La Reforma, más madera para el 15M

Miles de personas de todo
el Estado, organizaciones
sociales, judiciales,
ecologistas y
sindicales han salido a contestar el
acuerdo alcanzado por PSOE y PP
para reformar la Constitución
. No
les faltan razones. El objetivo de esta
reforma no es establecer límites
al déficit y a la deuda. Es endurecer
aún más los ya estrictos que marca
el Pacto de Estabilidad de la UE. Y
otorgar a los acreedores y al Banco
Central Europeo garantías inéditas

27/09/11 · 8:30

Miles de personas de todo
el Estado, organizaciones
sociales, judiciales,
ecologistas y
sindicales han salido a contestar el
acuerdo alcanzado por PSOE y PP
para reformar la Constitución
. No
les faltan razones. El objetivo de esta
reforma no es establecer límites
al déficit y a la deuda. Es endurecer
aún más los ya estrictos que marca
el Pacto de Estabilidad de la UE. Y
otorgar a los acreedores y al Banco
Central Europeo garantías inéditas
de que el pago de deuda tendrá prioridad
sobre otras inversiones. Estas
medidas no tendrán un efecto meramente
simbólico. Darán cobertura a
nuevos recortes sociales y agravarán
la situación financiera de comunidades
autónomas y municipios.

Esta deriva antisocial y antidemocrática
no es una mera especulación.
Ha sido el resultado constatable
de iniciativas similares ya ensayadas
en las últimas décadas.
En
EE UU, fue sobre todo el Partido
Republicano –y ahora el Tea Party–
quienes han insistido en la necesidad
de constitucionalizar un techo
al gasto público e incluso a la potestad
de aumentar impuestos.
Economistas como Krugman, han
recordado recientemente el vínculo
entre este tipo de medidas y la
práctica bancarrota de estados como
el de California.

En Europa, el Pacto de Estabilidad
de 1997 ya constitucionalizó, a
escala europea, la obcecación antidéficit,
antiinflación y antideuda. La
imposibilidad de ajustarse a directivas
tan estrictas sin provocar un
caos social llevó a la mayoría de países
a combinar su incumplimiento
selectivo con privatizaciones y recortes
específicos. Alemania, Francia
e Italia han sido durante años incumplidores
crónicos. Y sólo han
podido escapar a las sanciones por
su capacidad de presión política en
el propio Consejo. En la periferia,
los intentos de adecuarse a esta tácita
Constitución europea adquirieron
ribetes dramáticos. Grecia impuso
una política fiscal abiertamente
regresiva, pero aun así tuvo que
falsear sus cuentas públicas. El Estado
español, por su parte, alentó
una irresponsable política de sobreendeudamiento
privado que los
grandes partidos siguen alentando
a pesar de que está en el núcleo de
los problemas actuales
.

Esta furtiva reforma estival no
resolverá ninguno de esos problemas.
Por el contrario, desencadenará
un enésimo ataque a los servicios
públicos y a la cohesión social,
certificará la descomposición
de la identidad socialdemócrata y
allanará el camino a la extrema
derecha y a la xenofobia. Pero
también tendrá algunos efectos
que podrían sorprender a sus impulsores.
Asestará, por ejemplo,
un golpe a la cacareada “unidad
de España” mucho más certero
que el de las exigencias federalistas
e independentistas demonizadas
por el españolismo cerril. Y
sobre todo, aumentará la desafección
constitucional de unas generaciones
precarizadas que, además
de no votarla, están siendo víctimas
privilegiadas de sus límites e incumplimientos.

En este contexto, la derecha será
la beneficiaria inmediata de estas
reformas. Pero la impugnación que
el 15M y el conjunto de movilizaciones
sociales y sindicales en marcha
han lanzado al actual régimen político
y económico también crecerá.

Esta impugnación podrá traducirse,
de momento, en la exigencia de una
reforma con contenidos alternativos.
La Constitución, hasta ahora
intocable, estará más que nunca en
el punto de mira. Pero sobre todo,
cargará de razones a quienes, como
en Islandia, exigen, no señales que
“calmen a los mercados”, sino nuevos
procesos constituyentes que los
sometan a lógicas genuinamente
democráticas, priorizando los derechos
de todas las personas sobre los
beneficios de pocos.

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