El Col·lectiu de Transsexuals
de Catalunya propugnó
desde su fundación en
1992 una ley que permitiera
superar la discriminación que sufre
el colectivo transexual, principalmente
a nivel legal, pero también a
nivel social, económico y laboral. En
1998/1999 presentamos una propuesta
de ley que coincidió con el primer
proyecto socialista de Ley
Transexual 1999/2000. Entonces gobernaba
el PP, y los socialdemócratas
en la oposición quisieron plantear
una reforma que pudiera consensuar
con el Gobierno: una ley de mínimos
que también respondía a la
propia mentalidad del PSOE, que no
dejaba de ser algo conservadora en
relación a la sexualidad en general y
a la transexualidad en particular.

Planteamos una dura batalla, junto
con la mayoría de colectivos del
Estado, para que no se exigiera la cirugía
genital obligatoria para el cambio
de sexo legal. En esa lucha que
ha perdurado hasta hace algunos
años, fuimos perdiendo de la causa
a todos los grupos en aras del pragmatismo
de priorizar la connivencia
con el PSOE, aunque entonces estuviera
en la oposición: colectivos como
Transexualia, el Colectivo de
Identidad de Género de Granada,
Lambda de Valencia y activistas como
Carla Antonelli, perteneciente al
PSOE, apoyaron la “ley ablacionista”
que exigía el paso por el quirófano
para el reconocimiento legal del
cambio de género. Otros grupos hacían
como si el tema no fuera con
ellos. Nos quedamos solas, pero no
aisladas. En realidad, todo el mundo,
políticos o no, sabía en su fuero
interno que teníamos razón.
El trabajo arduo de tantos años
dio su fruto, y se confirmó nuestra
lucha contra la cirugía forzosa a
cambio de derechos. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos condenaba
al Reino Unido en términos
acordes con nuestros planteamientos
en contra de la discriminación de
la transexualidad, y dicho país legislaba
hace pocos años que la cirugía
genital no era un requisito necesario
para cambiar legalmente de sexo.

Ello hizo que nuestras compañeras
y compañeros se convencieran de
que sí era posible, además de necesario,
luchar por nuestros derechos
sin someternos a cirugías castrantes,
por no voluntarias. Esta nueva
situación y el ascenso del Gobierno
de Zapatero, de talante más progresista
que sus antecesores del socialismo,
han permitido se presente esta
ley de corte similar a la británica.

Valoración de la norma

La ley no representa superar la discriminación
del colectivo transexual,
sino que consagra esta discriminación
en un marco legal más tolerante
hacia la realidad del colectivo. Incorpora
la posibilidad del cambio de
sexo sin cirugía genital forzosa, pero
mantiene la concepción clínica de la
transexualidad, absolutamente alejada
de toda base científica, perpetuando
criterios sexistas y socialmente
excluyentes hacia la realidad
transexual.

Se mantiene la concepción machista
acerca de la transexualización
física como fundamento de un cambio
de sexo legal, en sintonía con un
absurdo diagnóstico psiquiátrico/
psicológico de disfunción o trastorno
transexual. Ello en una evidente
paradoja con la pérdida de contenido
jurídico del concepto “sexo legal”
al igualarse hombres y mujeres
en derechos ante la ley, y frente a
una fuerte corriente científica que
aboga por desterrar los criterios sexistas
y discriminatorios acerca de
la transexualidad por más que se disfracen
de una ‘pseudociencia’ que
ampara la nueva ley y sostiene los
requisitos que impone.

Por si fuera poco, la ley se olvida
por completo de los menores, desprotegiendo
absolutamente al sector
más desfavorecido de nuestro colectivo
e incumpliendo la obligación del
legislador de salvaguardar sus derechos
frente a la intolerancia y la represión
del entorno familiar o escolar.
También olvida la ley la realidad
de discriminación sanitaria que sufre
el colectivo, la discriminación laboral,
la escolar y educacional...

Dicen haber hecho una ley para
combatir nuestra discriminación pero
no han abordado ninguno de los
factores que la posibilitan. Y en lo legal,
en la discriminación ejercida
desde el poder, ni tan siquiera han
sido capaces de encontrar una formulación
aséptica que no nos insulte.

No somos personas en un cuerpo
equivocado, sino que vivimos en una
mentalidad social discriminadora y
equivocada. No somos seres trastornados
o enfermos a quienes un diagnóstico
deba abrir la puerta de nuestra
identidad legal: somos personas
capaces, independientes, ciudadanos/
as de pleno derecho por nuestra
propia presunción de “ser nosotros
quienes decimos ser quien somos”.

Resumiendo, la ley representa un
resultado positivo y un avance en la
situación cotidiana del colectivo
transexual que encontrará un asiento
legal en la sociedad, pero con ella
no se superará la discriminación legal
y social que sufrimos porque
consagra la exclusión en su formulación
esencial al considerar al transexual
un ser diagnosticable carente
de los mismos derechos que el resto
de ciudadanos/as.

La ley no contempla, como era
prioritario, la discriminación legal
de la transexualidad como una forma
más de violencia de género, de
superación de moldes sociales sexistas,
de quiebra de la igualdad de
todos los ciudadanos y ciudadanas
ante la ley. En cambio, se buscan
medios para justificar y afianzar dicha
violencia de género, aun suavizándola,
y perpetuar el sexismo.

Nosotras, vista la experiencia reciente
de desunión de los colectivos,
y en consideración a que el principal
logro -la ausencia de requisitos quirúrgicos-
ya estaba conseguido, hemos
mantenido una actitud prudente.
Hemos manifestado nuestra opinión
a quien ha querido escucharla,
y creo que hemos ayudado a que el
colectivo reflexione sobre la ley.

El proceso de la ley

Por otra parte, no es cierto que los
políticos o el Gobierno hayan escuchado
a los grupos transexuales.
Se han reunido con grupos, eso sí,
pero sólo se escuchan a sí mismos
porque hay que desposeerse de la
soberbia del poder antes de intentar
comprendernos.

Tampoco es cierto que existan
grupos, en la actualidad, cuyo esfuerzo
haya propiciado cualquier
matización aparente de la ley. Desunidas
como estamos poco podemos
hacer. Los sectores filosocialistas
del movimiento transexual siguen
en su aburrida tarea de justificar
todo lo que provenga del Gobierno.
Es verdad que esta vez sí ha
existido crítica: contra la demora de
la ley, por ejemplo. Pero sólo su
anuncio, como en una escenificación,
sin un planteamiento independiente
que merezca ese nombre.
Siempre al servicio de su majestad...
Se han disfrazado debates y organizado
cónclaves vacíos de contenido.
Todo al servicio de la fontanería
social, alejada de la realidad
de las personas desfavorecidas, al
servicio de la partidocracia española
donde cualquier atisbo de reflexión
es cercenado de inmediato
por inconveniente.

En eso estamos. La ley abrirá un
contexto en el que los colectivos
deberemos adaptarnos a la nueva
situación y reflexionar sobre
nuestros cometidos y propósitos.
Existimos, luego avanzamos.