En estos días se cumplen
tres años del momento en que empezamos a oír asiduamente el nombre
Lehman Brothers. Es obvio que nada ha sido igual desde aquel día.
Una crisis financiera originada en el
circuito secundario de acumulación, y que se había venido gestando desde el 2007, tuvo en ese día su
momento seguramente más simbólico, antes de propagarse con rapi-
dez más allá de los mercados de derivados financieros; generando un
gravísimo problema de liquidez,
con consecuencias en materia de
ajuste de la actividad económica, recesión/estancamiento, desempleo
masivo, exclusión social, etc.

La historia es sobradamente conocida. El último capítulo se ha dado este verano no precisamente tibio con la crisis de la deuda. Un momento más en el que se ha evidenciado el cambio radical de los flujos
de capital, que ya no circulan de
Norte a Sur, sino más bien de Sur, y
Este, a Norte. En este sentido, hablar de crisis económica ‘global’ es,
cuando menos parcialmente, forzar
el uso de una metonimia. Hablar
hoy de crisis, no sólo en los conocidos países emergentes, o en los
Estados del golfo, sino en lugares
como Argentina, Turquía o
Kazajstán, es ridículo.

En consecuencia, conviene ante
todo reparar en que el escenario
económico –y, en tal medida, el contexto de conflicto– no es unidimensional, sino que hay matices territoriales nada irrelevantes. Uno de
ellos, también evidente, es que los
países en los que el modelo de acumulación ha dependido en mayor
medida del ciclo inmobiliario, y de
las soluciones de financiarización
vinculadas a éste, se encuentran en
condiciones especialmente complicadas. Irlanda y el Reino de España
están en este caso. La situación española, en concreto, es especialmente preocupante, si se repara en
que, como apuntan Emmanuel
Rodríguez e Isidro López en su
magnífico Fin de ciclo, el régimen
de acumulación se ha sustentado
sobre todo en una demanda interna
vinculada a los efectos riqueza y a
lo que denominan keynesianismo
de precio de activos, es decir, al ciclo inmobiliario-financiero. No ha
habido un modelo alternativo de
crecimiento, y no parece que en estos tres/cuatro primeros años de crisis las políticas públicas perfilen tal
alternativa, lo que supone seguirse
moviendo de forma permanente en
el corazón de la crisis.

A dos meses de las próximas elecciones generales no cabe duda de
que, al igual que ha pasado en la
mayor parte de los países de la UE,
se prefigura una victoria electoral
de la derecha. Ni siquiera Rubalcaba, llamado a controlar una ulterior transición en el PSOE, lo duda.
Quizás el único interrogante es saber si el PP va a disfrutar de una mayoría absoluta –algo que los resultados de las elecciones de mayo no
permiten en absoluto garantizar–, o
necesitará llegar a acuerdos de gobierno. No obstante, viendo las políticas puestas en marcha por CiU no
parece que la hipótesis de una mayoría relativa del PP vaya a suponer
grandes variaciones en el contexto
gubernativo.

Es más relevante, desde una perspectiva de movimiento, saber de
qué va a tener que encargarse de
forma prioritaria el nuevo Gobierno
de la derecha. En un primer término, parecería que, por mucho que
resulte en cierta medida contradictorio con el credo neoliberal, el PP
habrá de encargarse sobre todo del
‘gobierno de la economía’. No en
ano, las preocupaciones colectivas
están hoy centradas por completo,
y seguramente no sin razón, en la
crisis. Es muy dudoso que el futuro
ejecutivo de Rajoy tenga condiciones para poner en marcha con solidez un nuevo ciclo de acumulación.
Ya Zapatero se le ha adelantado en
la aplicación de buena parte del recetario neoliberal al uso, con magros resultados.

A mayor abundamiento, el problema del nuevo Gobierno reside en
que el reto del próximo periodo, el
principal campo de juego político,
es ligera –o sustancialmente– diferente: se trata, más bien, del ‘gobierno de lo social’. Si es probable que
no haya una mejoría muy sustancial
de la crisis económica –y que se consolide una etapa de estancamiento
permanente, como han conocido ya
otros países– no lo es menos que lo
social está acabando por convertirse
en el verdadero quebradero de cabeza gubernamental.

Una crítica que el PP repitió contra el Zapatero de la primera parte
de la crisis es que estaba incrementando el gasto público mediante
partidas sociales innecesarias; pensar en ello resulta hoy un tanto pa
radójico, ya que probablemente
Rajoy vaya a tener que encarar prioritariamente ese mismo problema
de Gobierno de lo social.

Existen varios indicios que permiten hoy pensar en un otoño, y en sucesivas estaciones, de retorno del
conflicto social. En primer lugar, ya
se ha insinuado, es muy difícil que el
próximo Gobierno sea capaz de dar
una respuesta rápida al escenario
explosivo en el que se superponen
tasas de desempleo y subempleo
descomunales, un endeudamiento
de las familias no menor y el ‘efecto
pobreza’ derivado del actual momento financiero-inmobiliario.

En segundo lugar, existen pruebas de que la paciencia se está acabando. La negativa sería el innegable incremento de la xenofobia y del
racismo, especialmente manifiesto
en Catalunya, pero también en las
medidas gubernativas de incremento de la confrontación con las poblaciones migrantes –verbigracia, la
reintroducción de la autorización de
trabajo para las personas rumanas–.
La positiva sería la no menos evidente emergencia de nuevos movimientos. Por una parte, las platafor-
mas de afectados por las hipotecas,
que han colocado en el centro del
conflicto la cuestión del empobrecimiento. Por otra, y en relación con
ello, el movimiento 15M, que ha
abierto un espacio de lucha social
tan inesperado como novedoso.
Seguramente un viejo sociólogo
francés diría que se trata simplemente de un problema de desafiliación social. En este sentido, la visión
más individualista podría plantear
que sólo son personas que exigen su
participación en la riqueza colectiva, o su posibilidad de ascenso social. No obstante, es aún más veraz
pensar que se trata de la primera lucha que plantea, aún con todos los
matices, que el conjunto de narrativas que han garantizado la paz social durante los últimos 35 años ha
perdido su vigencia. Y esto prefigura un potencial de conflicto verdaderamente formidable.

En suma, Rajoy no lo va a tener
nada fácil en el gobierno de lo social. Tal vez se tranquilice pensando en la válvula de escape del renacimiento de la emigración, que
las cifras poblacionales del INE de
2010 muestran ya con claridad.
Pero, mientras tanto, es muy probable que le espere un otoño caliente, y un invierno aún más caliente. A veces uno se pregunta si
Papandreou no se arrepiente nunca de haber ganado las últimas
elecciones griegas. Veremos si a
Rajoy no le sucede lo mismo.