La ‘Transición’ y la ley de la vergüenza

El anteproyecto de ley sobre Memoria Histórica
presentado el 28 de julio ha generado un enorme
rechazo entre las asociaciones afines al bando
derrotado en la Guerra Civil. La ley perpetúa la
impunidad legal al no anular las sentencias judiciales
franquistas; equipara los dos bandos, obviando
que uno de ellos era el popularmente elegido; y no
entra en el tema de las fosas comunes. Reproducimos
una valoración sobre dicho proyecto.

17/10/06 · 18:36
Edición impresa



Franco se jactó de dejar todo
“atado y bien atado”, y, de
cierta manera, los acontecimientos
posteriores parecen
haberle dado razón. No sólo la
“Transición a la democracia” se hizo
en el marco de la legalidad definida
por las Leyes fundamentales del régimen
franquista sino que en ningún
momento esta ‘legalidad’ ha sido
puesta en causa institucionalmente.

La llamada “Transición” fue un
conciliábulo entre un grupo de jerarcas
franquistas (forzados a aceptar
la Democracia para que España pudiese
entrar plenamente en la
Europa del Mercado Común) y otro
de dirigentes de la oposición antifranquista
institucional (incapaces
de exigir y menos de imponer un verdadero
cambio de régimen). Por ello
esta transacción (“Transición”) produjo
una Democracia “bien atada”,
sin ruptura institucional con el franquismo,
y una vergonzosa amnesia
histórica oficial, que aún continúa,
para que los crímenes del franquismo
quedasen impunes.

Tesis dudosa

Pero lo más vergonzoso de esta
transacción (“Transición”) no es que
haya garantizado la total impunidad
a los responsables de esos crímenes
sino que haya mantenido la tesis de
la “imposibilidad” de rehabilitar jurídicamente
a las víctimas de la represión
franquista. Una ‘tesis’ según la
cual no se puede anular las sentencias
pronunciadas por los tribunales
represivos de la dictadura porque la
Constitución de 1978 no es retroactiva...
Una curiosa ‘tesis’ que ya sirvió
para denegar el Recurso de revisión
del dirigente comunista Julián Grimau,
sentenciado y fusilado en
1963, presentada por su viuda durante
la última gestión gubernamental
de Felipe González.

Esta falta de ‘voluntad’, moral y política,
para obligar a la justicia de la
democracia a respetar las normas del
Estado de Derecho que pretende ser y
a no validar los juicios en los que no
estaban garantizados las normas y derechos
procesales, ha caracterizado a
todos los gobiernos que se han sucedido
desde que se aprobó la actual
Constitución, y es la mayor vergüenza
y deshonor de la democracia que se
pretende haber instaurado desde entonces.
Vergüenza y deshonor que
continúan, puesto que los tribunales
de la justicia ‘democrática’ siguen negándose
a revisar los juicios de los tribunales
represivos de la ‘justicia’ franquista
con el cínico pretexto de que
fueron realizados “en conformidad
con la legalidad de la época”. Una legalidad
responsable de miles de asesinatos
legales y de la permanente violación
de las normas jurídicas fundamentales
del Estado de Derecho que
los promotores de la “Transición” pretendieron
restablecer.

Una vergüenza y deshonor que
continuarán si el Proyecto de ley, elaborado
por la Comisión Interministerial
de Memoria Histórica y presentado
por el gobierno Zapatero, es
aprobado; puesto que no contempla
la rehabilitación jurídica de las víctimas
de la represión franquista. Y ello
pese a que la vicepresidenta del gobierno,
María Teresa Fernández de
la Vega, lo había prometido públicamente
en 2004 al anunciar, a la prensa,
los objetivos de esa Comisión
Interministerial.

Decepción

La verdad es que, a pesar de pretender
reconocer y ampliar “derechos”
y establecer “medidas a favor
de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y
la dictadura”, y de promover “su reparación
moral y la recuperación
de su memoria personal y familiar”
y adoptar “medidas complementarias
destinadas a suprimir elementos
de división entre los ciudadanos”,
este proyecto de ley ha decepcionado...
Y no sólo por no permitir
la rehabilitación jurídica de las
víctimas de la represión franquista
sino también por desconsiderarlas
e injuriarlas: al equiparar a los que
luchaban, durante la guerra y después,
por “los principios, valores y
libertades” que hoy son constitucionales
con los que durante más
de 40 años no permitieron su vigencia
en España.

Los redactores del Proyecto
“justifican” tal equiparación, entre
víctimas, para “fomentar la cohesión
y solidaridad entre las diversas
generaciones de españoles”;
pero es una cínica burla tratarlas
en plano de igualdad, pues “olvidan”
que las franquistas tuvieron
ya suficiente reconocimiento institucional
y material durante todos
los años que duró la Dictadura.

Ciertamente, la equiparación entre
las víctimas de ambos bandos se
ha vuelto, desde hace algunos años,
en el leitmotiv “ético” de cuantos hablan
de la guerra civil como de un
“drama” que terminó, 40 años más
tarde, cuando quienes hicieron la
transición “se reconciliaron para recuperar
las libertades...”. La guerra
civil sería pues solamente un “episodio
lamentable...” y de ahí la “ocurrencia”
de un ministro socialista de
hacer desfilar juntos -hace un par de
años- a un fascista de la División
Azul y a un antifascista español de la
División Leclerc, y que, 70 años después
de la sublevación militar contra
las instituciones de la II República,
el Gobierno socialista no lo haya
recordado... Al contrario, siguiendo
la pauta marcada ya por el
Gobierno de Felipe González en
ocasión del cincuentenario de la insurrección
militar (cuando afirmó
que “una guerra civil no es un acontecimiento
conmemorable”), el
Gobierno de Zapatero ha seguido
ocultando la verdad histórica.

Ilusiones

Pero las polémicas desatadas estos
últimos años han demostrado lo infundado
de la pretensión de relegar
la investigación del pasado a los especialistas
de la historia. Una espúrea
pretensión que el gobierno de
Felipe González había explicitado
descaradamente en un comunicado
declarando que el conflicto de 1936
era “definitivamente historia” y que
“no tiene ya -ni debe tenerla- presencia
viva” en la sociedad española
contemporánea, y en el que el homenaje
a los defensores de las instituciones
republicanas frente al golpe
de Estado pretoriano se veía matizado
por un recordatorio respetuoso
para “quienes, desde posiciones distintas
a la España democrática, lucharon
por una sociedad diferente a
la que también muchos sacrificaron
su propia existencia”.

Esta ilusión-pretensión, de que el
alejamiento del 18 de julio de 1936
en el tiempo sellase “definitivamente
la reconciliación de los españoles”,
no se ha realizado. Y no sólo por la
invariable “convicción” de la derecha
más reaccionaria y del PP en seguir
considerándose los “vencedores” sino,
sobre todo, por su cicatera oposición
a condenar al régimen franquista
y a rehabilitar, moral y jurídicamente,
a los “vencidos” y represaliados
por la dictadura franquista.
Por ello es inaceptable que Zapatero
y los socialistas hayan preferido
congraciarse con el PP a hacer
justicia a los que sufrieron represión
por luchar contra esa
Dictadura. Es pues un deber moral
y político decirlo.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto