Un foro ‘social’ que secuestra la crítica

El V Foro Social del Agua,
celebrado en Estambul a
mediados de marzo para
debatir la gestión de la
crisis hídrica, evitó
debates polémicos como
el agua embotellada, las
represas o las concesiones
a las multinacionales.

02/04/09 · 0:00
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Acreditaciones, conferencias, márketing,
ejecutivos, ministros, rejas,
dispositivos de seguridad por X millones
de liras. Del 16 al 22 de marzo
se celebró el V Foro Mundial del
Agua en Estambul, un foro de las élites
comandado por el Consejo Mundial
del Agua (Banco Mundial, European
Water Partnership, Water Integrity
Network, Aquafed…) desde
1997 para intercambiar y decidir cómo
gestionar la crisis hídrica y medioambiental
alrededor del mundo a
través de los partenariados privadopúblicos
o la eficiencia del “saber
hacer” de lobbies técnicos. El nombre
del Foro fue Bridging divides for
water, y el precio de la entrada, cien
euros al día. La primera jornada se
saldó con 16 encarcelados, 20 heridos
y dos deportados.

“Esto nos prueba lo lejos que estamos
de la democracia en la
Turquía actual”, señala Beyza Ustun,
ingeniera de la Universidad
Politécnica de Estambul y coordinadora
de la plataforma turca Non
Comercial Water Forum. “Las corporaciones
financieras están viniendo
al país a comerciar con el agua,
recortan las facilidades agrícolas
para el arroz, construyen grandes
represas hidroeléctricas, privatizan
los sistemas de distribución y tratamiento
de los municipios o almacenan
el agua para transportarla allá
donde su precio sea mayor. A cien
kilómetros de Estambul, en Melan,
los acuíferos se han sobreexplotado,
ya no queda agua, ha sido utilizada
para abastecer a la ciudad.
Nadie habla de eso”, señala.

La agenda del foro oficial estaba
decidida. Las grandes corporaciones,
organizadas en torno al CEO
Water Mandate (Coca-cola, Nestle..)
o a Aquafed (Suez, Veolia) y el director
de gestión hídrica del Banco
Mundial, Abel Mejía, llevaban la batuta
de mando. Según estos altos directivos,
la privatización “no existe”,
pero según los estudios del PSIRU,
el Departamento de estudios de la
Internacional de Servidores Públicos,
el sector privado, no elegido por
nadie, “controla más del 75% de los
debates”, y lo hace bajo un lenguaje
de gobernanza, manejo de riesgos,
ahorro y eficiencia. Las migajas en
los debates fueron para ONG que
amortiguan el impacto social y medioambiental
de las políticas de privatización
a través de programas
de microcréditos a las comunidades
o contratos por prestación de
servicios medioambientales. Las
declaraciones de intenciones quedan
para los ministerios de Medio
Ambiente, que se saldaron con una
división en torno a la inclusión del
derecho al agua en la declaración
del Foro. EE UU, Francia y Brasil
vetaron su inclusión frente a Bolivia,
Venezuela y Uruguay.

La diplomacia del Foro excluyó los
debates incómodos y concretos, como
la construcción de represas hidroeléctricas,
las políticas de embotellamiento
de agua o los costes sobre
la población civil de la concesión
de acuíferos a las grandes corporaciones
industriales (sobreexplotación
de aguas subterráneas, pérdida
del hábitat, contaminación, enfermedades,
desplazamientos de población).
También se silenció a algunos
activistas que lograron hablar en las
conferencias apagando los micrófonos
o dando órdenes a los traductores
de no hacer su trabajo.

“Cuando el movimiento de damnificados
por las presas quiso introducir
el debate sobre las hidroeléctricas
en el programa le fue negado con
la excusa de que ya estaba cerrado”,
señala Ercan Ayboga, activista de
Initiative To Keep Hasankeyf Alive y
de Otro Manejo del Agua es Posible,
“así que nos condujo a crear nuestros
propios debates y propuestas”.

Entre las propuestas destacó el
juicio del Tribunal del Agua al Estado
turco y a las sociedades de inversión
europeas por las demandas
interpuestas por la construcción de
grandes represas.

Foro alternativo

Más de 170 organizaciones confluyeron
en el Foro Alternativo, entre
ellas Council of Canadiense, Democracy
Now, la Red Sindical Internacional
de Servicios Públicos
(SPI), Instituto Polaris, Attac, Food
and Water Watch o la Federación
de Trabajadores Fabriles de Cochabamba.
De ellas, algunas deseaban
entrada y voz en el foro oficial,
otras esperaban fuera para debatir
sobre los partenariados público-
públicos, sobre la articulación
del agua como “bien común”, la resistencia
ante los transgénicos o
ante los biocombustibles o la coordinación
de un movimiento internacional
contra las hidroeléctricas
que se celebrará en México en el
año 2010. “No somos un mismo
grupo”, señala Richard Girard, investigador
del Instituto Polaris,
“aunque muchos ya nos conocemos
por nuestra presencia crítica
en los pasados foros de México
2006 o Kyoto 2003”.

El Tribunal Latinoamericano
del Agua, por su parte, comparte
algunas premisas con el Foro
Alternativo, pero no quiso formar
parte de él para preservar su independencia
y seguir cumpliendo el
“debido proceso” jurídico. Según
Javier Bogantes, su director, “es
significativo cómo la globalización
y los Tratados de Libre Comercio
han priorizado el beneficio económico
ante cualquier consideración
sobre el entorno, lo que ha llevado
a los límites del crecimiento y a una
crisis de legalidad”.


EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL AGUA EN TURQUÍA

El Tribunal Latinoamericano
del Agua y la Fundación Heinrich
Boell, del Partido Verde
alemán, llevaron a cabo un
juicio medioambiental y
extraoficial los días previos al
Foro Social del Agua. Los acusados
eran la Dirección General
de Trabajos Hidráulicos de
Turquía (DSI) y ministerios
como el de Energía y el de
Medioambiente, así como
bancos europeos como Deka-
Bank, Societé General y Unicredit,
y la Comisión Nacional
de Agua de México. Los
denunciantes, asociaciones
de los valles turcos del Ilisú,
Curuh y Munzur, que ven peligrar
el ecosistema, el patrimonio
y el modo de vida en sus
tierras ante la construcción de
grandes represas hidroeléctricas
de hasta 300 km2. En la
mayoría de los casos no existe
un informe de impacto
medioambiental, los procesos
de la justicia ordinaria han
naufragado y no se ha escuchado
a la sociedad civil, a la
que se recomienda “entrar en
la modernización”.
“La verdad es que creemos
que el Estado turco no escuchará
este proceso”, señala
Hasan Sen, activista del movimiento
por la preservación del
valle Munzur, “ya que es un
Estado que no cumple ni sus
propias leyes, pero este tipo
de experiencias sirven para
consolidar el movimiento local
y compartir experiencias a
escala más internacional”.
El jurado llegó a la conclusión
de que si Turquía arregla su
sistema de distribución energética,
en el que se despilfarra
un 20% de la energía producida,
ni siquiera necesitará
del voltaje generado en las
grandes represas. Además,
concluyó que la construcción
de represas en el valle del
Tigris podía afectar las relaciones
con Iraq y Siria.
En el proceso se encontró
como telón de fondo el hecho
de que dos de los valles en
peligro eran habitados por
minoría kurda, criminalizada
en todo momento por el Estado
central de Turquía.
El Tribunal Latinoamericano
del Agua es una entidad independiente.
Se fundó en los
años ‘90 en Costa Rica, y ya
había llevado a cabo varias
audiencias en Guadalajara
(México) y Guatemala. “Los
miembros del jurado”, explica
su director Bogantes, “son
elegidos por su trayectoria
ética y competencias profesionales.
Siempre se avisa a las
partes implicadas y se tienen
en cuenta las pruebas científico-
técnico presentadas”.

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