Una oportunidad perdida

El 23 de noviembre está prevista la votación en el Congreso del proyecto de ley de Memoria Histórica. Dicho proyecto, presentado en el mes de julio por el Gobierno de Zapatero, ha suscitado el unánime rechazo de los variados espacios y organizaciones-de familiares y amigos de condenados y/o ejecutados por el Franquismo, antiguos guerrilleros, etc.- que intentan derribar el muro del silencio y el olvido.
Aportamos un análisis jurídico de dicha ley.

Texto INÉS SORIA ENCARNACIÓN Y AMAYA OLIVAS DÍAZ . Juezas de pueblo

09/11/06 · 0:00
Edición impresa

Hace algunos meses, tras la
petición recibida de un familiar
para realizar una
exhumación en uno de
nuestros juzgados, valoramos la necesidad
de efectuar un protocolo judicial
que tratara de regularizar y ordenar
las actuaciones necesarias en
relación con las fosas comunes. La
situación de los familiares de las
víctimas roza la desprotección jurídica
más absoluta: sin saber qué
hacer exactamente, encontrando
respuestas contradictorias por
parte de los poderes públicos (juzgados,
administraciones locales o
autonómicas, registros).

Nos hemos encontramos con el
Proyecto de Ley por el que “se reconocen
y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes
padecieron persecución y violencia
durante la guerra civil y la dictadura”.
Nuestra impresión no ha podido
ser más desoladora. Porque nos imposibilita
la elaboración del Protocolo,
y porque ello es consecuencia
de su pobreza, al vedar la intervención
de los juzgados, al restringir excepcionalmente,
hasta el punto de
desvirtuar su contenido y potencialidad,
el derecho a la reparación, y suponer
una gestión neoliberal en la tarea
pendiente de la localización y
exhumación de las fosas, para la
identificación de los cadáveres, imposibilitando
con todo ello el descubrimiento
real de los hechos y el
respeto a su memoria.

Límites del proyecto de ley

Nuestro propósito es señalar los aspectos
más criticables del Proyecto
desde una perspectiva estrictamente
jurídica. Cabría destacar que su
artículo 3, Declaración de Reparación
y Reconocimiento personal,
es sólo una forma de obtención de
una declaración que en ningún caso
puede satisfacer el verdadero contenido
del Derecho a la Reparación,
integrado por obligaciones a cargo
del Estado como la del acceso a la
Justicia, la reparación integral de los
daños sufridos, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición
de hechos similares.

Muy al contrario, se establece
únicamente un procedimiento, no
judicial, por el que solicitar dicha
declaración, sometido además a determinados
requisitos formales con
ciertas restricciones, con posibilidades
de no admisión. Todo ello, partiendo
además del hecho de que es
una comisión interministerial la encargada
de recibir estas solicitudes, y
un consejo el encargado de resolverlas.
Consejo cuya composición de
cinco miembros (personalidades de
prestigio elegidas por el Congreso)
implicará una serie de gastos para su
financiación que bien podrían haberse
empleado en las tareas de exhumación
o en dotar de los suficientes
recursos a los Juzgados, que deberían
ser los verdaderos coordinadores
de este tipo de tareas por su garantía
de independencia e imparcialidad,
así como de protección efectiva de
los derechos implicados. Además, no
se prevén recursos contra las decisiones
que decidan que no ha lugar a
la declaración de reparación.

Tampoco se entiende la finalidad
o utilidad real de tal declaración, dado
que después de lo que es evidente
que constituirá un proceso largo y
costoso, si finalmente se consigue la
declaración, se especifica que no
constituirá título para el reconocimiento
de ninguna responsabilidad
para el Estado, ni tampoco reparación
o indemnización, y además
omitirá toda referencia a la identidad
de las personas que han intervenido
en los hechos.

La perspectiva adoptada es absolutamente
individual, haciendo
recaer todos los costes del procedimiento
en los afectados, cuando entendemos
que por la gravedad de los
hechos y sobre todo, por los derechos
implicados y las obligaciones generadas
deberían configurar siempre
un enfoque público y colectivo, destinado
a otorgar las mayores facilidades,
paliando lo que hasta ahora ha
sido una situación de desprotección
para los familiares de la víctimas.

La exclusión de la
intervención judicial

Los artículos 13 a 16, que regulan las
tareas de localización e identificación
de los desparecidos, resultan,
quizás, los más criticables de todo el
Proyecto. El procedimiento que se
establece, para lo que la misma
Exposición denomina “atender la necesidad
de una legítima demanda de
muchos ciudadanos”, se caracteriza
por atribuir todas las competencias
al respecto a las Administraciones
Públicas, excluyendo cualquier tipo
de intervención judicial.

Las competencias de tales administraciones
al respecto pueden resumirse
en una declaración genérica
de facilitación a los solicitantes
de las actividades de indagación, localización
e identificación de los
desparecidos, pero sólo se concreta
en la posibilidad, que no obligación,
de sufragar gastos derivados de tales
actividades; en la elaboración de
mapas donde se localicen los restos
de personas desaparecidas; y en la
autorización de las tareas de prospección
en los terrenos de titularidad
pública. En el caso de que los
terrenos sean de titularidad privada,
serán los interesados los que deberán
recabar el consentimiento de los
titulares, de forma que las administraciones
sólo intervendrán si estos
propietarios se niegan para poder autorizar
la ocupación temporal, pero
siempre tras la audiencia y previa
consideración de las alegaciones de
aquellos, y fijando en todo caso la indemnización
correspondiente a cargo
de los ocupantes.

Es incomprensible que se prevea
sufragar los gastos que genera la
creación de una Comisión Interministerial
y un Consejo, para las
declaraciones individuales de reparación,
y se haga sin embargo recaer
los numerosos costes económicos
que implican las exhumaciones en
los propios familiares y asociaciones.
Máxime cuando no cabe olvidar
que es una obligación estatal la
de recuperar la memoria histórica
y dignificar a las víctimas desaparecidas,
atribuida por el derecho interno
e internacional.

Además, estas tareas deberían ser
atribuidas a los Juzgados, y realizadas
con las máximas garantías en el
seno de procedimientos judiciales.
Así lo establecen todos y cada uno de
los Convenios internacionales de referencia,
porque forma parte del
derecho a la Rehabilitación y Satisfacción
de las víctimas y sus familiares.
Éstos también incluyen la posibilidad
de establecer una Fiscalía
especializada en tales tareas y elaborar
un protocolo coordinado de
actuación, como el que, de hecho,
ya existe (Protocolo de Minnesota,
de acuerdo con la Resolución
1989/65 de 24 de mayo de la ONU
que recomienda a los Estados las actuaciones
a seguir para las investigaciones
de las ejecuciones extrajudiciales,
arbitrarias y sumarias).

Es por ello que vedar la vía judicial
es un grave error, porque ninguno
de los obstáculos que a la misma se
le puedan objetar es lo suficientemente
importante como para su destierro,
y sí muchos los inconvenientes
y trabas que el actual proyecto
implica con tal decisión. Éste no puede
ser calificado sino como una lamentable
oportunidad perdida para
que de una vez por todas se consiguiera
el reconocimiento estatal del
horror sufrido por tantos ciudadanos,
honrando su dignidad.

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