Una mirada al proceso desde Euskal Herria
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Euskal Herria vive hoy días
de esperanza e inquietud,
ante la posibilidad que se
ha abierto con el llamado
“proceso”. Es un proceso que debería
llevarnos a un escenario distinto
al actual, a través de pasos firmes

21/12/06 · 0:00
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Euskal Herria vive hoy días
de esperanza e inquietud,
ante la posibilidad que se
ha abierto con el llamado
“proceso”. Es un proceso que debería
llevarnos a un escenario distinto
al actual, a través de pasos firmes
que supongan cambios cualitativos
en el camino hacia la normalización
y la tan ansiada paz, entendiendo
ésta como algo mucho más
profundo que la mera ausencia de
violencia y estrechamente ligada a
las garantías democráticas.

En ese camino, son los habitantes
y los agentes sociales y políticos
de Euskal Herria quienes
deben ser los protagonistas principales,
pero son los Gobiernos español
y francés los que deben abrir
las puertas a la decisión popular,
desde su actual responsabilidad.

Es en este sentido, en el que movimientos
sociales del Estado español,
intelectuales y otras personas
de referencia pueden, junto
con los medios de comunicación
que aún tienen margen para la libertad
de pensamiento, crear un
clima que vaya desmontando la
idea de la defensa a ultranza de
“una España indivisible e indisoluble”,
como el gran valor que une a
todos los “verdaderos españoles”.

El paso básico hacia el inicio de este
proceso fue cuando Batasuna
aceptó en Anoeta e hizo suyas las
principales bases para la resolución
del conflicto, aquellas que otros
agentes políticos llevábamos tiempo
proclamando: reconocimiento explícito
de la pluralidad de Euskal Herria
y sus gentes; apuesta clara por las
vías exclusivamente políticas; separación
en “dos carriles” de la llamada
“pacificación o desmilitarización del
conflicto” y la “normalización o superación
del conflicto”; y, por último,
la aceptación de que el derecho de
autodeterminación (la soberanía de
la voluntad popular) puede ser ejercido
en distintos ritmos, en los diferentes
ámbitos de Euskal Herria. Fue
un paso decisivo para este nuevo escenario
en el que nos encontramos.

Luego, a raíz de previos contactos
con representantes del Gobierno, vino
el “alto el fuego indefinido” por
parte de ETA, que venía a corroborar
el paso dado por Batasuna
en Anoeta, aunque realmente no
hizo explícita su renuncia a incidir
en el segundo carril.

Pero para que el proceso de dos
carriles funcionara, debía haber
avances importantes por ambos lados,
cosa que no ha ocurrido en el
caso del Gobierno del Estado, salvo
la declaración pública de Zapatero,
en el que afirmaba, con matices, estar
dispuesto a respetar la libre decisión
de la ciudadanía vasca.

La resolución del conflicto pasa
inevitablemente por el establecimiento
de los mínimos democráticos
que exige hoy la sociedad vasca.
En este sentido, ETA ha decretado
un alto el fuego como comienzo del
proceso y deberá abandonar definitivamente
las armas al final del mismo.
Pero para ello, debe haber
avances importantes también en el
otro sentido. La situación de los presos
políticos vascos (presos de carácter
político no sólo por su motivación
política, sino también por las
motivaciones políticas de su tratamiento
jurídico y penal) es a todas
luces una de las mayores vergüenzas.
Si la dispersión, el mantenimiento
en la cárcel de presos gravemente
enfermos o la denegación sistemática
de la libertad condicional,
y la denegación de derechos básicos
eran ya inadmisibles, el endurecimiento
arbitrario de las penas (la
doctrina Parot, el caso de Iñaki de
Juana...) y las declaraciones al respecto
por parte del Gobierno evidencian,
no ya una falta de valentía que
pone en grave riesgo todo el proceso,
sino un retroceso incomprensible
en esta materia. Junto a ello, está
la Legislación Excepcional en la
que participó y ahora se siente preso
el Partido Socialista: la Ley
Antiterrorista y la Ley de Partidos.
¿A quién quiere engañar quien pretende
que ETA deje las armas
mientras Batasuna esté ilegalizada?
La desaparición de la Audiencia
Nacional y la anulación del
sumario 18/98 y otros son también
pasos que se habrán de dar, sin duda
alguna, en ese camino de profundización
democrática.

ETA no ha conseguido ningún objetivo
político con su lucha armada,
pero la desaparición de la misma debe
dar pie a la profundización democrática
imprescindible para poner
las bases de una paz verdadera y duradera
en Euskal Herria. En este
contexto, no se puede jugar con los
tiempos y movimientos que corresponden
a cada parte. El Gobierno
español es el que tiene que empezar
ya a dar pasos relevantes en el sentido
indicado, pues han pasado ya
ocho meses y medio desde el alto el
fuego permanente, y apenas queda
tiempo para legalizar a Batasuna
antes de las elecciones de la
Comunidad Autonómica Vasca
(CAV) y de la Comunidad Foral
Navarra (CFN). Sin duda alguna,
al Gobierno de Zapatero le ha llegado
la hora de decidir si impulsa
el proceso de paz o se echa atrás.

Por último, una vez el Gobierno
español haya dado los pasos necesarios,
habrá que abordar finalmente
dos cuestiones básicas para que
dicho proceso sea definitivo y realmente
resolutivo. Por un lado, serán
necesarias medidas especiales para
con los presos de ETA y otros presos
políticos, junto con el abandono
definitivo de las armas y medidas
para la desmilitarización de Euskal
Herria (el país con mayor presencia
militar y policial de toda Europa). La
paz necesita, como en cualquier resolución
pacífica de conflictos armados
de todo el mundo, que los
presos salgan de la cárcel.

Por otro lado no se puede escapar
sine die de la cuestión principal
que está en el origen del conflicto:
el derecho de autodeterminación
(aquel que el PSE defendía
hace 30 años, para el territorio
comprendido por las actuales CAV
y CFN). Habrá que abordar el tema
desde la territorialidad a la que
está inevitablemente ligado, es decir,
los territorios que conforman
el pueblo vasco. Habrá que partir,
además, desde la actual partición
jurídico-administrativa, respetando
los ritmos en los que la sociedad
pueda ir asimilando dicho paso.
Pero el respeto de la voluntad
de la mayoría de los vascos y vascas
de cada ámbito geográfico habrá
que buscarlo ejerciendo ese derecho,
en aquellos ámbitos en los
que la mayoría social y política esté
dispuesta. Los agentes políticos
que asumimos el derecho a decidir
como básico, debemos consensuar
qué, cómo y cuándo consultar
a la ciudadanía, y llevar a la
práctica el ejercicio de decidir libremente
nuestra definición y estructuración
y las relaciones con
las comunidades vecinas. Ése es
el único camino para la paz verdadera
y duradera. Porque, tal y como
advertía José Martí, los derechos
políticos no se suplican ni se
mendigan, se arrancan.

Es a partir de ahí cuando realmente
se podrá aspirar a conseguir cualquier
opción por vías exclusivamente
políticas, y que ninguna utilización
de violencia, ni estructural ni
contestataria a ésta, tendrá cabida, y
que la Paz (con mayúsculas) será un
logro de todos y todas. Será el mejor
homenaje que podremos ofrecer a
todas las víctimas ligadas al conflicto
entre Euskal Herria y los Estados.

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