Según la revista Forbes España
es el noveno país del
mundo en número de millonarios,
y el sexto si se tiene
en cuenta el volumen de los patrimonios,
que en el caso de los veinte españoles
más ricos asciende a 52.000
millones de euros. A la vez que se
disparan los delitos fiscales, las grandes
fortunas crecen a la sombra de
la especulación del suelo, de las recalificaciones
y de los planes urbanísticos,
es decir, de la connivencia
existente entre algunos políticos inmorales
y empresarios sin escrúpulos
que no dudan en asociarse. Las
jugadas de póker en la bolsa y la información
confidencial están a la orden
del día. Por ejemplo, el presidente
de Endesa en el año 2005, Manuel
Pizarro –recientemente nombrado
consejero de Telefónica y unos días
después propuesto por Rajoy candidato
a diputado por Madrid como segundo
de lista en las elecciones–,
compró 50.004 acciones un día laborable
antes de que Gas Natural lanzase
la OPA sobre Endesa, sin que la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores abriese la menor investigación.
En la prensa económica calculan
las ‘plusvalías’ obtenidas por el
Sr. Pizarro en toda esta operación
en 13 millones de euros, una cantidad
muy alejada de los 25 millones
de euros obtenidos por Alfonso
Cortina cuando salió de Repsol YPF.
Viejas empresas públicas, ahora privatizadas,
sirven para colocar con
sueldos millonarios y contratos blindados
a los amigos del colegio de los
gobernantes de turno, de modo que
el patrimonio de todos sirve en realidad
para enriquecer a unos pocos.
El ciclo se cierra cuando esos mismos
gobernantes que practican el
nepotismo y reparten entre sus próximos
‘rentas no ganadas’ se retiran
de la política para pasar ellos
mismos a poner su agenda de contactos
y su encanto personal al servicio
de financieros que hacen con
facilidad más dinero con dinero, sin
que medie en el incremento del patrimonio
el menor esfuerzo laboral.
Para muestra de este trasiego entre
lo público y lo privado sirva otro
ejemplo reciente: Rodrigo Rato, ex
ministro español de Economía, y
hasta hace poco director gerente del
Fondo Monetario Internacional,
prestará desde ahora sus millonarios
servicios en el banco privado
Lazard, especializado en inversiones
en Wall Street, y que tiene su
sede social en el paraíso fiscal de
las Islas Bermudas. Los ingresos anuales
de Lazard en 2006 ascendieron
a 1.570 millones de dólares.

Entre 1991 y 1994, en los años dorados
de los pelotazos, Javier de la
Rosa, calificado por Jordi Pujol cuando
era presidente de la Generalitat
de “empresario modelo”, se apropió
mediante diversas jugadas de ingeniería
financiera de 68 millones de
euros. La descapitalización de Gran
Tibidabo hizo que 10.000 pequeños
accionistas perdiesen los ahorros de
su vida y la defraudación a Hacienda
ascendiera a 24,1 millones de euros.
Lo mismo ocurrió con la agencia
Gescartera, una empresa que dejó
un agujero patrimonial de 50 millones
de euros y 4.000 familias afectadas.
Se calcula que la renta obtenida
por el dueño de la agencia y sus allegados
es de 12 millones de euros.

Sin duda nos encontramos ante
casos de ‘rentas no ganadas’ es decir,
‘plusvalías’ obtenidas irregularmente
mediante actos delictivos, pero
la apropiación irregular puede
también estar legalizada. Por ejemplo,
aunque es legal no parece moral
que algunos conocidos bancos españoles
penalicen con intereses draconianos
los descubiertos de sus clientes,
pequeños ahorradores que no
pueden llegar a fin de mes. Muchos
bancos cobran comisiones desproporcionadas
por ingresos de cheques
o cambios de moneda. Cajas
de Ahorros, nacidas con una función
social, penalizan cada mes las cuentas
de sus clientes con un euro por
ingresar menos de 700 euros. Hay
bancos que pagan a los miembros
de los consejos de administración
gratificaciones millonarias en detrimento
de los accionistas con la
benevolencia de los fiscales. Hay
empresas y bancos que cargan las
jubilaciones anticipadas de sus empleados
sobre la cuenta común de la
Seguridad Social, y no respetan las
garantías de los depósitos, pues cobran
comisiones, con la autorización
del Banco de España, por ‘mantenimiento
de cuenta’. Curiosamente denominan
a estos programas de ‘rentas
no ganadas’, que subvierten la
primordial función depositaria de
los bancos, ‘cuentas claras’.

Justicia

La hegemonía, desde hace más de
20 años, del neoliberalismo en nuestras
sociedades amenaza con quebrar
la moral social pues se generan
sin cesar desigualdades que
rompen la cohesión social y fragilizan
las relaciones sociales. La suma
de los intereses egoístas de productores
y consumidores, por sí mismos,
son incapaces de crear los lazos
de solidaridad necesarios para
la existencia de una sociedad justa.
Por su parte, la teoría subjetiva del
valor ha desvinculado al trabajo de
la renta y a la riqueza de la pobreza,
hasta el punto de convertir a la pobreza
en una condición ajena al sistema
económico instituido. Los pobres
aparecen en este marco como
los únicos responsables de su mala
suerte. En contrapartida la riqueza
es un patrimonio de los ricos, de sus
dotes empresariales, sus conocimientos
técnicos, su astucia y abundancia
de información (aunque muchas
veces se trate simplemente de
información confidencial). Es cierto
que la democracia implica una
mayor visibilidad y un mayor acercamiento
de los ciudadanos a los
poderes públicos, por lo que las
irregularidades afortunadamente
salen más a la luz. Pero ¿cómo puede
el Estado, la organización que
encarna los intereses generales,
promover una moral ciudadana común,
si sus legítimos representantes
la contradicen sistemáticamente
con sus actuaciones?

Cuando una sociedad se divide en
ganadores y perdedores no hay cabida
para un proyecto de sociedad democrática.
El economicismo neoliberal,
el imperio de la ley del mercado,
que es la ley del más fuerte y del
oportunismo egoísta, rompe los lazos
de solidaridad, debilita los vínculos
sociales. “La sociedad –escribía
É. Durkheim– no tiene razón de ser
si no brinda un poco de paz a los
hombres, paz en sus corazones, y
paz en sus intercambios mutuos”. El
papel del Estado social es fundamental
para mantener y profundizar esta
paz. Por eso tanto Rajoy como Zapatero,
tanto el Partido Popular como
el Partido Socialista, deberían
cambiar sus propuestas electorales e
incluir en sus respectivos programas
el impuesto sobre el patrimonio. Tras
largas décadas de dictadura todos
deberíamos ser más conscientes de
que para ejercer al más alto nivel las
funciones de gobierno, en un Estado
de derecho, no basta simplemente
con acordarse de los pobres por Navidad.
Mientras existan colectivos
marginados y relegados socialmente,
mientras las desigualdades sociales
vayan en aumento, el Estado, en
tanto que instancia que promueve la
cohesión social, está obligado a redistribuir.
Lo exige una concepción
democrática de la nación, y es a la
vez un imperativo que emana de la
moral social históricamente conquistada
por la conciencia colectiva.