MARBELLA // LAS INICIALES DEL RESPONSABLE POLICIAL DE LA 'OPERACIÓN MALAYA' APARECEN EN LOS PAPELES INTERVENID
El jefe de la Policía Judicial figura en la agenda de J.A. Roca, según fuentes de la investigación

Ejerció la máxima autoridad policial en Murcia cuando el cerebro del caso Marbella realizó multimillonarias inversiones en la región. Fue el artífice de la detención de Luis Roldán en el aeropuerto de Bangkok. Dos meses después de la toma de posesión
de ZP fue ascendido a la cúspide policial. Ha sido implicado en diversos casos de torturas, entre ellas la muerte de Joseba Arregui.

19/06/06 · 0:40
Edición impresa
JPG - 16.9 KB
 
CARRERA ‘EJEMPLAR’. Desde 1992, el Comisario Juan Antonio González García ha
sido ascendido cada cuatro años hasta llegar a la jefatura de la Policía Judicial.

El juez marbellí Miguel Ángel
Torres y la Fiscalía Anticorrupción
investigan la presencia de los nombres
de cuatro mandos policiales en
la agenda de Juan Antonio Roca, el
asesor de Urbanismo del Ayuntamiento
de Marbella y presunto cerebro
de la trama de corrupción,
desarticulada en el municipio malagueño
a finales del mes de marzo
en la llamada ‘Operación Malaya’.
La ‘agenda secreta’ en la que figuran
estas anotaciones fue intervenida
por la Policía el pasado 31 de marzo
en un trastero de un piso marbellí,
propiedad del principal imputado.
Por parte de la Policía, estos
hechos están siendo investigados
‘curiosamente’ por los propios mandos
citados, lo que ha evitado la intervención
del departamento de
Asuntos Internos.

Según indicaba el diario El País
el pasado 23 de mayo, estas notas
aparecen “junto a una serie de anotaciones
privadas que incluyen contactos,
reuniones y cobros y pagos a
una lista de personas de las que sólo
registraba sus iniciales (...). Un
mando especula que quizá eran pagos
efectuados por Roca para espiarlos”.
Aunque los nombres aún
no han sido revelados públicamente,
este mismo diario indica que
“existe un punto común entre varios
mandos policiales anotados por
Roca: han tenido mando o son originarios
de su tierra natal, Murcia,
donde el detenido desarrolló amplias
inversiones urbanísticas”.

En la declaración realizada a este
respecto durante el interrogatorio al
que fue sometido por el juez instructor,
Roca reconoció las anotaciones
de estos nombres como propias pero
aseguró que no recordaba su finalidad
ni su contenido porque eran antiguas.
Sin embargo, junto a las iniciales
figura el cargo actualizado de
cada uno de estos mandos policiales,
según han relatado a DIAGONAL
fuentes cercanas a la investigación.
Estas fuentes indican que las siglas
JAGG que aparecen en la agenda
de Roca identificando a uno de
estos mandos policiales podrían
coincidir con las de Juan Antonio
González García, comisario general
de la Policía Judicial y anterior Jefe
Superior de la Policía Nacional en
Murcia, región en la que el ‘cerebro
del caso Marbella’ tejió una considerable
red de influencia. Se da la
circunstancia de que el comisario
González García es también el responsable
de la investigación policial
en la ‘Operación Malaya’.

Una meteórica carrera policial
con asuntos oscuros

La carrera de Juan Antonio González
García ha sido fulgurante.
Ingresó en la Policía en 1972, participando
en los últimos años de la represión
franquista. Uno de sus renombrados
éxitos fue la detención
de los miembros del GRAPO que llevaron
a cabo el atentado con bomba
en la cafetería California 47. Ya en
esta etapa comenzaron a aflorar algunas
actuaciones comprometidas
del entonces inspector de la Brigada
Provincial de Información. González
García vio cómo su nombre aparecía
públicamente implicado en denuncias
y sumarios de torturas e incluso
asesinato (ver recuadros inferiores).
Estas denuncias no impidieron su
carrera de ascensos.

En 1992 pasó a ocupar la jefatura
de la Comisaría del Distrito de
Usera-Villaverde (considerada como
una de las duras por su alto índice de
delincuencia) y dirigió la Brigada
Provincial de la Policía Judicial de
Madrid. En febrero de 1995 protagoniza,
a través de una rocambolesca
historia, la detención en el aeropuerto
de Bangkok del ex director general
de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Están confirmadas sus reuniones
clandestinas, pocos meses antes, en
París con el entonces prófugo de la
justicia, Francisco Paesa. Según denunció
El Mundo posteriormente,
este ex agente del Ministerio del
Interior reveló el paradero de Luis
Roldán al Gobierno, por la discreta
recompensa de 1.800.000 euros.

En julio de 1998, Paesa falleció
víctima de un infarto de miocardio
y fue teóricamente incinerado en
Bangkok, según fue certificado por
el catedrático de Derecho Penal de
la Universidad Complutense de
Madrid, Manuel Cobo del Rosal,
ante la Audiencia Nacional. De esta
manera, fueron archivadas las denuncias
que Paesa tenía pendientes
ante la Justicia y dejó de ser un
prófugo. A finales de 2004, la agencia
de detectives catalana Método
3, localizó a Paesa en Luxemburgo
viviendo bajo el nombre falso de
Francisco Pando Sánchez y con pasaporte
argentino. Con la detención
de Luis Roldán en 1995, el comisario
González García se ganó el reconocimiento
eterno del entonces
ministro Juan Alberto Belloch y de
todo el gobierno socialista.

En 1996, el comisario se vio recompensado
con el ascenso a la dirección
de la Unidad Central de
Policía Judicial, especializada en
la lucha contra el Crimen Organizado
y la Delincuencia Económica
y Tecnológica. En diciembre
de 2000 fue nombrado Jefe Superior
de la Policía en la Comunidad
Autónoma de Murcia, coincidiendo
su mandato con la época
en que Juan Antonio Roca realizó
multimillonarias inversiones a través
de sociedades instrumentales
en la región murciana.

En la renovación de las cúpulas
de la Policía y la Guardia Civil,
emprendida en junio de 2004, dos
meses después de la toma de posesión
del gobierno ZP, González
García fue situado al frente de la
Policía Judicial, puesto que actualmente
ostenta y que le convierte
en uno de los máximos responsables
policiales del país.


UN POLICÍA IMPLICADO EN CASOS DE TORTURAS Y MUERTE

Más allá de la oscura operación
que permitió a Francisco Paesa
librarse de todas las causas judiciales
que sobre él pesaban en
los juzgados españoles, la figura
del comisario Juan Antonio González
García se ha visto implicada
en varios casos de violación
de los derechos humanos en la
‘lucha antiterrorista’.

LA DENUNCIA DE LLAQUET

Isabel Llaquet Baldellou fue
detenida en Barcelona en octubre
de 1980, acusada de ser la
secretaria general del Partido
Comunista de España reconstituido
(PCEr), tras la muerte por
la Policía, en Madrid, de Delgado
de Códex. En enero de
1983, Isabel Llaquet reconoció
en la Audiencia Nacional a Juan
Antonio González García como
uno de los inspectores que la
torturó. Según su relato, fue golpeada
en la planta de los pies
durante 12 horas, le arrancaron
el vello del pubis y fue golpeada
sistemáticamente en los
pechos en la Jefatura Superior
de Policía de Barcelona donde
fue sometida a interrogatorio.

Como consecuencia de las
lesiones sufridas, constatadas
por diversos médicos, Llaquet
tuvo que ingresar en el Centro
Municipal de Urgencias Pere
Camps de Barcelona. Su traslado
a Madrid se tuvo que realizar
en silla de ruedas. Nada quedó
en el expediente del renombrado
policía, el cual continuó con
su carrera de ascensos.

EL CASO ARREGUI

A primeros de febrero de 1981,
Joseba Arregui era detenido en
Madrid por la policía como presunto
miembro de ETA. Tras
nueve días de interrogatorios
moría en la cárcel de Carabanchel
con el cuerpo destrozado.
Según relató a varios presos el
propio Arregui antes de morir:
“Ha sido muy duro. Me colgaron
en la barra varias veces dándome
golpes en los pies, llegando a
quemármelos no sé con qué; saltaron
encima de mi pecho; los
porrazos, puñetazos y patadas
fueron en todas partes”. La rápida
filtración de las fotografías del
cuerpo magullado de Arregui en
los medios de comunicación conmocionó
a la opinión pública.

Euskadi quedó totalmente paralizada
por una huelga general
seguida de numerosas y masivas
manifestaciones. González García
fue, según una nota del Ministerio
de Interior, uno de los cinco
funcionarios que llevaron los interrogatorios.
A pesar de los reiterados
requerimientos de la acusación
particular para imputarlos,
tras nueve años de procesos judiciales
sólo fueron imputados y
condenados el instructor y el
secretario del atestado policial.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto