Zapatero y su equipo siguen manejando
con habilidad el recuerdo
de las prácticas autoritarias del
Partido Popular y con él, la legitimidad
para no salirse del guión
marcado por las políticas de seguridad.
La reacción veraniega al caso
de Roquetas reproduce en pequeña
escala la argumentación del
Gobierno sobre la presencia de
tropas españolas en Afganistán:
“antes” había un Gobierno autoritario,
que violaba la legalidad internacional
en Iraq y ocultaba sus
responsabilidades (Yak 42, Prestige,
11-M); “ahora” ya no estamos
en Iraq, lo que, como explícitamente
ha recordado el presidente
del Gobierno, nos permite seguir
ocupando Afganistán. Del mismo
modo, “antes” había un Gobierno
que no actuaba contra los escándalos
policiales, y la intervención
en Roquetas permite afirmar que
las demás denuncias -malos tratos,
muertes bajo custodia, torturas-
son simplemente exageraciones
o manipulaciones, porque de
lo contrario el Gobierno habría actuado
contra ellas.

Conceder tanto poder y margen
de confianza a los llamados servicios
de seguridad y a los gobiernos
tiene consecuencias reales: el asesinato
del brasileño Jean Charles
de Menezes a manos de la policía
británica sólo se entiende como
producto de la potestad que tenían
de disparar a matar. Son episodios
de una supuesta guerra contra el
terror que en Italia, ante la psicosis
desatada por un posible atentado,
ya está provocando nuevas leyes
represivas.

Quién vigila a los vigilantes

Nadie niega que existan amenazas.
Pero espantarlas con gobiernos cuya
política internacional sigue la lógica
de bombardear y ocupar países
para traer la paz es la mejor receta
para seguir lamentando víctimas
mientras perdemos nuestra
propia capacidad de actuar y pensar
de forma autónoma.