Me piden que contribuya a la reciente discusión que se ha abierto en este periódico sobre la cuestión electoral, cosa que acepto con mucho gusto. En ella se han manifestado diversas posiciones: hay quien entiende, como Án­gel Calle, que estamos ante una nueva transición, la cual abre una bifurcación entre quien apueste por apuntalar lo que se está cayendo y quien lo haga por una decidida radicalización, en la que tal vez entren los que llama partidos-ciudadanía. Hay quien, como Tomás Rodríguez Villasante, ve una serie de inconvenientes en que un movimientos social, como el 15M, se deje atrapar en la dinámica de las elecciones, sin renunciar por ello a controlar a los políticos. Por último, Carlos Taibo se inclina por ir construyendo ya los espacios de autonomía y manifiesta una profunda desconfianza de los partidos, inclusive los de izquierda.

Coincidiendo en algún punto con todos ellos, la pregunta para mí se plantea en otros términos: denunciamos a las actuales instituciones políticas a escala local, regional, nacional y europea como instituciones zombies, es decir, instituciones apegadas al poder y nada dispuestas ni a mezclarse con los ciudadanos y ciudadanas, ni a escuchar las propuestas o las críticas que provengan de ellos y ellas. Son instituciones secuestradas por redes de poder económico-político a las que no se atreven a desafiar. Pero si esto es así, si tenemos razón en esta evaluación, no tiene mucho sentido pujar por obtener un puesto en unas instituciones cuya lógica no podremos cambiar si no obtenemos una mayoría considerable.

Pero aún en ese caso el aspecto más relevante para mí sigue siendo el del ‘cómo’, el modo de proceder. Entiendo que la cercanía al 15M de las diversas candidaturas que decidan presentarse debería manifestarse no sólo en el programa, cuánto en el modo: ¿cabría elegir los candidatos de modo abierto en asambleas ciudadanas?, ¿establecer criterios de periodicidad limitada?, ¿fijar formas de control real sobre la práctica política de modo que las asambleas ciudadanas que elijan a los candidatos pudieran hacerlos dimitir si incumplen lo prometido?, ¿limitar los honorarios de modo que el excedente revierta en las propias asambleas?, ¿exigir rendimientos de cuentas periódicos a los diputados en el marco de dichas asambleas abiertas? Esta cuestión es prioritaria: si nos involucramos en la pelea electoral será para desbordarla, para poner de relieve que no cesamos en el empeño de cambiar las relaciones de poder a nuestro favor. Si actuáramos de este modo podríamos tratar el espacio institucional-electoral como un nuevo espacio para el movimiento, sin perder de vista que un movimiento social tiene una lógica distinta de la lógica electoral y que, por consiguiente, nada de lo que, a nivel electoral, ocurra dice nada sobre el movimiento. “Somos irrepresentables”, se decía en las plazas, y seguimos siéndolo.

Pasmoso prodigio

Un argumento a favor de participar en las campañas electorales que se ha hecho valer históricamente repetidas veces es el de que ofrecen momentos de movilización ciudadana que no cabe desaprovechar. Sin embargo, no cabe olvidar que las legislaciones electorales realizan el pasmoso prodigio de encorsetar la expresión popular de tal forma que no pueda desestabilizar los equilibrios existentes o de que, si lo consigue, los reglamentos institucionales a que deben someterse los elegidos, las agendas repletas y la rutina parlamentaria anulen el deseo de transformar las reglas que los recién elegidos pudieran llevar con ellos.

Puesto que en cualquier caso nuestro objetivo tiene que ser rebasar la maquinaria electoral, ¿se nos ocurrirá algún procedimiento con el que desbordar los estrechos códigos electorales pensados para que se camufle la voluntad popular? Creo que es ahí donde se esconde el reto: no se trata de ocupar los espacios subalternos que puedan estar previstos para nuestras opciones sino de desafiar el sistema de representación exigiendo que se adecúe y que respete las nuevas formas de democracia directa que ya estamos practicando.