En el preámbulo de nuestra
actual Constitución
puede leerse lo siguiente:
“La Nación española, deseando
establecer la justicia, la libertad
y la seguridad y promover
el bien de cuantos la integran, en
uso de su soberanía, proclama su
voluntad de: (...) Establecer una
sociedad democrática avanzada”.

Se supone que una democracia
avanzada, entre otras cosas, debe
dar un valor extraordinario a los
Derechos Humanos y a la Lucha
contra la Impunidad, sin embargo,
tal como se plantean las cosas, parece
que esta cuestión de los Derechos
Humanos sólo rige para lo que ocurre
en otras partes. Nuestros jueces
investigan y persiguen crímenes
contra la humanidad en todo el
mundo, menos en casa. Todos hemos
visto durante estos años atrás
cómo nuestros jueces procesaban al
general Augusto Pinochet por crímenes
contra la humanidad, sin embargo,
muy pocos se están parando
a pensar que la dictadura chilena
coincide en el tiempo con la dictadura
franquista, entre 1973 y 1975.

Al mismo tiempo que se encarcelaba,
torturaba y asesinaba, en Chile,
a opositores políticos se hacía otro
tanto en nuestro país. Tenemos la
costumbre, cuando hablamos del
franquismo, de pensar inmediatamente
en sus primeros años, olvidándonos
de que se extendió hasta
1975 (algunos, pensamos que incluso
se extendió varios años más allá
después de la muerte de Franco, posiblemente
en estos días estemos viviendo
aún una forma de franquismo).
Las últimas personas asesinadas
por el régimen franquista, de haber
vivido, aún no estarían jubilados
de sus puestos de trabajo. Lo mismo
ocurre con los responsables de sus
asesinatos. Muchos presos políticos
y torturados apenas han cumplido
los cincuenta años. Lo mismo ocurre,
también, con los responsables
de su detención, juicio y tortura. Los
responsables políticos también siguen
en activo en numerosos casos.

La falta de juicio

Han transcurrido 31 años y, desde
entonces, no se ha iniciado un solo
procedimiento judicial para esclarecer,
no ya los crímenes contra la humanidad
cometidos por el franquismo
en los primeros tiempos, sino los
cometidos en sus postrimerías.
Estamos juzgando a criminales chilenos
por delitos que presuntos criminales
españoles cometieron durante
la misma época y de la misma
forma. Sabemos que muchos miembros
de las fuerzas de seguridad del
Estado, del ejército y de la judicatura
estuvieron implicados en esos crímenes.

También sabemos que Juan
Carlos I de Borbón fue nombrado
sucesor del dictador en el año 1969,
que siempre se le vio al lado del mismo
durante aquellos años, que ejerció
de jefe del Estado en funciones
llegando a presidir consejos de ministros,
que no permite que se hable
mal de la figura de Franco en su presencia
y que la familia a la que pertenece
apoyó -incluso económicamente-
el golpe militar que acabó
con la primera democracia española
(la II República) propiciando la creación
del estado genocida franquista.
La Ley de Amnistía de 1977 fue un
engaño a la sociedad española. En
la legislación internacional de
Derechos Humanos no existe el delito
político, por lo que no era necesaria
una ley de amnistía, sencillamente
deberían haberse abierto las
cárceles para que todos los presos
políticos hubieran salido. Esa ley era
innecesaria, so pena que se hiciese -tal como estamos viendo- para que
la Justicia no pudiese perseguir los
crímenes franquistas, ya que, en definitiva
son ellos, los criminales franquistas,
los que realmente se han beneficiado
de la misma. Aún estamos
esperando a un juez capaz de aplicar
el Derecho Internacional en el
caso español. Anteponen la legislación
española a las normas internacionales,
hablan de prescripción, a
pesar de que son crímenes imprescriptibles.

Los jueces españoles parecen -o aparentan- desconocer el
Derecho Internacional o la propia
Ley de Enjuiciamiento Penal cuando
hablamos del franquismo. ¿O
tal vez los tribunales españoles se
siguen sintiendo herederos de los
tribunales franquistas? Tal como
están las cosas, si los juzgados hiciesen
lo que deben hacer, seguramente
veríamos sentados en el
banquillo a muchos ‘demócratas
de nuevo cuño’, algunos de ellos
tan reconvertidos que incluso militan
en partidos ‘democráticos de toda
la vida’, incluso en aquellos que
se opusieron al franquismo. Posiblemente,
si se hiciesen las cosas con la
seriedad debida, nos podríamos encontrar
con un rey investigado por
su presunta responsabilidad en un
delito, al menos, de complicidad
en aquellos hechos.

Otros cimientos

Está claro que si debemos forjar una
sociedad democrática avanzada que
lucha contra la impunidad, mientras
nos empeñemos en defender a un
rey que, al menos, es sospechoso de
haber sido colaborador necesario de
aquel régimen, va a ser imposible.

Sólo un régimen republicano podría
investigar y juzgar, si fuese necesario,
al jefe del Estado. O tal vez, investigando
y juzgando, si fuese necesario,
al actual jefe del Estado, podríamos
tener una democracia
verdaderamente avanzada (y una
república democrática). Está claro
que la actual monarquía española
se ha convertido en un obstáculo
para que podamos decir que en este
país se respetan realmente los
Derechos Humanos y se lucha contra
la Impunidad. Es un obstáculo
para recuperar verdaderamente la
memoria. Si para conseguirlo hay
que proclamar la República, hagámoslo
cuanto antes ya que, si no lo
hacemos así, la impunidad seguirá
campando a sus anchas.

Los salvadores no son necesarios
Hay quien dice que esto es un maximalismo,
que la Ley de Amnistía y
la Transición son la base sobre la
que hemos construido nuestra convivencia
democrática, sin embargo
eso es ‘pan para hoy y hambre para
mañana’. Si no se juzga ninguno de
los crímenes franquistas, ni los del
principio, ni los del final; si todos
los criminales y sus cómplices quedan
impunes, estamos creando una
situación en la que, el día de mañana,
nos podemos encontrar con
el militar de turno, dispuesto a ‘salvarnos
aunque tenga que matar a
la mitad de nosotros’, sabiendo
que no le va a ocurrir nada y que
como mucho erigirán una estatua
para ensalzarle, o incluso que le
harán jefe del Estado de una democracia
traída por los pelos y de
forma controlada por los que acabaron
con la democracia anterior.
Sólo en una democracia en la
que nadie tenga impunidad puede
lucharse eficazmente para defender
los Derechos Humanos. En
una sociedad verdaderamente democrática
y avanzada nadie debe
ser inmune a la Ley. Sólo con la
República podremos tener una sociedad
verdaderamente democrática
y avanzada.