Examinado con lupa por los medios de comunicación,
hostigado por la derecha y defenestrado por sectores
conservadores de Catalunya y el resto del Estado, el
movimiento del 15M gana terreno y apoyos entre la
población. Las manifestaciones del 19 de junio, en las
que participaron más de medio millón de personas en
el Estado español, sirvieron para reforzar las líneas básicas
de un movimiento que, día a día, demuestra que
está aquí para quedarse. La reacciones a esas marchas
dan imagen de un sistema desconcertado ante las nuevas
formas de participación propuestas y un grupo político,
el PSOE, con una profunda crisis de identidad.
- Foto: Alvaro Minguito.
Entre 500.000 y un millón de personas
salieron el 19 de junio en las manifestaciones
convocada a nivel estatal
contra el Pacto del Euro. Las marchas,
potenciadas por el movimiento
15M sirvieron como demostración
en un proceso que sigue fortaleciéndose
cuando va ya por su sexta semana.
El domingo 19 cerró, de paso,
la semana más difícil para el movimiento.
La salida del campamento
de la Puerta del Sol, que dejó sin
asambleas diarias a muchas de las
personas que se habían acercado a
la plaza madrileña desde el 16 de
mayo; las cargas policiales en
Valencia y Madrid durante la jornada
de ‘bienvenida’ a los cargos electos
el 11 de junio y la sobrerreacción
por parte de los medios de comunicación
ante los hechos ocurridos alrededor
del Parlament catalán el 15
de junio, habían puesto al movimiento
en una difícil tesitura: la de reivindicarse
una vez más ante la opinión
pública. “Los grupos radicales del
15M ejercen una coacción inadmisible
sobre el Parlament catalán”, resumía
en su editorial El País el 16 de
junio, para cuatro días después reconocer
que “el clima pacífico en el que
los miles de manifestantes recorrieron
las calles [el 19J] demuestra el
error político de intentar criminalizarlos”.
Estas movilizaciones no están
siendo bien digeridas por el establishment
político y social.
Así, el 19 de junio más que como
una fecha de movilización se planteaba
como la verdadera piedra de
toque del 15M. Era importante el
número de manifestantes, era importante
no dar argumentos a quienes
buscan criminalizar el movimiento
o crear separaciones artificiales
entre antisistema e indignados,
entre Barcelona y Madrid, entre portavoces
ocasionales y personas anónimas.
Así, la prueba salió bien, tanto
en asistencia como en la imagen de
cohesión dada a medios y actores políticos
y sociales que habían puesto
en cuestión la supervivencia del modelo
de participación horizontal.
- Foto: Alvaro Minguito.
“No les invito ni a mi casa”
Salvada la trampa de atender la exigencia
de dichos actores, el problema
vuelve a tenerlo la clase política,
inmersa en una crisis de representatividad
de la que el caso de
Extremadura, comunidad en la que
IU ha renunciado a pactar con el
PSOE, es sólo un episodio más. Los
Ayuntamientos y las Comunidades
Autónomas, en su papel de gestoras
de los recortes sociales, y el PSOE,
desgastado como todos los Gobiernos
de la Europa periférica, tendrán
que tomar nota de las demandas del
movimiento 15M u optar por ningunear,
criminalizar o deslegitimar las
protestas con los medios a su alcance.
En el Partido Socialista se lleva el
equilibrismo, mientras Marcelino
Iglesias, secretario de organización,
señala que las ideas del 15M “son reformas
necesarias que las democracias
avanzadas debemos hacer”, el
presidente del Congreso, José Bono,
se despachaba contra los indignados
que habían bloqueado la entrada al
Parlament: “El primer día que me
preguntaron dije: ‘estos chicos parecen
buena gente’. Pero a éstos de
ahora, desde luego yo no los invito ni
a mi casa”. No obstante, Zapatero y
Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato
socialista a las elecciones generales
de 2012, han optado por pasar de
puntillas sobre el tema, esperando
quizá un momento propicio para significarse
de una u otra forma.
Mientras, el PP, consciente de que
su llegada a la Moncloa provocará
una mayor conflictividad social, se
apunta a la senda marcada por Bono.
Esto no es una isla
El momento es delicado para los
Gobiernos europeos. El segundo rescate
de Grecia amenaza con hundir
las otras economías periféricas:
Portugal, Irlanda y España siguen
muy pendientes de las nuevas calificaciones
de riesgo de la deuda soberana.
Para mantener la confianza de
los mercados financieros en este
trance, el Consejo Europeo ha planteado
el llamado Pacto del Euro, que
debe ser ratificado el 27 de junio por
los países de la zona euro y otros
Estados que se han sumado al mismo.
Los ajustes en las condiciones
de trabajo y reproducción social que
promueve el pacto para salvar el euro
se plantean en un escenario muy
distinto del que existía cuando
Zapatero anunció el recorte de salarios
en el empleo público y una vez
se produjo el primer rescate financiero
de Grecia, hace sólo un año.
Los ataques del mercado a la moneda
única europea han perdido relevancia
frente a las muestras de indignación
en calles y plazas.
Por más que carezca de caras visibles,
o precisamente por eso, por
más que haya “indignados con los
indignados” que argumenten que
son más los que están en casa que
quienes protestan en la calle, el movimiento
15M ha planteado de forma
inequívoca que la crisis no puede
seguir siendo gestionada bajo el
axioma de que no hay otra alternativa
que perder derechos sociales,
aceptar empleos peor pagados y tratar
de paliar en el ámbito doméstico
los efectos de una deuda privada
convertida en pública.
La respuesta no se produce en una
isla. En África, Islandia, el Golfo
Pérsico o Grecia las protestas duran
meses. En Italia, a las protestas estudiantiles
de diciembre les ha seguido
una negativa histórica al programa
nuclear de la derecha. En Reino
Unido, uno de los principales sindicatos
anuncia las mayores movilizaciones
de los últimos cien años si
David Cameron, por cierto, modelo
para Mariano Rajoy, no da marcha
atrás a su programa de recortes de
gasto y reformas económicas.
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