México atraviesa por una
crisis sin precedentes,
no sólo económica, sino
sobre todo de gobernabilidad.
Una crisis que es consecuencia
del supuesto combate al narcotráfico.
Sin embargo, ¿esta crisis
es en verdad el costo que se debe pagar
por la supuesta lucha contra el
crimen organizado (narcotráfico,
secuestros) como pretenden hacer
creer las autoridades en México?

Modelo importado

En realidad, el Gobierno mexicano
pretende ganar con ello una legitimidad
que no ganó en las controvertidas
elecciones de 2006. Las anomalías
y la opacidad con la que se declaró
ganador de las elecciones al candidato
del conservador Partido Acción
Nacional (PAN) no sólo dejaron
un país enormemente dividido, sino
sobre todo una crisis de legitimidad
para el Estado mexicano.
Ante este escenario, la manera en
que se ha propuesto el Gobierno recuperar
la legitimidad perdida, para
tener un mínimo de gobernabilidad,
ha sido emprender una lucha contra
el crimen organizado, siguiendo
el ejemplo del Gobierno colombiano,
como lo han declarado abiertamente
varios funcionarios del PAN.
Una política que no ha resuelto en
lo más mínimo los problemas sociales
que aquejan a Colombia, pero
que le han dado una enorme popularidad
a Álvaro Uribe.

Fiel oposición

Es por eso que el Gobierno mexicano
ha sacado al ejército a las calles,
para, supuestamente, combatir a uno
de los cánceres más profundos del
país, el narcotráfico, un cáncer que
ciertamente surgió a la sombra de
los gobiernos del Partido de la Revolución
Institucional (PRI), pero que
sólo fue posible por el silencio cómplice
de su fiel oposición, el PAN, que
además jugaba el papel de adversario
político para mantener la apariencia
del juego democrático.
Pero si bien es cierto que el efecto
político ha sido favorable para el
Gobierno mexicano, que goza en
las encuestas de altos niveles de
aprobación entre la clase media
–cada vez más conservadora y
asustadiza–, sin embargo, el costo
social ha sido mayúsculo. Pues no
sólo la violencia ha ido en aumento,
si no que se ha extendido a todo
el país, llegando cada vez más a los
espacios públicos que comúnmente
no eran escenario de la violencia.
Además, las cifras por muertes
violentas relacionadas con el narcotráfico
se han disparado en los
últimos años: 2.800 muertes en
2007 y 5.031 en 2008. En lo que va
del primer semestre de 2009 se han
contabilizado 2.644 muertes, es decir,
casi 30 muertes por día, mucho
más de las que se producen en Iraq.

Preguntas incómodas

Es por eso que cabe preguntarse si
éste es el costo necesario que se debe
pagar para combatir al narcotráfico.
La respuesta de un número cada
vez mayor de analistas políticos críticos
dista mucho del optimismo gubernamental.
Por una parte, si se revisa
la política norteamericana de
combate al crimen organizado, se
observa que una de las premisas básicas
en su política interior es nunca
utilizar al ejército para combatir al
narcotráfico, pues esto significaría
exponer a las fuerzas de defensa del
país a niveles de corrupción incontrolables.
Entonces, ¿por qué EE UU
fomenta en México y América Latina
el uso del ejército para el combate al
narcotráfico? Porque, mediante el
adiestramiento de las fuerzas armadas
de países como México, no sólo
pretenden controlar el flujo de drogas
a su país, sino además, mantienen
maniatados a los gobiernos locales
y controlados a los movimientos
sociales, a un bajo costo económico
y con buenas ganancias para la industria
armamentista de los EE UU.
Industria de donde provienen las armas
que utilizan los carteles de la
droga o las bandas de secuestradores,
pero además, las mismas que utiliza
el ejército mexicano.

Empleo

Por otra parte, porque los militares
no están capacitados para realizar
labores policiales, exponiendo con
ello a la población a la violencia, ya
no únicamente del crimen organizado,
sino del mismo ejército.
Y, como siempre, es la población
la que paga los costos más altos. El
informe de Human Rights Watch de
este año denunció que en México los
abusos de militares a la población civil
no sólo van en aumento, sino que
son cada vez más cruentos.
Ahora bien, el aumento de personas
que se dedican a negocios ilícitos
en México es también consecuencia
de la imposición de un modelo
económico –el neoliberal– que
no sólo ha devastado al mercado interno,
sino que ha provocado un número
cada vez mayor de pobres en
el campo, quienes se ven en la disyuntiva
de migrar a EE UU –lo que
es cada vez más difícil por la política
antimigración del país del norte– o
morir de hambre –lo que es una realidad
cada vez más frecuente–, o integrarse
al jugoso negocio del narcotráfico,
que lamentablemente parecer
ser el único que realmente crea
empleos en este país.

Estado de temor

Aún así, el Gobierno se empecina en
continuar con esta estrategia. Sin
embargo, surgen muchas otras preguntas
sobre la efectividad de la estrategia
o sobre si es la única posible.
Por ejemplo, ¿por qué el Gobierno
mexicano no investiga a empresas y
funcionarios públicos que desde el
Departamento de Seguridad de Norteamérica
(DHS) se han señalado
por probables vínculos con el narcotráfico?,
¿por qué no cortar el poder
financiero del narcotráfico que circula
libremente?, o ¿por qué no atacar
el problema de raíz procurando
un sistema más justo y equitativo para
que la gente tenga acceso a los niveles
básicos de vida que los haga
menos susceptibles a incorporarse al
crimen organizado? Recordemos
que la pobreza suele ser la madre de
la ignorancia, y la ignorancia la de
todos los vicios y excesos.
Tal parece que hay demasiados
intereses en este turbio negocio, intereses
que el Gobierno mexicano
no puede y, quizás, no quiere tocar,
pero lo que sí puede hacer es mantener
a la población en un perpetuo
estado de temor, que no sólo legitime
al Estado, sino que haga de él
un mal necesario.