Manifiesto por Madrid

Crisis energética, inmobiliaria, financiera y bursátil, cambio climático...
Un escenario de colapso sistémico que movimientos sociales
de base y propuestas transformadoras enfrentan justo cuando no
parecen lograr salir del bache. Aportamos una serie de artículos que
analizan los diferentes escenarios en los que se produce la crisis.

20/07/09 · 0:00
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Isa

Madrid se ha transformado en una ciudad global, inserta en los circuitos financieros y empresariales del globo gracias a ser sede de multinacionales: las grandes empresas privatizadas en los ‘90, como Telefónica; las energéticas como Repsol, de construcción como ACS y financieras como el BBVA, entre otras. Multinacionales que atraían todo un sector de servicios avanzados: publicidad, consultoría, nuevas tecnologías. El grupo de superasalariados generado contrastaba enormemente con el ejército de limpiadoras, cuidadoras, camareras de bar y hotel que les permitían ejercer de global class. Este nuevo proletariado de servicios, feminizado y muchas veces migrante, ha alcanzado más de un millón de personas que, vinculadas a contrataciones precarias –producto de la desregulación laboral–, no llegaban a los 15.000 euros anuales, frente a ese 15 % de la población que recibía una remuneración anual de más de 60.000 euros. Una enorme polarización social con una clase media cada vez más reducida. En paralelo y gracias a la liberalización del suelo y la permisividad política, las constructoras –y bancos y autoridades locales– hacían su agosto en base al endeudamiento familiar y la explotación de los migrantes y ‘sin papeles’ de la construcción, afianzando la vivienda como un activo de inversión en vez de un bien de uso. Un ‘efecto riqueza’ que no sólo alcanzaba a las clases altas sino que ha tocado a multitud de familias de rentas medias y medias-bajas que, con la ilusión de invertir en bienes amortizables en un futuro, han endeudado sus economías e hipotecado sus vidas.

Laboratorio

Nada de esto hubiera sido posible sin las políticas activas de los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y la Comunidad. El estilo ‘buenrollista’ de Gallardón, que recibe con sonrisas todas las reivindicaciones a la vez que subvenciona a las constructoras en obras faraónicas –véase la M-30, que ha endeudado al municipio para los próximos 30 años–, es connivente con los intereses empresariales –véase el caso del Real Madrid-ACSCuatro Torres– y ha promovido el mega-crecimiento disperso de la ciudad. Y en el año 2003 se suma la lideresa Aguirre, que, superando sus deslices, encabeza el estilo de aires neocon del último Aznar, enredándose con los think tanks más avanzados de la derecha española tanto en su versión política como en su versión mediática –FAES, Real Instituto Elcano, Libertad Digital, El Mundo y, por supuesto, Telemadrid...–. Su apuesta se ha encaminado a afianzar una guardia pretoriana política y social basada en la agitación y la agresividad, sin descartar espionajes ni corruptelas, al servicio de la maquinaria productiva de la oligarquía madrileña. Sin tapujos, todas sus políticas públicas favorecen la contratación de servicios privados en materia de sanidad, educación y servicios sociales, con el objetivo de favorecer los intereses de las grandes empresas y de generar, a nivel macro, una compleja red clientelar que entremezcla a organizaciones sociales afines –ONG ultracatólicas por ejemplo–, cuadros políticos de su confianza, empresas y universidades privadas, para generar una sociedad civil creada desde arriba y que sirva de ariete a pie de calle para contrarrestar posibles disidencias políticas. Todo ante el silencio de la oposición, consumida en disputas internas y la ausencia de ideas, cuando no de acuerdo con el fondo de las políticas neoliberales. Y es que estamos presenciando el vaciamiento del escaso Estado del bienestar bajo la fórmula de la subcontratación, un proceso acelerado a medida que la máquina de explotación madrileña ha ido agotando los caladeros del crédito y el negocio inmobiliario. Los nuevos hospitales han seguido el modelo inglés PFI y los numerosos estudios realizados muestran que éstos salen más caros por paciente que los viejos hospitales de la red pública. ¿Cuál es el objetivo, entonces? El mismo que en el caso de la obra pública en general: posibilitar la obtención de beneficios a empresas privadas a través de la transferencia de dinero público –también los beneficiarios son los mismos: las constructoras se han hecho cargo de los nuevos hospitales–. Ya se han vendido dos centros de especialidades –Pontones y Quintana–, y en la Atención Primaria se pretende pasar a un sistema área única en la que los usuarios –o clientes– puedan elegir entre centros públicos y futuros concertados con financiación pública. Mientras, en Educación no se oculta el favoritismo hacia los privados y concertados con cesiones de suelo, exenciones fiscales y la crucial omisión de la construcción de públicos en los nuevos barrios. Y se permite la concentración de migrantes en ciertos colegios e institutos públicos. Por su lado, los Servicios Sociales son pasto de la competencia entre empresas, fundaciones, ONG y asociaciones por la subcontratación de los recursos y dispositivos de las políticas ¿públicas? Se genera así un sector de saldos que además de precarizar enormemente a los trabajadores ya no se dirige a garantizar derechos sociales y redistribuir recursos sino que funciona con pequeñas actuaciones, móviles y flexibles, dirigidas allí donde se detectan riesgos –coyunturales o estructurales–, para hacer frente a necesidades concretas –entre las que también se encuentran las clientelares, electorales y propagandísticas–. Otras grandes víctimas de la década gloriosa han sido los recursos naturales de la región. La geografía natural ha sido reducida a un conjunto de islas rodeadas de grandes infraestructuras que conservan la etiqueta de ‘naturaleza’ más en calidad de parques urbanos que de espacios naturales. Ejemplos hay demasiados. Se suman los proyectos absolutamente ilegales, como la M-501. Y de remate, el derroche de agua y la ineficiencia energética, ya que la política territorial sigue girando en torno a la construcción de nuevas infraestructuras viarias y en favorecer la urbanización dispersa.

 

Cambio de rumbo

No parece que la crisis vaya a traducirse en ningún cambio de orientación del modelo; al contrario, probablemente ahondará en una nueva oleada de privatizaciones y de políticas pro-crecimiento. Sin embargo, la crisis y los graves riesgos de fractura social que conlleva pueden abrir posibilidades para un verdadero cambio de rumbo. Cuando la insistencia en el modelo anterior es sólo la repetición del mismo reparto injusto de la renta y la crisis ha desnudado el núcleo del modelo de acumulación –vivienda, precariedad del empleo, externalización de servicios públicos, sobreexplotación de espacios públicos y territorio, presencia de los migrantes–, podemos anunciar un momento crítico y fundamental para la reinvención del vínculo social. Es la gran oportunidad para reactualizar ese viejo ‘derecho a la ciudad’ que animó las revueltas urbanas de los ‘60 y ‘70. Es hora de reaccionar contra este modelo de ciudad que ya ni siquiera puede repartir trabajo de mierda, ni puede hacernos préstamos para que compremos sus casas, ni presentar un futuro mundo feliz al que todos podamos aspirar. Tenemos las herramientas para entender cómo ha funcionado este modelo de expolio de los bienes comunes, un modelo integral que pretende dejarnos a merced de un mercado precarizado, sin políticas públicas y con un medio ambiente arrasado, mientras bancos, constructoras y superasalariados se esconden en las urbanizaciones bunkerizadas. Es hora de reaccionar hacia una coordinación de luchas que permita una democracia de nuevo cuño y la consolidación de derechos sociales efectivos, hacia otro modelo de ciudad. Lo que suceda está sencillamente en nuestras manos.

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