La convocatoria de huelga general en Euskal herria del próximo 30 de mayo por parte de la mayoría sindical vasca y los movimientos sociales representa un nuevo esfuerzo movilizador en la estrategia de resistencia y confrontación que el sindicalismo vasco viene desarrollando desde el inicio de la llamada crisis económica. No hay que olvidar que se trata de la sexta huelga general desde el año 2008. En esta ocasión, bajo el lema “por un modelo propio en Euskal herria”, se trata de sacar a la calle a los miles de trabajadores cuyos convenios vencen el próximo mes de julio, además de a todos aquellos/as que se han visto afectados por los llamados recortes, especialmente en Educación, Sanidad y derechos sociales. Es difícil, sin embargo, analizar el significado de esta convocatoria sin tener en cuenta que la reivindicación por el marco vasco de relaciones laborales, por otra parte histórica, se sitúa en un contexto socio-político extremadamente complejo en el que la reivindicación independentista es cada vez mayor. Con un Estatuto completamente agotado e incumplido y una ofensiva centralizadora por parte del Estado español, la demanda independentista no hace sino ganar fuerza.

Cosa bien distinta es la cerrazón por parte del gobierno central a encarar la negociación de las cuestiones técnicas y su apuesta por seguir manteniendo un escenario de conflicto en Euskal Herria con el que justificar ese inmovilismoDesde que ETA anunciara su decisión de abandonar la lucha armada hace ya más de un año la vida política comenzó a cambiar en Euskal Herria, si bien de una forma más pausada y discreta de que lo podían hacer suponer las grandilocuentes declaraciones del día después. El proceso que lleva a la normalización y a que se plantea y a la reconciliación no ha hecho sino comenzar tímidamente y harán falta años para que culmine. En esta estrategia a favor del proceso de paz algunos apuestan y trabajan más que otros, pero en lo que respecta a la política institucional se puede afirmar que las relaciones entre partidos llevan camino de encontrar un nuevo marco de relaciones muy distinto de los precedentes. Cosa bien distinta es la cerrazón por parte del Gobierno central a encarar la negociación de las cuestiones técnicas y su apuesta por seguir manteniendo un escenario de conflicto en Euskal Herria con el que justificar ese inmovilismo. Sólo así es posible entender la campaña de comunicación que insiste en que ETA aún no se ha desarmado y que persiste el riesgo de que realice atentados. Es bien evidente que al Gobierno del PP poco o nada le interesa en este momento que el ciclo político en el que hemos empezado a transitar culmine con el desarme y la disolución de las estructuras militares de ETA.

Esta inercia por mantener activo el discurso antiterrorista, que comparte en gran medida el PSOE de Rubalcaba, se puede entender mejor si nos fijamos en la actual correlación de fuerzas del parlamento vasco y en el Gobierno de las instituciones políticas de la CAPV y de Nafarroa. En ambas comunidades gobierna la derecha en minoría desde las últimas elecciones autonómicas, en las que, junto al importante ascenso de la izquierda abertzale, los dos partidos de ámbito nacional sufrieron importantes pérdidas de votos. El resultado es que ni en Euskadi ni en Nafarroa la derecha ha conseguido aprobar sus presupuestos: en Euskadi, un soberbio PNV por su manifiesta incapacidad de negociar y de entender que los tiempos de su hegemonía política han pasado; en Nafarroa, sumida en una crisis institucional por los casos de corrupción que afectan a dirigentes de UPN, la derecha es sostenida de forma indirecta por un PSN doblegado a los mandatos del PSOE que entiende que unas elecciones anticipadas supondrían un posible vuelco a favor de los partidos que representan  las izquierdas (abertzales, navarristas y no abertzales).

Por otro lado, el gobierno de la Diputación de Gipuzkoa por parte de Bildu ha venido ha demostrar que las profecías sobre el desastre y el apocalipsis que anunciaron desde el PNV y el PSE no eran sino una rabieta de perdedores. Con sus errores y aciertos, Bildu está demostrando una capacidad de gestión y una manera de hacer política que poco tiene que ver con la tradicional. Sus decisiones en el ámbito de la fiscalidad han permitido que este debate se incluya en las negociones sobre los presupuestos de la CAPV y que hasta el PNV, reacio hasta hace poco, acepte discutirlo. En el PNV saben que la izquierda abertzale no ha tocado aún techo electoral y que de su gestión estos cuatro años de gobierno en Euskadi depende en gran medida su futura presencia en Ajuria Enea.

La sumisión del Gobierno vasco a los dictados del Gobierno de Madrid hacen de esta convocatoria de huelga un buen termómetro para medir la temperatura del conflicto social en Euskal Herria y la capacidad de movilización de los sindicatos y de los movimientos sociales en un contexto de mucha frustración y desencanto. Pese a contar con el indudable apoyo de su militancia y bases, está por ver si esta huelga genera las simpatías y adhesión que tuvieron las anteriores y permite que, en el futuro, otras estrategias de protesta y de movilización puedan servir para incluir a todas aquellas personas que, no sintiéndose representadas por los convocantes, a buen seguro que no la secundarán.