A partir de enero, entramos en el 75º aniversario de la II República
española, y el 70º aniversario de la resistencia popular al golpe de
Estado y de la revolución española. Las fricciones en torno a la apertura
de fosas comunes fruto de la represión contra los derrotados,
en torno al Archivo Histórico de Salamanca, o la aparición de textos
revisionistas avalados por la ‘derechona’, nos indican que la memoria
es también un espacio de confrontación política. Con el fin de
fomentar la reflexión colectiva, iniciamos este debate.
Desde el sistema se identifica
política con institución,
y los medios de comunicación
que controla han
extendido esta idea hasta el punto de
que, hoy en día, se considera política
todo aquello que tenga relación con
las instituciones, no dando esta consideración
a las luchas populares por
transformar la sociedad y mejorar
las condiciones de vida. Se piensa,
equivocadamente, que tan sólo con
el acceso al Gobierno, a través de las
urnas, se puede transformar la sociedad,
sin pensar que ganando elecciones
se consigue gobernar pero no se
consigue el poder, con lo cual se acaba
gestionando el sistema capitalista.
Esta corrupción de los conceptos
ha afectado tanto a la izquierda que
se ve inmersa en políticas reformistas -cuando no marcadamente neoliberales-,
aplicadas bajo formas organizativas
y métodos anclados en el
pasado, que han demostrado que
transforman a las organizaciones en
meros instrumentos de fortalecimiento
del sistema, provocando efectos
desmovilizadores.
El papel de los familiares
El Foro por la Memoria nació desde
la voluntad organizativa del PCE
por reconstruir la memoria, pero es
una organización soberana e ideológicamente
plural que trata la memoria
histórica desde todos los
puntos de vista (humano, cultural,
social, político, jurídico, etc.) y la
reivindica como uno de los elementos
de construcción de los movimientos
sociales antisistema que
constituirán, en un futuro, la izquierda
del siglo XXI. Recupera
ideas y valores de los revolucionarios
españoles (anarquistas, socialistas
y comunistas) que defendieron
la II República, luchando por
ampliar los horizontes de libertad y
justicia social. El Foro ha explicado,
en artículos, documentos y
charlas, cuál es su postura y siempre
ha considerado que la actitud
mostrada por ARMH (Asociación
por la Recuperación de la Memoria
Histórica) pone una nota de perplejidad
en este asunto. ¿Cómo es posible
si no que en la mayor parte de los
entierros de los que fueron compañeros
y compañeras revolucionarios,
cuyos cuerpos fueron rescatados por
la ARMH, se haya dado todo el protagonismo
a las cuestiones privadas,
obviando los pensamientos e ideas
de los asesinados? Las recomendaciones
de organismos internacionales
son claras al respecto. Todas
ellas ponen en primer plano el respeto
a las ideas y pensamientos de
los asesinados y, en un segundo
plano, la tradición funeraria de las
familias. Aunque alguien podría
apuntar que esto es una cuestión
baladí, los rituales forman parte del
bagaje cultural de un pueblo y enterrar
‘por Dios’ a los revolucionarios
españoles, por mucho que las
familias así lo deseen, demuestra
que el miedo y el terror con que el
fascismo impuso el control social
para mantener las estructuras de
dominio se ha mantenido y heredado.
El Foro considera que los rituales
revolucionarios, es decir, enterrar
a los revolucionarios españoles
bajo sus banderas y sus himnos,
son una buena muestra de respeto
hacia ellos, el mejor antídoto contra
el miedo heredado y una fuente
inagotable de motivación para luchar
por lo mismo que ellos lucharon,
además de dar cumplimiento a
las recomendaciones de las organizaciones
internacionales de derechos
humanos.
Tampoco se entiende que ARMH
se escude tras la aprobación de la
Ley de Amnistía de 1977 por todos
los partidos con representación
parlamentaria para eliminar cualquier
tipo de vindicación política o
social, y no firmó su apoyo al ‘documento
Nizkor’, en el que se argumenta
la necesidad de anular todos
los actos jurídicos del Franquismo
y que trata a esta Ley como una ley
de ‘punto final’. O que desde las
propias páginas de la edición de
León de El Mundo en la que los máximos
responsables de ARMH escriben
cotidianamente, nunca hayan
mencionado ninguna crítica a
la Ley de Amnistía de 1977 (tampoco
a la visión revisionista que este
diario mantiene respecto a nuestra
historia reciente).
El Foro ha manifestado en numerosas
ocasiones que la Ley de Amnistía
de 1977 es una ley de punto final
y debía anularse, al tiempo que
deberían pedirse responsabilidades
políticas y penales. Claro está que
esto entra en contradicción con la
actuación de la izquierda institucional
durante la Transición que, por
otro lado, posiblemente no vio otra
salida en aquellos momentos, aunque
transcurridas tres décadas,
sorprende su empecinamiento en
mantener esta situación más allá
de cualquier autocrítica o debate.
No parece que la mayor parte de
la izquierda institucional tenga miedo
a un movimiento de familiares
que reivindica, en muchos casos, la
memoria privada exenta de contenidos
sociales y políticos. Más bien, las
direcciones de los partidos políticos
de la izquierda institucional, a lo que
tienen miedo es a que, alrededor de
la memoria histórica, se construya
un movimiento popular que recupere
y haga suyos los ideales de revolución
social de los hombres y mujeres
que defendieron la II República. Un
movimiento de esas características
podría poner en una situación incómoda
a aquellos que, desde un discurso
de izquierdas, han hecho de la
política una profesión remunerada
por el sistema en el que vivimos. Un
movimiento deseoso de reconstruir
las organizaciones de base
populares (ateneos, casas del pueblo,
centros sociales, etc.) obligaría
a combinar la lucha institucional
con la lucha de masas, verdadera
base de cualquier transformación
social. La reivindicación de los restos
mortales de un familiar, por sí misma,
no cuestiona para nada las relaciones
de dominio existentes. Sólo
sumándole la reivindicación ideológica,
la lucha contra el miedo, la exigencia
de reparación (tanto moral
como política, jurídica y económica),
la exigencia de responsabilidades
penales, la divulgación masiva de la
verdad, los rituales revolucionarios y
la organización del movimiento bajo
planteamientos capaces de encaminarlo
hacia los mismos objetivos,
provocaría el miedo, pero no sólo de
las cúpulas dirigentes de los partidos
de la izquierda institucional, sino de
todos los defensores de las relaciones
de dominio existentes, en especial
del capitalismo y la derecha.
Para comprender esta posición es aconsejable
leer el Informe Joinet sobre La cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones
de los derechos humanos (civiles y políticos)
de la ONU, el documento La cuestión
de la impunidad y los crímenes franquistas
del equipo Nizkor y el documento elaborado
recientemente por Amnistía Internacional.
Todos ellos están publicados en la página
web del Foro por la Memoria.
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