La regulación de las exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil

A partir de enero, entramos en el 75º aniversario de la II República
española, y el 70º aniversario de la resistencia popular al golpe de
Estado y de la revolución española. Las fricciones en torno a la apertura
de fosas comunes fruto de la represión contra los derrotados,
en torno al Archivo Histórico de Salamanca, o la aparición de textos
revisionistas avalados por la ‘derechona’, nos indican que la memoria
es también un espacio de confrontación política. Con el fin de
fomentar la reflexión colectiva, iniciamos este debate.

07/05/06 · 23:49
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FOSA COMÚN. Priaranza
del Bierzo (León)

En breve, la Generalitat de
Cataluña publicará un decreto
por el que se “regulan
las actuaciones relativas
a las fosas de la Guerra Civil y
la Posguerra, localizadas en Cataluña”.
Con ello se quiere “contribuir a
restablecer la dignidad de los desaparecidos”,
“hacer efectivos los
derechos de sus familiares en obtener
información sobre el destino de
sus seres queridos y recuperar sus
restos para darles digna sepultura”,
así como “hacer realidad el derecho
de toda sociedad a conocer la
verdad de los hechos...”
Todo un loable programa, si no
fuera que no pasa del Artículo Primero.

Las buenas intenciones quedan
sepultadas en el desarrollo del
texto, donde los derechos de los familiares
no vuelven a mencionarse,
ni se plantea cómo la Generalitat intervendrá
para “restablecer la dignidad”
de las víctimas, ni las actuaciones
que tomará para esclarecer
su paradero. En la práctica, bajo el
pretexto de proteger el patrimonio
histórico, el nuevo decreto burocratiza
y hace imposible que los familiares
o sus asociaciones puedan lograr
abrir una sola fosa en tierras
catalanas. Al recurrir a la Ley 9/1993
del patrimonio cultural catalán, que
exige una autorización previa a
cualquier exhumación, se da a los
desaparecidos el mismo tratamiento
que a los restos arqueológicos y
paleontológicos. Para los redactores
del decreto, los familiares no son
ni esenciales ni aptos para impulsar
el proceso de exhumación. En realidad,
el decreto apunta únicamente
a universidades catalanas.

La posición del Tripartito no es
novedosa. En 2003, el Gobierno anterior
había escudado su inacción
detrás del Informe del Instituto de
Medicina Legal y Forense de Cataluña
sobre la eficacia y fiabilidad
de las pruebas de identificación de
cadáveres en fosas comunes, en
particular las de ADN. El instituto
recomendaba abrir “sólo las fosas
donde se tiene suficientes datos de
familiares” y “no [...] abrirse ninguna
fosa mientras no se disponga
de los medios necesarios.

El papel de las familias

Sin negar el valor de la investigación
académica y su impacto en el
debate sobre la Guerra Civil española,
el papel del historiador y del
antropólogo no eclipsa la necesidad
de un reconocimiento jurídico
de las víctimas y de sus familiares,
debate que las autoridades no quieren
propiciar.

“Hacer efectivos los derechos de
las familias de los desparecidos”,
como reza el artículo primero del
nuevo decreto, implicaría primero
situarse en el terreno de los derechos
fundamentales. Sus redactores
optan por enmarcarlo en la defensa
del patrimonio cultural y arqueológico,
como si tuviera la misma
significación jurídica, moral y
social buscar el cuerpo de una víctima
de crimen contra la humanidad -como se llaman en el lenguaje
universal las desapariciones
forzadas- que los restos de algún
homínido.

Más allá del engaño que significa
para los familiares de desaparecidos,
el decreto de la Generalitat pone
en evidencia la incapacidad de
las autoridades centrales y autonómicas,
de tratar la situación de las
víctimas en el terreno jurídico.

En España, el concepto de crimen
contra la humanidad no ha entrado
en el Derecho interno sino
muy reciente e indirectamente. El
trabajo de memoria que tras los juicios
de Nüremberg permitió a la comunidad
internacional ir afinando
las nociones de crímenes de guerra,
crímenes contra la Paz, para
llegar a través de sentencias de tribunales
nacionales e internacionales
a dar contenido a la noción de
crimen contra la humanidad, prosperó
en Alemania, en Francia, en
Argentina, en Chile, en Guatemala,
en Ruanda... pero no en España.
Aquí los crímenes de la Guerra
Civil española y de la posguerra,
sólo se han calificado con la terminología
empleada por la Ley de
Responsabilidades Políticas del 9
febrero 1939, el Decreto del 26 abril
1940 que ordenó la instrucción de
la “Causa General” con relación a
los delitos cometidos por el bando
republicano, y las leyes penales del
Franquismo. La Ley de Amnistía de
1978 obviamente se encargó de
abortar la clasificación de los crímenes
del otro bando. Así, en la
España de hoy, los crímenes contra
los republicanos no tienen ni terminología
ni castigo: simplemente no
existen en la esfera del derecho interno.
Por ello, los jueces españoles
se declaran “incompetentes” y archivan
con una celeridad sorprendente
las peticiones de familiares.

No encuentran la figura adecuada
en el Código Penal “perpetuando
así en democracia la indefensión
jurídica que los familiares de los
desparecidos sufrieron durante la
Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Menos mal, reconocen estas
mismas categorías para crímenes
similares cometidos por otras
dictaduras.

Conceptos
jurídicos universales


Seguir hablando oficialmente de
“sacas” o de “paseos” para designar
desapariciones forzadas múltiples
responde a la voluntad oficial
de no utilizar los conceptos jurídicos
universales. Ello permite a las
autoridades no enfrentar la responsabilidad
que les compete en esclarecer
crímenes considerados por el
Derecho internacional como permanentes
y continuos mientras no
se establezca oficialmente el paradero
del detenido. Cuando no se
quiere categorizar el acto injusto
como un crimen no sólo se niega el
delito, sino también la víctima.

El designar estos crímenes con
categorías universalmente reconocidas
es un ejercicio que la sociedad
española, incluyendo los partidos
políticos a los cuales pertenecían
los miles de desaparecidos que
todavía yacen en las cunetas, no está
dispuesta a hacer, ni en Barcelona
ni en Madrid. La “radical novedad
de la Transición” no fue sólo
“practicar la política como transacción
y acuerdo entre élites procedentes
del régimen y de la oposición,
construida sobre una decisión
de olvido del pasado, sobre el mito
de la reconciliación”, sino impedir
que surgiera una clasificación de
estos crímenes, capaz de distinguir
víctimas de verdugos.

Sin conceptos jurídicos definidos
y sin voluntad política, ni la Generalitat
de Cataluña ni la Comisión
Interministerial de Madrid pueden
avanzar. Seguirán haciendo contorsionismos
legales para no llamar
por su nombre a una desaparición
forzosa, un crimen contra la humanidad,
para no esclarecer oficialmente
la suerte de ningún paseado,
esperando que se mueran los últimos
familiares que los reclaman.
Colocar a los desaparecidos en la
misma categoría que el antropoide
Pau de Pierola, muestra una cierta
audacia. ¿O será que el culto al suelo
y al terruño es mas importante
que reconocer de verdad los derechos
de los vivos a sepultar a sus
muertos, en ciertos lugares, cuyo
nombre no quiero recordar?

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