La contemplación
masturbatoria de un hombre, una
mujer, un menor, mientras se practique
en privado no implica otra falta
que la que la moral y la tolerancia
de cada uno le quiera atribuir.
Obviamente, se debe perseguir a
cualquiera que abuse, viole o explote
sexual o económicamente a
un menor; pero es absurdo imputar
a más de un centenar de personas
por no hacerse pajas con unas fantasías
“como Dios manda”.


Contra el consumidor

Lo curioso de estas ya cotidianas
redadas contra el consumo de pornografía
infantil en la red es que
se centran en el final de la cadena
y nunca alcanzan a quienes realmente
explotan a los menores y
producen el material. De los 121
detenidos, dos habían utilizado y
distribuido realmente fotos de menores
familiares, reconociendo la
policía que eran “dos casos idénticos
sin ninguna conexión”. El resto
de imputados lo son por el hecho
de consumir y compartir archivos.

El delito reside en contemplar y
distribuir la imagen, ficticia o no,
de un delito; y el juicio en realidad
es un juicio moral. Si se tratara de
coleccionistas de accidentes de tráfico
por exceso de velocidad o si
hubieran comprado un piso en edificios
que violan la Ley de Costas,
hoy no formarían parte de un
sumario judicial. A esta argumentación
suele responderse que el
consumo alimenta las redes que
explotan a menores, pero es una
réplica problemática si la tomamos
en serio. De aplicar este rigorismo
a todas las formas de consumo,
cualquiera de los que bebemos
Coca Cola a diario podríamos acabar
en el banquillo de los acusados
por la muerte de sindicalistas colombianos
o todo el que llene su
tanque de gasolina podría ser enviado
al Tribunal de La Haya por
los millares de muertos provocados
por la invasión de Iraq.

Moral y vida privada

En realidad, de lo que estamos hablando
es de un problema político:
el uso de la repugnancia moral colectiva
para afinar y justificar el
control de la vida privada a través
de la red. Durante siglos la iglesia
ha diferenciado entre pecados “de
pensamiento” y “de obra” y lo que
está consiguiendo la net-inquisición
es solucionar lo que siempre ha sido
un quebradero de cabeza para
los teólogos y los torquemadas:
darle entidad material a la impureza
moral (o política).

El rastro que deja una IP [Protocolo
de Internet, un DNI para máquinas],
se está convirtiendo en prueba
documental del pecado de pensamiento
y, más lejos todavía, la cantidad
de archivos guardados en un
ordenador permite también determinar
cuánto peca un pecador. Como
si empleáramos un metro o una balanza,
la capacidad de un disco duro
sirve para medir el volumen de impureza
que puede albergar un alma.

Lo que, en definitiva, está tomando
forma detrás de esta práctica judicial
y policial es el nuevo dispositivo
y la nueva cultura de control de
la que puede ser víctima cualquier
tipo de subversión, desviación o disidencia,
mientras el consenso social
y mediático lo admita. Y me temo
que estas periódicas redadas
pertenecen todavía a una fase de
experimentación.

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