El 14 de octubre de 1977 fue
aprobada en el Congreso
de los Diputados la Ley de
Amnistía que en su punto
2-f incluye “los delitos cometidos por
los funcionarios y agentes del orden
público contra el ejercicio de los derechos
de las personas”. La citada
ley, que instituía la impunidad para
las autoridades franquistas responsables
de violaciones de derechos
humanos, fue votada favorablemente
por los dos principales partidos de
izquierda con representación parlamentaria,
el PSOE y el PCE.

De ese modo, la izquierda mayoritaria
demostraba cuál iba a ser su
relación con la responsabilidad
que se ejercería desde el presente
con respecto al pasado de una dictadura
que había sido tremendamente
sanguinaria en tiempos de
guerra y de paz.

El ‘olvido’ de las víctimas

Para la negociación de esa ley de
impunidad y punto final, ninguno
de dichos partidos contó con la opinión
de los presos políticos, de los
familiares de los miles de desaparecidos
o de las presas republicanas
a las que les habían “robado”
los hijos para “ofrecerles” una familia
y un futuro fundado en los férreos
principios del Régimen.

Tras las elecciones municipales
de 1979, cuando la izquierda mayoritaria
alcanzó sus primeras cotas
de poder institucional, muchos familiares
de desaparecidos entendieron
que se trataba del cambio que
estaban esperando. Y así, en lugares
de La Rioja, Soria o Navarra, se
iniciaron decenas de exhumaciones
de fosas comunes donde se encontraban
los restos de cientos de republicanos
y republicanas desaparecidos
durante y después de la
Guerra Civil. Ese proceso, iniciado
por los familiares, fue creciendo e
incluso, como ocurrió en Calahorra,
llevó a la gente a protestar frente a
la casa de uno de los pistoleros de
Falange que había perpetrado uno
de los asesinatos. Se trataba de un
movimiento social emergente, que
se vio interrumpido por el efecto del
golpe de Estado del 23 de febrero
de 1981 (cuando el teniente coronel
Tejero entró pistola en mano en el
Congreso de los Diputados al grito
de “¡Quieto todo el mundo!”).

Durante los años ‘80 y ‘90 esos
dos partidos se preocuparon de
modo casi exclusivo por una memoria
de la Guerra Civil y de la dictadura
franquista vinculada directamente
a ellos, a colectivos que
formaban brazos sociales de sus
organizaciones y a obtener indemnizaciones
del Estado por el patrimonio
que les fue confiscado tras
la Guerra Civil. De ese modo, los
procesos sociales derivados de la
memoria de la Guerra Civil y la dictadura
franquista caminaron dentro
de los estrictos límites dibujados
por los diferentes acuerdos de
la transición.

En octubre del año 2000, un grupo
de arqueólogos y forenses llevó
a cabo la exhumación de una fosa
común en la localidad leonesa de
Priaranza del Bierzo. En ella se encontraban
los restos de 13 civiles
republicanos asesinados el 16 de
octubre de 1936. Alrededor de la
excavación se reunieron familiares
de aquellos y de otros desaparecidos,
de modo que lo que había surgido
como un problema privado,
casi un secreto familiar, se constituyó
en algo público, que afectaba
a numerosas personas que hasta
entonces habían dejado convivir
su miedo con un silencio político
en el que los desaparecidos que
ellos añoraban y deseaban encontrar
no existían.

Así surgió, en diciembre de 2000,
la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH),
que representa un movimiento social
que aglutina a familiares de republicanos
y republicanas desaparecidos,
conscientes de que la
Transición política no había contado
con ellos, y de que nuestra joven
democracia parecía dispuesta a
abandonar en las cunetas a los
hombres y mujeres que no comulgaron
con el fascismo.

Un movimiento en crecimiento

El movimiento de los familiares ha
ido creciendo, y su labor se ha convertido
en una ‘amenaza’ para los
dos partidos políticos que deberían
haber representado y defendido
aquella causa tras el final de
la dictadura. El PSOE y el PCE comienzan
a preocuparse, porque
ese movimiento por la recuperación
de la memoria deja en evidencia
su papel en la Transición y su
participación en la construcción
de la impunidad.

La reacción primera del Partido
Socialista fue iniciar una campaña
contra las exhumaciones de fosas
comunes, liderada por la diputada
asturiana Luz Divina García, pero
una asociación de cuño socialista,
Asociación de Familiares y Amigos
de Represaliados de la II República
(AFARIIR) se opuso a las excavaciones
de fosas y defendió la instalación
de monolitos en los lugares
donde se encuentren enterramientos
ilegales. Es evidente que, como
partido político, no es lo mismo
que la opinión pública vea que lo
que se ‘olvidaron’ de hacer en la
transición fue poner un monolito
con una inscripción a que se vea
que lo que no quisieron hacer fue
exhumar e identificar unos restos
humanos con signos de violencia,
que en muchos casos correspondían
a militantes de su partido (electorado
que no ve, electorado que
no siente).

Por su parte, el PCE, a través de
su secretario de organización, Iván
Álvarez, trató de que la Asociación
para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) se pusiera
al servicio del partido, en una
reunión celebrada en el Ateneo de
Madrid en otoño de 2002. Como la
asociación no aceptó el acuerdo, el
PCE constituyó el Foro por la
Memoria (FM), un colectivo que se
ha caracterizado por su especial
beligerancia hacia las asociaciones
de familiares.

En la actualidad, esas dos asociaciones,
AFARIIR y FM, se han
agrupado junto a otras para declarar
su lucha contra la impunidad.
Pero ninguno de los diputados de
los partidos a los que pertenecen
ha presentado en el Parlamento
una proposición para derogar la
Ley de Amnistía.