Improvisando paliativos

La interrupción del ‘diálogo social’ a comienzos de este verano por
parte de la patronal, más allá de la escenificación teatral de este
tipo de conversaciones, pone de manifiesto las limitaciones a la
hora de articular medidas paliativas a la situación de crisis económica
y social en la península. Aportamos una panorámica.

, especialista en sistemas de transporte de mercancías
09/10/09 · 0:00
Edición impresa

La actividad económica española
de estas últimas décadas
descansa en una buena
medida sobre el turismo
–primera ‘industria’ nacional–, la
construcción –y el papel que juega la
especulación inmobiliaria en la financiación
de Ayuntamientos y
partidos políticos–, los fondos de
cohesión venidos de Europa, y el
endeudamiento privado y público.
Todos estos factores, excepto los fondos
europeos, para los que el Gobierno
español obtuvo una prórroga
hasta 2013, se han visto fuertemente
afectados por la crisis.
Para la patronal, como para los
sindicatos, la situación afecta directamente
a sus intereses. Crisis de
acumulación para las empresas y dificultades
para la obtención de créditos
–los fondos transferidos por el
Estado a la banca no se traducen en
la apertura de líneas de crédito a las
empresas, lo que ha levantado las
protestas de la patronal ‘productiva’–,
y creciente pérdida de representación
y función de los sindicatos
–nivel de afiliación sindical en torno
al 17%– entre una fuerza de trabajo.
Es así como desde los sindicatos mayoritarios
–CC OO y UGT– se hacen
llamamientos para una renovación
del pacto social, mientras la patronal
intenta aprovechar la situación para
obtener nuevos avances en el proceso
de reforma laboral que se viene
desarrollando desde años atrás. La
ofensiva se centra ahora en torno a
facilitar el despido y reducir las indemnizaciones
de los trabajadores
de vieja contratación que, por otra
parte, son los que forman la base de
la afiliación sindical –automóvil, industria
química, alimentaria, de
componentes, sanidad, educación,
servicios públicos, etc.–. El goteo
de cierres empresariales y de expedientes
de regulación de jornada
laboral es constante y se resuelven
sin mayores contratiempos: con la
mediación sindical y el pago de indemnizaciones.
Esto es parte del telón de fondo
en las relaciones capital-trabajo que
aparecen mediáticamente como
relaciones y contradicciones entre
capital –patronal– y sindicatos. En
este sentido, la ruptura de las conversaciones
entre patronal y sindicatos
es fruto de las contradicciones
coyunturales entre ambas instituciones
del sistema de representación
capitalista, pero que remiten a
un trasfondo estructural, que tiene
que ver directamente con las necesidades
de acumulación de capital de
las empresas representadas por la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
Con un tejido empresarial y un nivel
de competitividad como el que
hay, es fácil comprender las dificultades
de la acumulación de capital.
De ahí que hayan puesto sus ojos en
los fondos de la Seguridad Social.
Esta propuesta de la patronal hay
que entenderla dentro de la gran
operación de transferencia de recursos
del trabajo al capital que representa
al ajuste general de la economía
en las actuales circunstancias.
Estamos en un proceso generalizado
de erosión de los recursos de la
población asalariada favorecido por
la función que tiene la estructura familiar
en la sociedad española. El patrimonio
familiar acumulado en forma
de pisos, ahorros, etc., contribuye
a paliar el deterioro de la situación
material de la nueva generación trabajadora.
Es práctica habitual que
los padres ayuden a sus hijos o nietos.
Son formas indirectas de transferencia
de recursos del trabajo al capital
que contribuyen a explicar la
relativa pasividad ante la caída real
de los salarios o la especulación.
Enfrentamos, así, una situación en
la que se avanza en el empobrecimiento
paulatino, pero real e inexorable,
del conjunto de la población
asalariada, mediante la erosión del
patrimonio individual –familiar– acumulado,
al mismo tiempo que desde
el capital se opera una ofensiva contra
el patrimonio colectivo de los trabajadores:
la Seguridad Social.
Las resistencias que tienen lugar
en el ámbito del trabajo –despidos
masivos en el sector de automoción
e industrias auxiliares, por ejemplo–
se limitan a conseguir la máxima indemnización
posible por despido y a
la obtención de condiciones ventajosas
de prejubilación, lo que explica la
relativa calma social que rodea a la
reestructuración actual. Lo que predomina
es la búsqueda de una salida
personal a la situación, aunque esta
posibilidad es cada vez más problemática
y en la mayor parte de los casos
depende precisamente del patrimonio
familiar. A finales de agosto
Nissan anunció la regulación de empleo
hasta diciembre para 2.025 trabajadores
de su planta de Barcelona,
después del despido, un mes antes,
de 700 trabajadores. El foco de la
conflictividad, sin embargo, se centró
en el criterio selectivo de los despidos,
que afectan a los afiliados a
los sindicatos más beligerantes, como
ya ocurriera en SEAT. De este
modo, lo que sería una oportunidad
para abordar la cuestión del trabajo
en la crisis y la ausencia de alternativas
capitalistas de empleo, se desvía
hacia la querella sindical.
Desde el Gobierno se improvisan
decisiones sobre la marcha. Las medidas
de corte keynesiano, las subidas
de impuestos recientemente
anunciadas, etc., tienen efectos limitados
y no consiguen relanzar el conjunto
de la economía. Por supuesto,
la ‘imaginación del poder’ no deja de
parir ideas. Es así como Zapatero,
maestro del brindis al sol, propone,
por ejemplo, pagar a las mujeres
que tienen a su cargo familiares dependientes
que cuidan en su propia
casa un subsidio de 400 euros. Es
fácil comprender el ahorro presupuestario
que supondría para el
Estado tal medida, si comparamos
con el coste de la asistencia dispensada
en un geriátrico, y el caudal de
votos de tantas familias ‘agradecidas’
que reportaría al PSOE.
Por lo demás, no hay signos aparentes
de movilización social ni por
parte de los trabajadores –aumentan
desde el año 2005 el número de huelgas, aunque el número de trabajadores
va a la baja, mientras que las
horas perdidas describen un comportamiento
errático, en pico de sierra
desde 2004–, ni por la de los desempleados.
La degradación de las
condiciones materiales de vida no
ha alcanzado un nivel alarmante para
la mayor parte de la clase trabajadora,
excepto en los casos más desprotegidos
y sin un soporte social y
familiar sólidos –inmigrantes–.

Contención social

Por lo demás, existe un conjunto de
dispositivos de contención social
que limitan los efectos devastadores
del desempleo y de la reducción
de los ingresos de los trabajadores.
La alternativa propugnada insistentemente
por los liberales y por el
Banco Central Europeo –profundizar
la reforma laboral y abaratar la
fuerza de trabajo– suena demasiado
a vieja receta. De lo que se trataría
es de eliminar el salario mínimo,
de presionar a la baja el precio de la
fuerza de trabajo y flexibilizar totalmente
el sistema de contratación.
De ese modo aumentaría el número
de contratos, ya que se repartiría
el trabajo disponible entre diversos
contratos a lo largo del año en cada
empresa, dependiendo de la estacionalidad
de la actividad –aumento
de la temporalidad–, pero se trataría
de una forma de encubrimiento
del desempleo, como lo ha demostrado
la práctica de las décadas
pasadas. Ha habido un aumento del
número de contratos, pero de trabajadores
temporales a precio de
ganga –de hecho, el ‘mileurista’ ya
es un estrato ‘privilegiado’ de la clase
trabajadora: en el comercio al detalle,
en Barcelona, el salario mínimo
bruto no supera los 900 mensuales–.
A la luz de la propaganda mediática
–la proliferación de análisis y
recetas de ‘los expertos’–, como de
las medidas prácticas adoptadas
por el Gobierno, se tiene la impresión
de que estamos en medio del
total desconcierto y de que se van
dando palos de ciego e improvisando
soluciones circunstanciales.
De hecho, las fórmulas de la economía
política revelan una eficacia
limitada a la hora de restablecer
una cuota de acumulación de capital
suficiente para el relanzamiento
económico sin que comporte
una desestabilización social de
consecuencias imprevisibles.

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