Madrid: puesta a punto
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Dibujo:Isa

A la vuelta del verano, Esperanza
Aguirre avisó que
esta legislatura iba a estar
colmada de nuevos proyectos
de infraestructuras. Grandes
obras públicas presupuestadas en
7.000 millones de euros, sólo por parte

29/11/07 · 0:00
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Dibujo:Isa

A la vuelta del verano, Esperanza
Aguirre avisó que
esta legislatura iba a estar
colmada de nuevos proyectos
de infraestructuras. Grandes
obras públicas presupuestadas en
7.000 millones de euros, sólo por parte
del Gobierno autonómico, además
de otros 2.000 o 3.000 millones al año
por parte del Gobierno central. Cifras
billonarias que superan en varias
veces el gasto en educación y sanidad
en la Comunidad de Madrid
(CAM). Como viene siendo habitual,
los proyectos son imaginativos y ambiciosos.
Una nueva ampliación del
Metro, esta vez echando más allá del
municipio el horizonte de las necesidades
de transporte. La continuación
de las obras de la llamada Red Sur,
una impresionante malla de autopistas
que trazaría los caminos de la
nueva expansión del sur de Madrid.
El acabado de esa magnífica autopista
de interés público entre Brunete
y Navas del Rey conocida como
M-501. Y, claro, las nuevas propuestas
estrella para estos años: la conexión
entre la A-1 y la A-6, la duplicación
de la propia A-6 y de la A-1.

Se trata -nos dicen- de infraestructuras
necesarias, imprescindibles
e inevitables aunque tengan que
pasar por El Pardo, por los Parques
de la Cuenca Alta del Manzanares o
del Río Guadarrama. Infraestructuras
que permitirán que algunos
madrileñitos con dinero escapen hacia
las nuevas periferias virtuosas y
asépticas de los paisajes serranos, y
que inmobiliarias y propietarios de
suelo puedan contribuir un poquito
más a la riqueza regional. Eso sí, la
presidentísima nos ha tranquilizado:
se respetará todo lo posible el Medio
Ambiente (en mayúsculas) haciendo
enormes túneles si hace falta.
Conviene mirar más allá del bosque,
el principal beneficiario de estas
obras no serán los propietarios y caciques
locales (por mucha importancia
que tengan a nivel municipal), las
familias aburridas de la ciudad o los
conductores deseosos de ganar diez
minutos en sus desplazamientos interurbanos.
La mayor parte de las
plusvalías de estas operaciones se
depositarán en las arcas de seis grupos
empresariales (ACS, Acciona,
Sacyr-Vallehermoso, FCC, OHL y
Ferrovial) y en dos gigantes financieros
(BSCH y BBVA). Un grupito de
empresas que también gestiona una
parte fundamental de los servicios
urbanos y progresivamente de los
servicios sociales, como bien se refleja
en los servicios de atención a
ancianos o en la sanidad (véanse los
nuevos hospitales concertados).

En este sentido, Aguirre y su administración
han sido ejemplos extraordinarios
de que la mezquindad
de lo político adquiere su clímax
cuando se hace transparente. Aquí
lo importante no es suplir un déficit
de viviendas o de infraestructuras
que no existe (Madrid tiene más kilómetros
de vía rápida por habitante
que cualquier otra gran ciudad europea,
y el 25% de sus viviendas están
vacías), sino simplemente “construir
y producir ciudad”. El resultado
es que el gasto público se vincula
a una doble operación. Por un lado
se transfieren enormes cantidades
de dinero a un puñado de agentes
privados, que a día de hoy son quienes
proponen y ejecutan la ampliación
de la ciudad. Por otro, se aplica
un paradójico efecto de gobernabilidad:
“Todos queremos más y mejores
infraestructuras, ¿y qué puede
hacer un buen gobierno sino construir
obra pública? ¡Además crea riqueza,
crea empleo!”.

Evidentemente, no se trata de un
problema de una administración de
derechas, o liberal, o ultra. El PSOE
asume al 100% estos presupuestos.
Su plan de infraestructuras es todo
un ejemplo de sacrificio administrativo
en pos de “convertir a España (en
palabras del Ministerio) en el país
con más kilómetros de autovías de
Europa y con la mayor red de alta velocidad
del mundo”.

Oportunidades políticas

¿Es posible extraer alguna consecuencia
política de este pequeño cuadro
de realidades? Muchas, entre
ellas las siguientes.

En el ámbito del Estado español y
más específicamente de la CAM, el
ciclo de acumulación se soporta sobre
la puesta en valor del territorio,
la subordinación del gasto público a
la fracción del capital compuesta por
el sector financiero y las grandes
constructoras y la ‘reabsorción’ de la
renta familiar a través de la compra
de viviendas y servicios, normalmente
por medio del recurso al crédito.
De este modo, la explotación se produce
no sólo, e incluso no de modo
fundamental, a través del trabajo directo,
cuanto de la vía impositiva
gestionada por las administraciones
y del sobrepago por los bienes y servicios
más elementales, especialmente
la vivienda.

Las luchas contra este bloque de
poder están ya entre nosotros y de
hecho han adquirido formas extremadamente
imaginativas. Sin embargo,
estos conflictos han permanecido
separados, ajenos unos de otros.
En este sentido, lo increíble de la actual
coyuntura es que la visión de
conjunto pertenezca en exclusiva al
bloque hegemónico. Se podría decir
que estamos todavía en el estadio
de las resistencias por parte de las
‘comunidades de afectados’: los
ecologistas preocupados por la sierra,
los vecinos de algunos pueblos,
los usuarios y los profesionales de
algunos servicios privatizados, etc...
Pero, por paradójico que parezca, las
luchas por la vivienda, por la defensa
del territorio o contra la privatización
de la sanidad (progresivamente
en manos de las divisiones de servicios
de las constructoras) son aspectos
parciales de un problema que en
realidad es el mismo: destituir y destruir
una forma de acumulación basada
en la degradación del territorio,
en la subordinación de las administraciones
al sector inmobiliario-financiero
y en el encadenamiento de
por vida al pago de una hipoteca.

En la CAM, podría ser interesante
explorar una línea que ataque al
consenso en torno al progreso=infraestructuras
mostrando la imposible
retroalimentación de este circuito
sin enormes costes ambientales o
sociales. Las batallas que se establezcan
en torno al desdoblamiento
de la A-6 o de la conexión de la A-1
y la A-6 (en la medida en que ‘tocan’
espacios emblemáticos) o la previsible
reforma de la Ley del Suelo podrían
ser experimentos que permitan
concentrar fuerzas y conectarlas
con otros puntos de conflicto que
hoy tienen menos visibilidad. Igualmente,
la previsible quiebra de muchas
economías familiares ante el
aumento de las hipotecas y la entrada
de una fase económica menos expansiva,
y por consiguiente de aumento
del paro, puede ampliar el espectro
social de la lucha por la vivienda
(por ejemplo, a sectores migrantes),
al tiempo que se pone en
cuestión el modelo territorial y de
acumulación basado en la subordinación
a los intereses de un puñado
de corporaciones.

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